Justicia amenazó al abogado del Estado con su cese cuando no apoyó la sedición en el 1-O

La ministra de Justicia Dolores Delgado, a través de la abogada general Consuelo Castro, destituyó este miércoles al abogado del Estado en el ‘procés’, Edmundo Bal, después de que este se mostrara partidario de acusar a los líderes independentistas de Cataluña por un delito de rebelión. Fuentes conocedoras de la tensión que se ha vivido en los últimos días en el cuerpo de letrados del Gobierno aseguran que Bal –hasta ahora jefe de la Sección Penal de la Abogacía del Estado- ya fue amenazado con su cese días atrás cuando se negó a firmar el escrito final de acusación del ‘procés’ por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos.

Las fuentes consultadas por El Independiente explican que si bien Bal siempre apreció en esta causa la comisión de la rebelión por parte de los máximos responsables de la declaración unilateral de independencia de Cataluña –así lo reflejó cuando solicitó la apertura de juicio oral-, “jamás manifestó un ápice de rebeldía” en dicho asunto puesto que era muy consciente de que tenía que “cumplir todas las instrucciones ordenadas” por su jefa, Consuelo Castro. "Estaba dispuesto a acusar por sedición pero fue apartado del asunto pese a que redactó el borrador que se presentó en el Supremo. Eso sí, previamente hicieron en el Ministerio varios cambios de calado en él", explican fuentes jurídicas.

Bal "jamás manifestó un ápice de rebeldía" en este asunto, sabía que cumplía instrucciones como abogado del Estado

Para el Ejecutivo socialista fue muy molesto que trascendiera a la opinión publica que su ministra había tenido que dar orden directa sobre la acusación jurídica que más preocupa al Gobierno de Pedro Sánchez. Las diferencias sobre esta cuestión fueron tan mayúsculas que Edmundo Bal rechazó firmar el escrito de acusación sobre el que había estado trabajando durante semanas después de que se borrara el término rebelión –y todas las expresiones relacionadas con la violencia de él- y se redujeran considerablemente las penas que había planteado solicitar inicialmente el citado jurista incluso por el delito de sedición. De hecho, fue la propia abogada general quien rubricó la acusación ante el Tribunal Supremo.

“Una cosa es que Bal planteara sus ideas dentro de un debate jurídico y otra que después de llevar 25 años en la Abogacía del Estado no tuviera asumido que tenía que cumplir las instrucciones de su superior jerárquico”, aseguran fuentes conocedoras del desenlace.

Bal queda apartado del juicio del 'procés'

Por su parte, la versión oficial proporcionada por el Ministerio de Justicia es que Bal ha sido relevado porque Castro “ha perdido la confianza en él”. Desde el departamento capitaneado por Delgado explican que dicho cargo era de dependencia “directa” de la abogada general, a quien se le atribuye la decisión del cese y su comunicación del mismo, desvinculando así a la ministra de este nuevo escándalo.

La consecuencia inmediata del mismo es que Edmundo Bal ya no representará como perjudicado directo al Estado en el juicio del ‘procés’, que arrancará en las próximas semanas en el Tribunal Supremo. De momento, el Ministerio no le ha informado sobre su nuevo destino ni tampoco sobre quién lo sustituirá en la vista oral del Alto Tribunal.

En agosto la ministra ya cesó a Edmundo Bal tras acusarlo de ser el filtrador que dio a conocer que Delgado no quería defender a Llarena

Sin embargo, por asombroso que pueda parecer, esta no es la primera vez que la ministra Dolores Delgado fulmina a este funcionario público. Ya lo hizo el pasado mes de agosto cuando salió a la luz pública que la ex fiscal no quería que España asumiera la defensa del instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, en Bélgica frente a la demanda presentada por el ex presidente Carles Puigdemont. La titular de Justicia pensó que Bal era el “filtrador” de la noticia y lo destituyó aunque horas después acordó su readmisión en los servicios jurídicos del Estado.

Por su parte, la Abogacía del Estado presentó el pasado día 2 sus conclusiones provisionales contra los principales dirigentes del proceso independentista catalán excluyendo la rebelión, lo que se entendió como un claro ‘gesto’ al independentismo. En el escrito no se plasmó ni una sola mención a la violencia que sí aprecia la Fiscalía del Tribunal Supremo y la acusación popular Vox. Las penas solicitadas para los 18 acusados oscilaron entre los 12 años de prisión y la multa.  Por ejemplo, en el caso del líder de ERC, Oriol Junqueras, los servicios jurídicos del Gobierno solicitan 12 años de prisión mientras que Fiscalía pide para él 25 años de cárcel por un delito de rebelión.