El PP ordena atacar a la ministra de justicia tras el fiasco del WhatsApp

El PP ha puesto nombre y apellidos al supuesto "filtrador" que desveló el nombre del juez Marchena para presidir el CGPJ: la ministra de Justicia, Dolores Delgado. En el último argumentario interno, tras la marejada provocada por el whatsaap de Ignacio Cosidó, afirma que "ella ha filtrado el contenido de las negociaciones y los nombres. Está claro que no es un interlocutor válido".

Lejos de entonar ningún tipo de mea culpa por la actuación de Cosidó, al que ni siquiera citan, el texto repartido a sus parlamentarios y cargos públicos prosigue que la decisión del Gobierno de hacer público el nombre del candidato a la Presidencia del CGPJ sin elegir a los vocales "es una irresponsabilidad manifiesta y ha hecho un daño irreparable: ha puesto en cuestión la imparcialidad de Marchena como juez; ha puesto en duda la responsabilidad institucional del PP para llevar a cabo el proceso de renovación en tiempo y forma; y ha intentado presentar la renovación como algo oscuro alejado de la normalidad institucional con la que muchos países europeos desarrollan estos procesos". En definitiva, se reabre la "caza" política contra la ministra, ya reprobada en ambas Cámaras, y con claros signos de desgaste tras sus conversaciones con el ex comisario José Manuel Villarejo.

Mientras siga la ministra "el PP no tiene interlocución con el Ejecutivo"

En todo caso, Génova expresa su disposición a volver a la mesa de negociación con el Gobierno a cambio de la cabeza de Delgado, porque mientras siga sentada en el Consejo de ministros "el PP no tiene interlocución con el Ejecutivo en una cuestión como ésta". Y reitera en el mismo sentido que "da por roto el acuerdo y suspende el proceso de renovación del CGPJ hasta que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, sea cesada", petición que no es nueva ante la decisión de Pedro Sánchez de cortar la sangría de ministros tras las dimisiones de Máxim Huerta y Carmen Montón.

En mitad del tsunami creado por el Whatsaap de Cosidó, con la renuncia de Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo y el posterior portazo de los populares a seguir adelante con una renovación que ya estaba pactada en todos sus términos, explican que si aceptaron participar en ese proceso, -que negoció el ex ministro de Justicia Rafael Catalá- fue "por absoluta responsabilidad de Estado". Pero tras los últimos acontecimientos "es necesario hacer una reflexión sobre la forma de elección de los miembros del CGPJ, reflexión que debe ser consensuada con el resto de fuerzas políticas con el objeto de mejorar ese procedimiento", añade el argumentario interno popular, esos que, a la mínima, carga el diablo.

"El PP es un partido que cree en el sistema institucional democrático y colaboramos en su defensa. La renovación del CGPJ forma parte de este sistema", explica Génova para justificar una negociación que muchos de los suyos cuestionaron por entender que la pérdida de mayoría en el Consejo y la salida de Marchena del tribunal que iba a juzgar el procés, donde ahora se queda, no compensaba la presidencia del CGPJ ni del Tribunal Supremo.

Génova apuesta por volver al anterior modelo de CGPJ pero defiende el actual como "plenamente democrático"

Malos momentos para hacer pedagogía por mucho que la dirección de Pablo Casado salga en defensa de un acuerdo "plenamente democrático", "conforme a la ley", frente a los partidos "nacionalistas y de extrema izquierda" que cuestionan al poder judicial además de un Gobierno, que, con su filtración, dicen, "ha contribuido a erosionar la confianza en el sistema".

No deja de ser significativo que al tiempo que el PP presenta en el Senado una enmienda para volver al sistema de reparto del CGPJ que consagra la Constitución -12 magistrados elegidos por sus compañeros y ocho por el Parlamento- enterrado por el PSOE en 1985 al grito de "Montesquieu ha muerto", salga en defensa del actual modelo. Eso hace al calificar de "falsa" la afirmación de que los políticos eligen a los jueces para pasar a desgranar con cierta meticulosidad el proceso de elección de los veinte vocales. Los propios jueces elaboran un listado de 50 nombres de cuya lista el Congreso elige 12. Esos nombramientos tienen que ser aprobados en el Congreso por una mayoría cualificada de tres quintos.

Con la situación actual, esa renovación no se puede hacer si el PP, que tiene 137 diputados, no apoya la lista. Tras esta premisa subrayan que "para no paralizar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, el PP entró, por responsabilidad, en una negociación con un Gobierno que no es fiable y con una ministra de la que hemos pedido su dimisión. Frente a la responsabilidad del PP, el Gobierno ha respondido con una enorme deslealtad".