Sólo el 7% de las sentencias de atentados de ETA ha condenado a todos sus responsables

La Justicia española ha dado por cerrados cientos de casos de crímenes de ETA sin que en sus sentencias se hayan esclarecido completamente las circunstancias y los implicados en la comisión de sus crímenes. Durante décadas, los tribunales se han tenido que conformar con dictámenes de condenas parciales a los comandos o estructuras que de uno u otro modo estuvieron implicados en un atentado o en un secuestro. En nueve de cada 10 atentados ya juzgados existen lagunas o carencias importantes que han dejado impunes bien a un colaborador necesario, a sus autores materiales, a quienes ordenaron el asesinato -responsables intelectuales- o bien a otros participantes necesarios para la comisión del atentado de la banda.

A esta insuficiente justicia impartida en España, y que afecta a casos ya sentenciados y cerrados, se sumaría a los cientos de crímenes de ETA que ni siquiera han llegado a ser juzgados y que recientemente la AVT cifró en 307 casos.

Ahora, la conclusión del informe elaborado por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco deja otro dato sorprendente: ni siquiera lo ya sentenciado ha logrado hacer pagar a todos los responsables de los crímenes juzgados. Tras analizar 572 sentencias emitidas por la Justicia española, todas ellas relacionadas con 362 atentados de ETA, Covite concluye que la justicia efectiva plena impartida apenas alcanza al 7% del total de casos. Tan sólo en 24 de los atentados analizados se ha logrado resolver judicialmente el 100% de la participación y autoría, tanto de los responsables intelectuales, -los que dieron la orden-, como de los materiales, -los que la ejecutaron-.

Casi medio centenar de atentados se han juzgado y sentenciado sin determinar sus autores materiales

Expertos del colectivo han revisado de modo minucioso las sentencias dictadas. Se trata de 572 resoluciones emitidas por los tribunales y que hacen referencia a 362 atentados cometidos por ETA en las últimas décadas. Las sentencias analizadas abarcan un amplio periodo de tiempo y el grueso de volumen de víctimas provocados por ETA a lo largo de su historia. En total, las sentencias se refieren a atentados que provocaron un rastro de 588 asesinatos en el largo historial de sangre de la banda.

Sin responsables intelectuales

La principal carencia detectada en todas ellas hace referencia a la ausencia de condenas para los responsables intelectuales de los mismos. En España son muy escasas las sentencias en las que los jueces han condenado o identificado a quienes ordenaron la comisión de un atentado, la colocación de un coche bomba o la realización de un secuestro. Muy pocos han pagado por ello. Entre los atentados de ETA juzgados y sentenciados que ahora Covite ha analizado en sólo 24 casos -el 6,6% de los casos- se identifica y condena a quienes dieron la orden de actuar y a quienes la ejecutaron, a los autores intelectuales y a los materiales.

En otros dos casos solo se condena a los autores intelectuales pero no a los materiales. Por ello, en el informe se subraya que el 93% de las sentencias se cerraron en falso al no tener una condena completa que abarque a todos quienes estuvieron implicados, de uno u otro modo, en la comisión del atentado.

Tras la autoría intelectual, la segunda gran laguna detectada en las sentencias emitidas en todos estos años hace referencia a la autoría material de los crímenes. Así, se han localizado 48 atentados -uno de cada 10- de la banda dados por sentenciados que se cerraron por parte de la Justicia en falso, al no haber condenado a los autores materiales del mismo y sólo a colaboradores necesarios o cómplices para su comisión.

Entre las 572 sentencias analizadas por Covite sólo en 29 casos se condena a los inductores de un atentado

En esos cierres en falso de atentados, Covite considera que del análisis de todas las sentencias revisadas se puede concluir que la Justicia fue incapaz de procesar y condenar a 394 miembros de ETA que de una u otra manera participaron en la comisión de un crimen y que no han sido condenados por ello.

