Pablo Iglesias anunció el pasado viernes unas primarias exprés que se celebrarán en diciembre y en las que busca revalidar su candidatura a la Presidencia de Gobierno antes de irse de baja por paternidad y asegurar el control del partido, ratificando a los suyos en las listas electorales en caso de adelanto de los comicios. Y el secretario general de Podemos lo hizo a última hora del viernes, después de tres horas de reunión del Consejo Ciudadano Estatal -el órgano de dirección del partido- y por sorpresa, sin haber si quiera advertido a los suyos de que iba a tomarse una decisión de tal calado, con la apertura de un proceso interno que no sólo elige al candidato a La Moncloa sino que configura a los equipos que se convertirán en diputados tras las próximas generales, y para los que Iglesias ha propuesto un sistema de listas plancha elaboradas desde Madrid.
Al Consejo Ciudadano Estatal están llamados los 42 dirigentes elegidos en Vistalegre 2 y los líderes territoriales del partido. La convocatoria para la reunión se anunció cinco días antes del encuentro, y en el orden del día no figuraba en ningún caso la apertura de un proceso que determinará el escenario post electoral de la formación. A la reunión de la dirección faltaron multitud de pesos pesados del partido, y fue llamativa la ausencia de los referentes de las dos principales corrientes del partido más allá del pablismo: no acudieron ni Iñigo Errejón, ni los líderes anticapitalistas Miguel Urbán y Teresa Rodríguez. La mayoría de los asistentes fueron en las listas de Iglesias el pasado Vistalegre, y apenas un puñado de errejonistas acudieron a la cita. Entre los dirigentes que sí acudieron al encuentro, media docena tuvo que abandonarlo antes de que concluyera, sin haber sido alertados de la decisión estratégica que iba a tomarse.
El Consejo Ciudadano Estatal dio comienzo a las 15.30 horas, y al filo de las siete Podemos informaba del acuerdo adoptado. Un acuerdo del que los barones territoriales y los ausentes se enteraron una vez anunciadas las primaras. El partido de Iglesias informaba de que "la dirección de Podemos ha decidido por unanimidad aprobar una hoja de ruta para estar preparados". Lo que no advertía es que esta "hoja de ruta" fue sometida a votación sin estudio previo de sus condiciones: el líder de Podemos planteó la apertura del proceso interno sin haber remitido previamente el sistema de elección que se iba a desarrollar con el fin de evitar cualquier debate en este aspecto.
Sólo después de plantear la cuestión, Podemos repartió a los miembros de su dirección un papel con el reglamento de las primarias que se aplicarán en diciembre. Unas normas no exentas de polémica, que contemplan la creación de una lista electoral al Senado y otra al Congreso con "una única circunscripción estatal", es decir, listas plancha creadas desde Madrid, en la que Iglesias establece el orden los puestos de las listas, aunque más tarde el inscrito puede alterar el orden modificándolo manualmente. Esta fórmula ha sido duramente cuestionada por la corriente anticapitalista del partido, más proclive a que sean los territorios quienes puedan decidir qué diputados representarán a cada circunscripción. La dirigente anticapitalista andaluza ya ha criticado en numerosas ocasiones el centralismo impuesto por la dirección. "Para evitar las baronías, Podemos está oficiando una monarquía", llegó a sentenciar.
Pero estos llamamientos no han sido escuchados, y Podemos se enfrentará a las nuevas elecciones generales con el mismo reglamento que utilizó para las votaciones de 2015; "un reglamento idéntico al de las primarias de las elecciones generales anteriores -en 2015-", según informaron desde el partido. Aunque con variaciones: se introducía el sistema DesBorda, el mismo que se utilizó en las votaciones de Vistalegre 2. Unas normas creadas para la carrera electoral de Podemos en sus inicios y que ahora Iglesias rescata para afianzarse en el partido.
También Errejón se mostró crítico con el sistema de primarias de 2015, y reconoció las debilidades de lo que bautizó como una "máquina de guerra electoral" constituida para hacer frente a las primeras generales de su historia y a una triple cita electoral -de europeas, generales y autonómicas-. El ex número dos de Podemos defendió antes de Vistalegre 2 la necesidad de volver a un sistema más descentralizado, una vez superada la primera etapa en que el partido necesitaba verticalizar la estructura para tener un control férreo de la organización en campaña electoral. "Tras las generales, Podemos debe ir mutando de maquinaria de guerra electoral a movimiento popular”, afirmó el dirigente en julio de 2015, medio año antes de plantar cara a Iglesias en la segunda Asamblea del partido. Esta descentralización queda en nada después del acuerdo sorpresa del pasado viernes.
La forma a la hora de plantear este asunto de vital importancia y la imposición de Iglesias del reglamento anterior, sin posibilidad de modificarlo o de estudiarlo previamente, ha rebelado a varios sectores del partido, que censuran el nuevo intento de Iglesias de tratar de diseñar a su medida las listas que concurrirán en las generales para asegurar que su núcleo duro salga elegido y obligar al resto de corrientes a negociar con él para concurrir en sus listas o enfrentarse con listas propias. Un brete que amenaza con una nueva guerra dentro del partido.
No es la primera vez que Pablo Iglesias impone una votación unilateral. Ya lo hizo al plantear la consulta sobre la presencia del nombre de Podemos en la papeleta electoral, en un golpe en la mesa que pretendía frenar a la dirigente andaluza, Teresa Rodríguez, ante la posibilidad -después consumada- de crear la coalición de Adelante Andalucía. La segunda consulta impuesta fue después de la polémica compra del chalet en Galapagar de 600.000 euros junto a la portavoz palramentaria Irene Montero. Después de ser fuertemente cuestionados dentro de la organización, el líder de Podemos anunció una votación sobre su continuidad a los mandos del partido. Una consulta que fue tremendamente criticada, al considerar que trasladaba a la organización política una cuestión meramente personal.
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