Sánchez da por bueno un acuerdo avalado por una carta sin valor jurídico

"Sin cambios, habrá veto". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedía garantías jurídicas sobre el papel de España en el futuro de Gibraltar para retirar su amenaza de bloquear el Acuerdo del Brexit. No las había y sigue sin haberlas. Sánchez ha dado el sábado por buena una carta del embajador británico en la UE, Tim Barrow,  sobre la interpretación del polémico artículo 184 sin valor legal.

El "triple blindaje" al que ha aludido Sánchez en su declaración ante la prensa es de papel, en realidad. Tras una conversación con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, Sánchez ha comparecido ante los medios para presumir del "éxito diplomático" conseguido sobre el conflicto de Gibraltar. Pero ni los documentos suscritos por los Veintisiete, ni la carta del embajador británico o la carta del presidente de la Comisión y del Consejo Europeo ofrecen las garantías jurídicas que demandaba el jefe del Gobierno español.

El Reino Unido ha dejado por escrito en la carta suscrita por su embajador ante la UE que el acuerdo del Brexit no obliga a que la relación futura se aplique a Gibraltar. Sir Tim Barrow ha escrito al Consejo Europeo para dejar constancia de que el Gobierno británico "toma nota" de que el artículo 184 del Acuerdo de Salida "no impone ninguna obligación sobre el alcance territorial de futuros acuerdos". No menciona Gibraltar de forma explícita.

En la misiva tampoco se alude a España en concreto. Deja claro que Reino Unido "negociará los acuerdos futuros en nombre de todos los territorios para los que es responsable de sus relaciones externas".

Por esa razón la primera ministra británica, May, remarca que nada ha cambiado y que está clara "la soberanía británica" sobre Gibraltar. El ministro  principal de Gibraltar, Fabian Picardo, se ha dirigido en la tarde del sábado a Sánchez a quien ha replicado: "Quien tiene una triple garantía es Gibraltar y el pueblo gibraltareño".

El artículo 184 al que alude la carta es el que España demandaba modificar. Sin embargo, ni los Veintisiete ni el Reino Unido quieren cambiar una coma del Acuerdo de Salida de la UE. Sostienen que abriría una caja de Pandora, y daría pie a que la primera ministra británica, Theresa May, presionada por su Gobierno y por el Parlamento, intentara más cambios.

Pero si España quiere contar con garantías jurídicas sobre la relación futura con Gibraltar todo lo relacionado con el Peñón ha de reflejarse en el Acuerdo de Salida, aunque sea en una nota a pie de página. La presión diplomática española ha sido intensa desde que se descubrió el gol que habían metido los británicos en forma de artículo 184, pero finalmente no se ha podido lograr esa garantía legal.

En su comparecencia el sábado, el jefe del Gobierno español ha definido a Gibraltar como un “territorio por descolonizar” . Ha señalado: “Hemos logrado las garantías suficientes para abordar la solución a un conflicto que dura más de 300 años entre el Reino Unido y España”.

El líder del Ejecutivo ha dibujado las líneas generales del acuerdo alcanzado entre Europa, España y el Reino Unido, por el que cualquier “relación de Gibraltar con la Unión Europea, ya sea jurídica, política o geográfica pasarán por España”. Sin embargo, en ningún momento ha especificado que se trate de garantías "jurídicas", como demandaba desde que se conoció el borrador del Acuerdo.

El artículo en cuestión del Acuerdo de Salida del Brexit se incluyó a última hora, justo en la fase en la que el jefe negociador de la UE, Michel Barnier, y un reducido equipo, trataron de dar un impulso final al documento. Negociaban a toda prisa y los embajadores ante la UE vieron el documento final cuando las partes ya habían dado su visto bueno.

Cuando la Abogacía del Estado estudió ese artículo 184 advirtió al Gobierno español que podía comprometer el papel de España en la relación futura entre el Reino Unido y la Unión Europea.

El texto del artículo parece anodino: “La Unión y el Reino Unido pondrán su mejor empeño, de buena fe y respetando sus respectivos ordenamientos jurídicos, para adoptar las medidas necesarias con el fin de negociar sin demora los acuerdos que deben regir su relación futura mencionada en la declaración política (fecha por especificar) y llevar a cabo los procedimientos de ratificación o conclusión de esos acuerdos, con el fin de garantizar que dichos acuerdos se apliquen, en la medida de lo posible, a partir del final de la transición”.

Pero no lo es para España. No menciona que España tiene derecho de veto sobre Gibraltar y que decidirá sobre la futura relación con el Reino Unido en todo lo que se refiere al Peñón. Las orientaciones que recibió el equipo negociador de la UE el 29 de abril de 2017 eran muy claras: “Una vez que el Reino Unido haya abandonado la Unión, ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido”.

La diplomacia española insistía estos días en que necesitaba ese valor jurídico", afirma Carlos Campillos

"España simplemente ha aceptado lo que ya se había ofrecido ayer y a lo que Moncloa se había negado. Son dos declaraciones: una de la Comisión y del Consejo explicando cómo se debe interpretar el artículo 184 y reconociendo que España será quien tenga que acordar el estatus futuro de Gibraltar; y otra del Reino Unido reconociendo también ese papel a España. España dijo que eso no era aceptable por no ser un instrumento jurídico, y la diplomacia española insistía estos días en que necesitaba ese valor jurídico", señala Carlos Campillos, experto en relaciones inernacionales y cofundador de Con Copia a Europa.

Campillos añade que solo serían vinculantes si todos esos documentos se sumaran al Acuerdo de Salida. "Si el valor es más político que legal, lo que ha ocurrido es un paso atrás de Moncloa", añade el experto.

"Cesión histórica" para la oposición

Sánchez ha anunciado que comparecerá el 12 de diciembre en el Congreso para ofrecer detalles del Acuerdo del Brexit y sobre la cuestión de Gibraltar. Sin embargo, el sábado no ha informado de su decisión de ir a Bruselas ni siquiera al líder de Podemos, Pablo Iglesias. Los líderes del Partido Popular, Pablo Casado, y Ciudadanos, Albert Rivera, se enteraron por su comparecencia desde Moncloa. Según fuentes de Génova, tampoco esperaban llamada de Sánchez sobre este asunto.

El líder del PP ha recriminado a Sánchez por su "cesión histórica" sobre Gibraltar. A su juicio, ha "malogrado" la oportunidad de conseguir la cosoberanía del Peñón.

Casado argumentó que el Gobierno español debería haber incorporado la cláusula 24 del borrador del acuerdo, un asunto que habría dejado encarrilado el anterior Gabinete de Mariano Rajoy. Como ni se ha incorporado esta cláusula ni se ha modificado el artíciulo 184, según Casado, Sánchez está haciendo "una cesión histórica".

Las cartas de los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo, y la misiva del embajador británico, no ofrecen las garantías jurídicas requeridas por el propio Gobierno. "Estas cartas no son jurídicamente vinculantes", remarcó Casado.  Por esa razón, May puede seguir diciendo que "nada ha cambiado ni cambiará" sobre Gibraltar.

Sánchez lanzó un órdago al resto de los socios de la Unión Europea y al Reino Unido. En su llamada Tusk le ha recordado lo que estaba en juego y le ha pedido apoyo en un momento en el que "nadie tiene razones para estar feliz".