El más de medio millar de sentencias ahora escudriñadas revela que el número de condenados por ser los "autores intelectuales" de los asesinatos es llamativamente bajo: algo menos de una treintena de miembros de ETA fueron condenados por esto. Las condenas en calidad de inductor alcanzan la cifra de 29. Un caso sorprendente y poco común es el del asesinato del catedrático Manuel Broseta el 15 de enero de 1992 en Valencia. Tras el juicio sólo fueron condenados los autores intelectuales pero no los autores materiales del asesinato. De igual manera, el asesinato del brigada de la Armada, Emiliano Fernández, el 22 de septiembre de 1982

Pocos colaboradores

También son escasas las sentencias impuestas por participar en condición de cómplice o colaborador necesarios. En las 572 resoluciones estudiadas se han encontrado 129 condenas por colaborador necesario. En cuanto a los autores materiales, las condenas se elevan a 739 personas.

Existen casos llamativos como el del atentado cometido 14 de septiembre de 1982, cuando el comando Donostia de ETA, integrado por seis personas, asesinó a cuatro policías nacionales a los que tendió una emboscada en el Alto de Perurena en Guipúzcoa. Aquel día uno de los integrantes del comando, Josu Zabarte, alias el carnicero de Mondragón, tuvo que realizar labores de vigilancia y fueron sus compañeros de armas quienes ejercieron como autores materiales del asesinato. Sin embargo, sólo Zabarte fue condenado en este caso: 92 años de prisión por cómplice de cuatro asesinatos y un asesinato frustrado. Aún hoy, 36 años después, los autores materiales y los responsables intelectuales siguen sin ser juzgados.

En cinco atentados de ETA los expedientes han desaparecido y en 17 atentados aún quedan pendientes las diligencias

En otros muchos casos, las circunstancias son similares, juicios que se celebran con sólo una parte de los autores materiales en el banquillo. O procesos inexplicables como los del asesinato de Basilio Altuna, capitan de la Policía Nacional asesinado en 1980 cuyo expediente llegó un 23 de diciembre a la Audiencia Nacional y se archivó 24 horas más tarde con un auto de sobreseimiento.

También son llamativos los casos de expedientes que han desaparecido. Según los datos del informe de Covite, los expedientes de cinco atentados han sido expurgados. Además, en media docena de ellos la sentencia ni siquiera ha sido enviada y en 17 casos aún quedan pendientes diligencias.

Justicia cuestionada

El papel de la Justicia en la lucha contra ETA ha recibido en las últimas semanas varios reveses. Uno de los más impactantes fue el reproche realizado por Iñigo Lidón, hijo del magistrado José María Lidón, asesinado por ETA, quien ante la cúpula judicial del País Vasco cuestionó la desidia con la que durante 17 años la Justicia ha tramitado casos como el de su padre y que ha obligado a las propias víctimas a actuar para evitar su prescripción.

Un caso similar es el denunciado por Pablo Romero, hijo del teniente coronel del Ejército del Aire, Juan Romero Álvarez, quien llevó a cabo una investigación personal durante años para evitar que el caso de su padre -asesinado, junto a otros seis compañeros, el 21 de junio de 1993 con un coche bomba colocado en la Glorieta López de Hoyos de Madrid- acabara por prescribir víctima del olvido judicial. De igual modo, la actuación de José Miguel Cedillo ha sido clave para rescatar del olvido el asesinato de su padre, el policía Antonio Cedillo Toscano asesinado en la emboscada con la que el comando Donostia asesinó a cuatro policías en el Alto de Perurena (Guipúzcoa) en septiembre de 1982.

El último reconocimiento de las carencias que en todos estos años ha tenido la Justicia española en la lucha contra ETA la hizo pública un magistrado. El juez Javier Gómez Bermúdez reconoció el pasado sábado ante las víctimas de la banda terrorista en Euskadi que la Justicia no había sabido dar una respuesta adecuada para esclarecer cientos de crímenes de ETA. Gómez Bermúdez llegó a “pedir perdón por no haber hecho bien nuestro trabajo”.