El 'cerebro' del Canal en Suramérica compró una vivienda mientras se 'saqueaba' una filial

Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte de Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II en Suramérica, compró al contado un apartamento en República Dominicana -escriturado a nombre de su hija- mientras se llevaba a cabo el presunto "saqueo" de una empresa colombiana (Triple A de Barranquilla) controlada accionarialmente por la filial con la que la empresa pública madrileña ejecutó su expansión en diversos países latinoamericanos (Inassa).

Según han informado a este diario fuentes jurídicas, Rodríguez Sobrino se ha acogido este martes a su derecho a no declarar ante el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que lo investiga por la presunta sustracción de 8,9 millones de euros a empresas del grupo Canal de Isabel II mediante servicios pagados y no prestados. La comparecencia, en la que no ha estado presente la Fiscalía, ha durado tan sólo unos minutos.

Fuentes próximas al ex directivo han justificado su decisión de guardar silencio por que ya existe una investigación por los mismos hechos en Colombia, motivo por el que Rodríguez Sobrino ya ha prestado declaración -desde España- ante la Fiscalía de dicho país.

Las fuentes han indicado que en la pieza principal del caso Lezo -procedimiento en el que Rodríguez Sobrino está imputado- ya han explicado que los fondos para la compra de dicho apartamento proceden de sus "negocios privados" y han detallado la cuenta bancaria desde la que salió el dinero. "Edmundo es abogado y tenía sus clientes, en España y fuera", añaden. La propiedad aparece a nombre de su hija porque se la "donó", han añadido.

Edmundo Rodríguez adquirió al contado un apartamento en República Dominicana por 320.000 dólares en mayo de 2014

El 6 de mayo de 2014, el entonces presidente ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa) -holding de un grupo de empresas a través del que el Canal de Isabel II ha desarrollado su negocio en Suramérica- escrituró la compra de una vivienda de 157 metros cuadrados en el complejo turístico Playa Dorada, ubicado en la ciudad de San Felipe de Puerto Plata (Puerto Plata, República Dominicana).

La propiedad, ubicada en la fachada atlántica del país centroamericano, se puso a nombre de Patricia Ana Rodríguez Revuelta -hija de Rodríguez Sobrino e imputada en el caso Lezo- y en nombre de ésta actuó como "apoderado especial" Diego Fernando García Arias, ex gerente de Inassa y también investigado en Lezo.

Contrato de compraventa del apartamento en Puerto Plata (República Dominicana).

Según se detalla en el contrato de compraventa, otorgado por el notario José Félix Ventura Fernández y al que ha tenido acceso El Independiente, la vendedora (Corporación Antillana de Hoteles SRL) reconoció en dicho acto que había cobrado con anterioridad los 320.000 dólares estadounidenses en que se había cerrado la operación, motivo por el que otorgó "recibo de descargo y finiquito de deuda" a favor de la compradora.

El ex 'hombre fuerte' de Ignacio González en Suramérica asegura que el dinero procedía de sus "negocios privados"

En concreto, Rodríguez Revuelta había realizado dos transferencias a los promotores del complejo turístico a través del banco BHD, una de 100.000 dólares el 10 de abril de 2014 y otra de 220.000 dólares cinco días antes de que se elevase a público el contrato de compraventa. Así se detalla en los recibos de caja expedidos por el vendedor con el concepto "compra apartamento 1.309".

La fecha de adquisición de esta vivienda coincide en el tiempo con el periodo en que tuvo lugar el presunto "saqueo" a la empresa Triple A con la emisión de 54 órdenes de pedido ficticias -fechados entre el 12 de junio de 2012 y el 25 de noviembre de 2014- y cuatro contratos de consultoría simulados.

Recibos de caja con las transferencias realizadas para la compra del apartamento.

En el escrito de acusación formulado el pasado 23 de abril contra el ex gerente de la empresa Triple A Ramón Navarro Pereira, la Fiscalía General de Colombia sostiene que éste y Edmundo Rodríguez Sobrino "hicieron suscribir" a directivos de Inassa (Diego Fernando García Arias) y de Triple A (Juan Acosta) contratos de "consultoría para el estudio de viabilidad normativa para la aplicación de un mercado regional" por un montante de 4,5 millones de dólares y "violando el manual de contratación", al exceder Navarro el importe máximo para el que tenía autorización. Para "dar apariencia de legalidad" se fraccionaron en cuatro, fechados el 25 de marzo de 2014 (900.000 dólares), 14 de mayo de 2014 (1,1 millones), 15 de junio de 2014 (un millón) y 12 de septiembre de 2014 (1,2 millones).

La Fiscalía de Colombia sitúa el presunto desvío de fondos de la Triple A entre junio de 2012 y noviembre de 2014

"Los cuatro contratos fueron suscritos por Diego Fernando García Arias, gerente de proyectos de Inassa, y Juan Acosta, por Triple A, previa imposición de los señores Edmundo Rodríguez Sobrino y Ramón Navarro Pereira el mismo día en el año 2015 pero con fecha del año 2014 por un objeto contractual inexistente y con el propósito de apropiarse para Inassa de recursos de Triple A", detalla en su escrito el Ministerio Público colombiano.

Entre otras pruebas incriminatorias, la Fiscalía cuenta con los testimonios de las dos trabajadoras de Triple A que elaboraron los contratos a petición de Ramón Navarro -acusado de enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado- y Edmundo Rodríguez Sobrino "a sabiendas de la ilegalidad en la contratación y en el objeto de los mismos".

Órdenes de pedido ficticias

El fiscal explica que, una vez que Triple A giraba el dinero de las órdenes de pedido ficticias a su filial Recaudos & Tributos (R&T), ésta "sacaba los recursos a través suyo y de terceros proveedores" para que los cobraran en efectivo en bancos y posteriormente se entregaban a Ramón Navarro.

El Ministerio Público precisa que, para trasladar las "cuantiosas sumas de dinero en efectivo", se usaba el servicio de seguridad de Triple A para que lo transportaran a las instalaciones de la empresa para "ser guardados en [una] caja fuerte de la entidad, antes de que Navarro, la gerente financiera de Triple A y representantes de Inassa "dispusieran" de esos fondos.