La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, donde le solicita que fije un “plazo máximo para la finalización de toda la instrucción de la causa que no baje de cinco años”. El Ministerio Público cursa dicha solicitud al tratarse la trama Púnica de una causa compleja cuya segunda prórroga de 18 meses de instrucción finaliza el próximo mes de diciembre.

Sin embargo, en el informe al que ha tenido acceso El Independiente, las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá explican que en virtud de lo establecido en el artículo 324.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se debe prorrogar la investigación de este procedimiento hasta cinco años más debido a que aún faltan importantes diligencias por practicar.

En el espíritu de la Fiscalía está ir cerrando piezas separadas y presentando los respectivos escritos de acusación cuanto antes

Dicha causa se judicializó en octubre de 2014 en la Audiencia Nacional por lo que en caso de que el togado acuerde dicho plazo serían hasta nueve años de instrucción del procedimiento. No obstante, en el espíritu de la Fiscalía está acabar con las pesquisas antes de un lustro e ir cerrando piezas separadas y presentando los respectivos escritos de acusación a la mayor brevedad posible, según ha podido saber este medio.

De igual forma, fuentes fiscales consultadas explican que han pedido al instructor que acuerde este “amplio plazo de instrucción” porque temen que si la Audiencia tan sólo se les concede un periodo de uno o dos años más vayan a tener que cerrar en falso la misma. Asimismo, recalcan a que una vez que el magistrado ponga en los próximos días fecha para cerrar la instrucción ya no cabe solicitar ninguna ampliación más.

Varias diligencias pendientes

No en vano las fiscales del caso explican en su escrito remitido a García Castellón explican que “la cooperación internacional, con distintos estados miembros y terceros estados, encuentra sus dificultades en el propio entramado que construyeron los investigados para ocultar ganancias ilícitas, lo que motiva que todavía deban ser remitidas peticiones complementarias y nuevas rogatorias, algunas a países no cooperantes se los propios informes internacionales”.

De igual manera, Anticorrupción recalca la problemática que está teniendo a la hora de llevar a cabo el expurgo de documentación. “El expurgo está suponiendo una carga severísima a los efectos de garantizar el derecho de defensa de las partes y buen ejemplo lo constituye que el Ministerio Fiscal viene adhiriéndose a los recursos de las defensas solicitando el acceso a todo el material que conforma el expediente”.

Todavía están pendientes de practicarse “un gran número de declaraciones de testigos e investigados mencionados en los informes policiales"

Igualmente, las fiscales García Cerdá y Gálvez ponen de manifiesto que todavía están pendientes “informes periciales de investigación patrimonial y la determinación de perjuicios en la parte de urbanismo de Valdemoro”. Por otro lado, apuntan a que “existen piezas en que la propia complejidad del entramado y la utilización de testaferros dificulta el esclarecimiento de los hechos y la determinación de todos los partícipes en los mismos”.

Asimismo, las representantes del Ministerio Público detallan que todavía tienen que practicarse “un gran número de declaraciones de testigos e investigados que aparecen mencionados en los informes que la Policía Judicial ha ido entregando al Juzgado”.

Por último, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia ha dado traslado al centenar de partes personadas en este procedimiento para que se pronuncien sobre la citada petición del Ministerio Fiscal. Las defensas, de forma mayoritaria, apoyarán que la instrucción se cierre ya debido a que “no puede eternizarse” puesto que “ese no es el espíritu de la Ley de plazos”.