El Gobierno muestra su preocupación por Vox: "Su ideario es anticonstitucional"

El Gobierno de Pedro Sánchez, como a su juicio "la inmensa mayoría de este país", está "muy preocupado" por el auge de Vox, "un partido cuyo ideario es anticonstitucional, que casi todo lo que dice es inconstitucional", según ha asegurado este viernes la vicepresidenta, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Respetamos la legalidad de todos los partidos políticos, otra cosa que nos guste más o menos su ideario", ha asegurado Calvo, que no ha explicado qué propuestas concretas de Vox le parecen inconstitucionales. De hecho, cuando ha sido preguntada por esa cuestión, la vicepresidenta ha arremetido contra el PP. "Ayer dijo Pablo Casado que Sánchez es un presidente ilegítimo. Eso está muy fuera de la Constitución. No te puedes llamar constitucionalista y hacer esas afirmaciones", ha reprochado, puntualizando que, no obstante, mantendrán las relaciones parlamentarias con el PP.

Calvo también ha enfriado la medida estrella anunciada por Pedro Sánchez para conmemorar sus primeros cien días de Gobierno. En un acto con representantes de la sociedad civil el 17 de septiembre, el presidente prometió que ese mismo viernes "acabaría con los aforamientos" de los políticos. Dos meses y medio después, Calvo ha explicado que el calado del cambio, que requiere una reforma de la Constitución, tardará un año y puede incluir un referéndum si Unidos Podemos cumple su advertencia de exigirlo para el retoque de la Carta Magna.

Pero es no es todo, la vicepresidenta ha reconocido que se trata de una limitación del aforamiento "cuantitativamente pequeña", ya que sólo afecta a diputados, senadores y miembros del Consejo de Ministros, aproximadamente un 0,25% de las 250.000 personas aforadas en la actualidad, incluidos miembros de los gobiernos autonómicos, diputados regionales, jueces, fiscales, miembros del Tribunal Constitucional,  del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Familia Real, entre otros.

La promesa de "acabar con los aforamientos" se queda así en que los diputados, senadores y ministros responderán ante los tribunales ordinarios de justicia si se les investiga por cualquier actividad relacionada con su vida privada, es decir, que no tengan vinculación con el cargo. En el caso de que se les denuncie por delitos relacionados con la corrupción por su actividad política, desde el cohecho hasta la malversación, sí que mantendrán el aforamiento.

La vicepresidenta también ha defendido la pasividad de su Gobierno respecto al pesquero de Santa Pola (Alicante) que tiene prohibido llegar a puerto en el Mediterráneo tras rescatar a 12 migrantes en peligro que viajaban en dos pateras a unas 80 millas de las costas de Libia. En una actuación completamente contraria a la realizada con el barco Aquarius, el Gobierno asegura que está pendiente de las necesidades y el estado de salud de la tripulación, que hoy han sido atendidas por el barco Open Arms, y que no puede hacer más.

"Hay que cumplir las normas internacionales, todos, también España", ha asegurado, explicando que el Ejecutivo no es quien decide cuál es el puerto seguro más cercano al que debe acudir el pesquero en caso de emergencia o urgencia humanitaria, como ocurrió con el Aquarius y su llegada a Valencia.

Preguntada por la diferencia de trato de este caso respecto al del Aquarius, Calvo ha recalcado que la postura del Gobierno en cuanto a la política migratoria en el Mediterráneo "no ha cambiado" y sigue yendo en una doble dirección: ayuda humanitaria y la seguridad, que pasa por el cumplimiento de las normas. "Nos preocupamos de manera especial por las condiciones en las que están por ser un pesquero español, pero tenemos que cumplir las normativas", ha insistido.

En este sentido, los puertos más cercanos al pesquero, que según Calvo sigue navegando y faenando, son los de Italia, Malta o Libia. De hecho, el Ejecutivo español ya ha hablado con las autoridades de esos tres países según el barco se iba desplazando para que no hubiera "ningún problema o riesgo para la tripulación y los emigrantes". No obstante, ha aclarado que, "si en algún momento un órgano comunitario tiene algo que decir, que nos diga o que diga al pesquero español a qué puerto se tiene que dirigir, que sea seguro y cerca".

La exhumación de Franco, a la espera

Por otro lado, Calvo ha anunciado que el Gobierno dará la orden de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos "en los últimos días del año". "El último trámite del procedimiento administrativo después del real decreto estará en los últimos días del año y es el que dará la orden de la exhumación", ha afirmado. De esta manera, la medida, anunciada para el pasado verano, se sitúa ahora en un plazo aproximado de finales de enero o principios de febrero.

También ha recordado que para el Gobierno de Pedro Sánchez es importante modificar la Ley de Memoria Histórica para "mejorar con mucho la dignidad de todas las víctimas, particularmente de las que no han sido objeto de la dignidad de esta democracia".