Cristina Cifuentes "promovió que se ocultaran" las irregularidades de su máster

La juez que instruye el caso Máster ha dado por cerrada la investigación y coloca a un paso del banquillo de los acusados a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes como posible autora de un delito de falsificación de documento público. La instructora no la procesa finalmente por cohecho, ilícito por el que también la estaba investigando.

En un auto fechado este miércoles, la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado después de seis meses de pesquisas y da diez días a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

La magistrada también procesa por el mismo delito a otros tres imputados: el catedrático Enrique Álvarez Conde, director del organismo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) cuando se impartió el máster; la profesora Cecilia Rosado, que ha confesado ser la persona que falsificó el acta de la supuesta defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM) de Cifuentes el día que estalló el escándalo, y María Teresa Feito, ex asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y señalada como la persona que presionó a la Universidad para que apareciese el acta.

La falsificación documental de la que tendrá que defenderse Cifuentes viene derivada por la 'fabricación' del acta con el que se pretendió aparentar que la entonces jefa del Ejecutivo autonómico defendió y superó el TFM en un acto celebrado el 2 de julio de 2012. La reconstrucción del documento tuvo lugar durante la mañana del 21 de marzo de 2018, a raíz de que eldiario.es desvelara que la presidenta madrileña había obtenido un máster en una universidad pública -la URJC- con dos notas falsificadas.

La instrucción del procedimiento por parte de Rodríguez-Medel ha permitido conocer que fue Cecilia Rosado la persona a la que Álvarez Conde le pidió aquella mañana que elaborara un acta y simulara las firmas de dos docentes -Alicia López de los Mozos (presidente) y Clara Souto (vocal)- y que el veterano catedrático le hizo posteriormente llegar al rector, Javier Ramos. Ese documento fue el que difundió Cifuentes aquella misma noche a la prensa en un intento de demostrar que ella sí se había examinado y no le habían regalado la calificación.

La instructora considera "plenamente convincente" la declaración que la profesora Rosado hizo en sede judicial, lo que encuentra sustento -destaca- tanto en la documental que obra en las actuaciones como en la prueba pericial encargada a la Guardia Civil para que examinara si las rúbricas eran las de sus teóricos autores.

En el auto, la juez considera que María Teresa Feito "instó" a Álvarez Conde a que "creara o diera instrucciones para crear los documentos necesarios" a fin de demostrar que Cristina Cifuentes "había cursado el máster con normalidad y superados todos los trámites necesarios para disfrutar del título". La asesora lo hizo "siguiendo instrucciones" de la entonces presidenta madrileña y "con la finalidad de ocultar los hechos" y evitarle "perjuicios" a la ex dirigente del PP.

Como informó este diario, la asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid realizó 15 llamadas telefónicas el día que estalló el escándalo a Cecilia Rosado. La docente, por su parte, la telefoneó seis veces aquella jornada (21 de marzo de 2018).

La juez destaca en su resolución la "decidida colaboración" de Rosado con la Justicia, lo que le lleva a sugerir a la Fiscalía que en su momento module la responsabilidad penal que ésta haya podido tener en el delito investigado aplicándole la atenuante analógica de "confesión tardía". No sólo eso: también cree que la investigada actuó por un "miedo insuperable", dada la subordinación que tenía sobre el catedrático que le dio la orden -Énrique Álvarez Conde- y las "consecuencias nefastas" que desatender la orden del catedrático podría haberle causado.

La juez del 'caso Máster' da por cerrada la instrucción sentando en el banquillo de los acusados a Cifuentes y tres imputados más

En contraposición a la validez que otorga a las manifestaciones de Cecilia Rosado, la magistrada Rodríguez-Medel considera 'no creíbles' las declaraciones de Cristina Cifuentes en sede judicial. Y no la cree por el hecho de que no conserve copia del trabajo, ni borradores, ni correos electrónicos de su comunicación con el tutor del TFM (Álvarez Conde).

"No parece verosímil que en 2012 obviaran esta forma de comunicación (tan ágil, sencilla, rápida, accesible) y fuera todo manual (además de no resultar convincentes las alegaciones que hizo la investigada [Cifuentes] relativas a que por costumbre ella corrige en papel y en colores, cuando en el caso que nos ocupa las correcciones no las hacía ella, sino teóricamente correspondía hacerlas al profesor Álvarez Conde", razona.

También se muestra descreída ante el argumento ofrecido por la ex política respecto a que, tras conocerse la noticia, consultó su agenda y constató que anotó una cita el 2 de julio de 2012 en la URJC. La Delegación del Gobierno en Madrid, a cuyo frente se encontraba Cristina Cifuentes cuando supuestamente terminó el máster, ha contestado tanto al juzgado como a este diario a través del Portal de la Transparencia que no es posible consultar las citas de 2012 debido al tiempo transcurrido.

"En conclusión, hay indicios de que doña Cristina Cifuentes no defendió el trabajo fin de máster en julio de 2012 y que, cuando se hizo pública la noticia con posibles irregularidades en su titulación, promovió que fueran ocultadas, haciendo exhibición pública del acta falsificada cuando le fue facilitada", añade.

Tampoco se cree Rodríguez-Medel que María Teresa Feito se hubiera personado el 21 de marzo en la URJC para realizar una visita de cortesía al rector, como ella argumentó. La juez cree que el "único motivo" de la presencia de la asesora del Gobierno regional, "en plena vorágine de la crisis vivida" tras la difusión de la noticia, era "realizar los actos que fueran necesarios para facilitar una solución que no perjudicara los intereses de doña Cristina Cifuentes". Feito "seguía instrucciones" de la presidenta madrileña, insiste la instructora.

La instructora no se cree la versión ofrecida por la ex presidenta madrileña en sede judicial y está convencida de que ésta no hizo el TFM

Por todo ello, la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid considera que los cuatro procesados han podido cometer un delito de falsedad documental, sancionado en el Código Penal con penas que van de tres a seis años, multa de seis a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo -recuerda la juez- considera "indiferente" que el acusado realice o no materialmente la falsificación, dado que bastaría con actuar "en connivencia" con quien la llevó a cabo. "Si existe una decisión conjunta de realizar el hecho, resulta irrelevante la materialización de los rasgos falsarios, ya que esa connivencia convierte en autores a todos los posibles participantes", ha sentenciado el alto tribunal.

Actas de convalidación de asignaturas

Por contra, la magistrada no ve punible acusar a los procesados por la falsificación de las supuestas actas de convalidación de asignaturas, por cuanto no existen indicios respecto a quién fue la persona que hizo dichos documentos ni tampoco se ha podido acreditar durante la instrucción que surtieran efecto alguno.

Tras archivar las actuaciones para lo mayor parte de los investigados a raíz del criterio fijado por el Tribunal Supremo cuando tuvo que decidir si abría pieza contra Pablo Casado, alumno también de un máster por la URJC y sobre el que planeaban sospechas, la juez da por cerrada la instrucción del caso Máster con estos cuatro imputados.