Todo lo que podrán hacer los partidos con tus datos gracias al 'Gran Hermano político'

 

En el año 2016, Cambridge Analytica pasó de ser una empresa semidesconocida a convertirse en el ogro que amenazaba a las democracias en todo el planeta. Lo que hacía esta empresa, ahora investigada criminalmente en varios países, era recopilar datos personales a través de Facebook para personalizar las campañas electorales de los partidos políticos, contra la voluntad o contra el conocimiento de los electores. Usaron sus servicios Donald Trump o la campaña a favor del Brexit en el Reino Unido.

Este miércoles, los partidos políticos españoles han aprobado en el Senado poder hacer algo parecido a aquello de Cambridge Analytica. Con 220 votos a favor y 21 en contra salió adelante la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, que entre su extenso redactado incluye artículos preocupantes, como el 58 bis, que abre la puerta a la creación de una suerte de Gran Hermano político auspiciado por el Estado.

"La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas", dice el texto de la discordia, por el que han puesto el grito en el cielo en las últimas horas multitud de abogados especialistas en derecho digital.

Básicamente, confiere a los partidos la posibilidad de recopilar opiniones políticas de los ciudadanos para establecer perfiles ideológicos que puedan ser utilizados posteriormente para personalizar las campañas electorales. Siempre y cuando se cumplan unas "garantías adecuadas" sobre las que la ley pasa de puntillas y que no se aclaran en ninguna parte.

Además, el artículo 58 bis insiste en que la propaganda política no es una actividad comercial y que por tanto los partidos no deben recabar el consentimiento previo de los ciudadanos. E incluso que se podrán poner en contacto con ellos por cualquier canal privado cuyos datos hayan sido obtenidos en "páginas web u otras fuentes de acceso público". La Ley ya pasó con apoyo unánime por el Congreso, y sólo en los últimos estertores de su tramitación en el Senado algunos partidos han intentado enmendar esta parte, alertados por la polémica generada en las redes sociales y la prensa. Sin éxito.

¿Qué podrán hacer los partidos políticos a partir de ahora, con la nueva LOPD en vigor? Básicamente, lo mismo que hacen la mayoría de empresas que invierten en publicidad online y en redes sociales.

Molestarte

Los partidos podrán irrumpir con impunidad en tu día a día durante la campaña electoral. Más allá del buzoneo. Podrán llamarte, enviarte mensajes por WhatsApp, por SMS o correos electrónicos, siempre que hayan conseguido tus datos a través de "páginas web y otras fuentes de acceso público". Lo que abre la puerta a algo tan simple como el registro en una red social. Al no estar considerada la política una actividad comercial, los partidos no tendrán que pedir permiso para utilizar esos datos y podrán proceder con su spam electoral sin requerir ningún consentimiento previo.

Campañas personalizadas

El objetivo de todo este tipo de acciones es realizar campañas personalizadas, persona a persona, mucho más efectivas que una publicidad genérica. La elaboración del perfil ideológico permite conocer los intereses de cada votante y adecuar las campañas a ellos. No es novedoso del todo: hasta ahora los partidos ya segmentaban sus campañas publicitarias por zonas geográficas o por segmentos de edad. Ahora tendrán nuevas herramientas, más sofisticadas.

Podrán colocar mensajes específicos, atendiendo a si el usuario habla más sobre inmigración, pensiones, paro, Franco o cualquier otro tema. Y lo más importante, si lo hace positiva o negativamente. Publicidad a la carta. A este respecto, la Agencia Española de Protección de Datos emitió en la tarde del miércoles un comunicado confuso y contradictorio.

Por un lado, decía que "el texto del Proyecto no permite el tratamiento de datos personales para la elaboración de perfiles basados en opiniones políticas". Dos líneas después, decían sin embargo que el proyecto permite "la recopilación por parte de los partidos políticos de datos personales relativos a opiniones políticas para obtener información que les permita pulsar las inquietudes de los ciudadanos con el fin de poder darles respuesta en sus propuestas electorales". Una cosa y la contraria.

Polarizar

Lo explicado en el punto anterior no tiene que ser negativo por defecto. A fin de cuentas, es la misma estrategia que utilizan empresas -incluidos los medios de comunicación- para promocionar sus productos de forma óptima. El problema surge del potencial uso poralizador de estas herramientas. Que es lo que sucedió en Estados Unidos o en el Brexit. Los datos ultrapersonalizados no se utilizaban para incidir en los intereses de los votantes, sino para maximizar sus miedos y sus inquietudes, polarizando a la opinión pública alrededor de asuntos clave, fomentando las burbujas de opinión y eliminando del debate político, más todavía, las escalas de grises.

¿Listas negras?

"Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición", dice el texto de la Ley Orgánica respecto a la posibilidad del ciudadano a negarse a recibir estas comunicaciones. Sin embargo, no especifica que el ciudadano tenga derecho a oponerse a la recopilación de sus datos. Los expertos del sector, como Carlos Sánchez Almeida, también subrayan que no hay garantías de que este ejercicio del "derecho de oposición" no genere nuevas listas negras de enemigos del partido. Por ejemplo, sería fácil establecer el perfil ideológico de una persona que sólo se oponga a recibir comunicaciones del PSOE o de Podemos.

El futuro de la ley

Los partidos, que han vivido ajenos a esta polémica hasta las últimas 48 horas, se han esmerado en afirmar en el Senado que tratarán de dejar claros todos los hilos sueltos en el reglamento que desarrolle a la ley. Pero a Podemos, que ha votado en contra a última hora, no le parece suficiente. Dice la formación morada que el reglamentado no puede ir contra el articulado de la Ley, y que si ésta vulnera derechos, el reglamento no lo puede solucionar. Así, ha adelantado que llevará al Tribunal Constitucional el texto en las próximas semanas.