La Fiscalía considera "innecesario" oír como investigada a la ex ministra Carmen Montón y pide a la juez que dé carpetazo a la investigación sobre el máster cursado por la ex titular de Sanidad hace siete años en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). La instructora inició las diligencias el pasado 21 de septiembre tras recibir una denuncia anónima, sin que haya trascendido quién está detrás de esta acusación.
En un escrito fechado el pasado 12 de noviembre, el Ministerio Público rechaza que Montón sea llamada al procedimiento como imputada tras analizar la denuncia inicial y la batería de documentación que, a requerimiento de la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, envió la URJC hace mes y medio. La juez Carmen Rodríguez-Medel ha dado traslado del informe de la Fiscalía a las partes personadas en la causa antes de adoptar una decisión, según las fuentes jurídicas consultadas.
A mediados de octubre, la magistrada preguntó a la Fiscalía si consideraba "innecesario" oír como investigada a Carmen Montón -forzada a dimitir como ministra de Sanidad a mediados de septiembre tras trascender que había plagiado parte del Trabajo Fin de Máster (TFM)- tras la documentación aportada por la Universidad: la vida laboral de la ex titular de Sanidad, la normativa de la URJC que reguló su máster ('Estudios Interdisciplinares de Género'), la identidad de la persona que dirigió este posgrado en el curso 2010-2011, el listado de asignaturas, la relación de los profesores que impartieron las materias, peticiones de convalidación de asignaturas y reconocimiento de créditos, actas de calificación y de defensas de TFM, resoluciones reconociendo créditos y correos electrónicos.
La instructora quería saber cuál era la posición del Ministerio Público después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo pidiera el archivo de las actuaciones iniciadas por la juez Rodríguez-Medel en relación con el máster cursado por Pablo Casado en la URJC con los argumentos de que los indicios de la supuesta prevaricación no eran "lo suficientemente consistentes" y de que el cohecho impropio atribuido habría prescrito. Se trata de los dos mismos delitos que se investigan en la pieza centrada en el máster de Montón.
El Ministerio Público cree "innecesario" oír como investigada a la ex titular de Sanidad, obligada a dimitir tras conocerse que plagió parte de su TFM
Entre los indicios que la instructora del caso Máster detalló en la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo para que investigara al actual presidente del PP figuraba la inasistencia a clase pese a tratarse de un curso presencial, lo que Rodríguez-Medel interpretó como una evidencia de que se le pudo regalar el título a Casado.
Ese reproche es extensible al caso de la primera ministra de Sanidad de Pedro Sánchez. Cuando estalló el escándalo, Carmen Montón reconoció que hizo el máster "a distancia", sin poder precisar el número de sesiones a las que acudió físicamente -en las guías docentes de varias asignaturas se cifraba en al menos el 80 % el volumen de asistencia- alegando el tiempo transcurrido.
El plagio del TFM
En su escrito exculpatorio, la Fiscalía dice que la ex ministra Montón aportó a la causa una serie de correos electrónicos que ponen de manifiesto que "la misma se preocupó por conocer cuál era el contenido de las distintas asignaturas cursadas, así como un interés por superar las asignaturas". Y añade: "No hay indicio alguno de inexistencia de actividad académica ni de un concierto previo entre la alumna y Laura Nuño, directora del máster, como tampoco hay pruebas que permitan sostener que las notas que fueron modificadas a posteriori, lo fueron en virtud de ese acuerdo previo, o por orden de la investigada", añade.
El Ministerio Público sostiene que, aunque la ex titular de Sanidad hubiera recibido un trato de favor, el delito de cohecho impropio "estaría prescrito" por cuanto han transcurrido más de siete años desde que Montón terminó el curso de posgrado. Todo hace indicar que la juez se avendrá a esta tesis y archivará la pieza.
La incoación de estas diligencias tuvo lugar semanas diez después de que una investigación de La Sexta desvelara que 19 de las 52 páginas que integraban el TFM de Montón -titulado Maternidad y técnicas de reproducción asistida: Un análisis desde la perspectiva de género de los conflictos y experiencias de las mujeres usuarias- estaban copiadas de trabajos de otros autores (como la tesis doctoral de la profesora de la Universidad Jaume I Ana Martí Gual) o eran fragmentos de la Wikipedia. Horas después de esa revelación periodística, la ministra compareció ante la prensa para anunciar su dimisión.
La inclusión de textos de los que no era autora no fue óbice para que fuera calificada con un sobresaliente (9,10), uno de los nueve que detalla su certificado académico junto a tres aprobados y un notable. Ello le permitió alcanzar finalmente una nota media de 8.43.
Modificaciones de calificaciones
Como informó este diario, el procedimiento de información reservado que puso en marcha la Universidad Rey Juan Carlos el pasado mes de junio, interrumpido a raíz de que el juzgado abriera diligencias, detectó modificaciones en las calificaciones de al menos tres asignaturas. A este respecto, la Fiscalía recuerda que la alteración de las notas "no depende del alumno", por lo que no se le puede hacer reproche alguno.
La apertura de esta pieza separada se produce 21 días después de que eldiario.es desvelara que la entonces ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social había obtenido de forma presuntamente irregular un título de posgrado impartido por el organismo de la URJC investigado por los másteres de Cristina Cifuentes y Pablo Casado: el Instituto de Derecho Público (IDP), dirigido desde su creación por el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde.
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