El '¡Basta ya!' de la Cataluña real frente a la quimera del procés

Los 200.000 trabajadores públicos dependientes de la Generalitat han sido uno de los principales motores del proceso independentista. La implicación de maestros o mossos d'esquadra, la complicidad política de los grandes sindicatos, o la paciencia del sector sanitario, han sido claves para que el discurso independentista se tragara en Cataluña las reivindicaciones laborales inundándolo todo con una única aspiración: la independencia. Pero ese motor se ha parado abruptamente esta semana con la salida a las calles de miles de médicos, maestros, bomberos y funcionarios que han dicho basta a la pérdida de derechos laborales.

Un administrativo de nivel C-15 de la Generalitat ganaba 21.447 euros brutos anuales en 2009. En una década ese sueldo se ha reducido en 500 euros, sin contar las pagas extras que la Generalitat les sigue adeudando de 2013 y 2014. Es un ejemplo de la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios catalanes, que también han visto cómo aumenta su precariedad laboral. En 2010 la Generalitat contaba con 98.413 funcionarios de departamentos, pero en 2017 había 15.000 menos. No se trata de un prodigioso adelgazamiento de la administración, porque por el contrario se han duplicado los interinos y laborales. En otras palabras, los funcionarios se han reducido en un 14,7%, mientras crecen en un 30% los temporales.

Estos datos, o la pérdida de 920 médicos del sistema de Atención Primaria del ICS en los últimos diez años; o la falta de 1.600 mossos para llegar al optimo de 18.600 agentes fijados por la ley de despliegue de la policía autonómica, explican el estallido social que ha vivido esta semana Cataluña en forma de hasta cinco convocatorias de protestas sindicales diferentes en cinco días. "Los servidores públicos han dicho basta" coinciden todos los observadores, ya sean políticos o sindicales. La cuestión, ahora, es si ese cambio refleja el punto y final al monopolio del debate independentista o es sólo un estallido puntual.

Para Susanna Segovia, portavoz parlamentaria de CatEC, las huelgas de esta semana deben "obligar a los partidos en el gobierno a poner los pies en la tierra y empezar a gobernar". La portavoz de los comunes cree que probablemente "seguirá la retórica procesista" y advierte que "seguimos viviendo en una situación excepcional" por la situación de prisión incondicional de Oriol Junqueras y los otros líderes del 1-O, pero los paros de la atención primaria, la educación, la universidad o los bomberos son la demostración de que la situación de parálisis en la que se ha instalado la administración catalana "ya no se aguanta".

Hacía años que no se producían movilizaciones importantes fuera del discurso independentista"

"No es flor de un día" asegura convencido Salvador Illa, secretario de Organización del PSC. "Se ha producido un cambio significativo, es una corriente de fondo no menor", porque "hacía años que no se producían movilizaciones importantes fuera del discurso independentista, y esto es relevante". El número dos de los socialistas catalanes no tiene claro si éste es el punto de inflexión definitivo que han creído ver algunos analistas, pero sin duda para él es un cambio sustancial.

La culpa es de Madrid

Illa y Segovia coinciden en señalar el "patinazo" de Eduard Pujol -portavoz de JxCat- al criticar que la huelga de médicos "distraiga" del objetivo principal de la independencia mientras "Torra no dice nada". Y advierten que  cada vez más gente, incluso en el ámbito independentista, se pregunta "y mientras no llega la república ¿qué hacemos?". JxCat se ha mostrado como la formación menos empática, aunque Pujol no ha sido el único que ha relacionado recortes e independencia, ejercicio que también han intentado algunas voces desde ERC y la CUP. Pero la mayoría del independentismo ha evitado criminalizar a médicos o bomberos y se ha limitado a señalar que el problema, de nuevo, es el déficit fiscal, y la solución es la independencia.

Que la culpa es de Madrid cada vez cuela menos, cada vez menos gente compra ese producto"

En el ámbito sindical, Joan Escamilla, portavoz del sindicato de funcionarios CSIF, es claro en su diagnóstico: "Que la culpa es de Madrid cada vez cuela menos, cada vez menos gente compra ese producto". Y pone como ejemplo la manifestación del jueves en Barcelona, en la que coincidieron estudiantes universitarios y maestros de USTEC -uno de los sindicatos más implicados en el proceso independentista- con funcionarios afiliados a UGT o CSIF. "Nuestra esperanza es que esto no sea puntual" añade, que el debate empiece a centrarse el todo el terreno perdido por los trabajadores públicos en Cataluña.

"El argumento de la república ya no sirve" para acallar las quejas laborales, coincide Illa. "Nunca nos hemos hecho ilusiones de que esto cambie de un día para otro, pero sí vemos a la gente en posturas más pragmáticas, que no entienden a un Govern que no actúa escudándose en el conflicto" y la situación de los políticos en prisión.

Afra Blanco, sindicalista y miembro de la dirección de UGT en Barcelona, las huelgas "no ponen en cuestión la movilización de la ciudadanía en clave nacional, ya sea a favor del procés o no" pero sí han servido para "visualizar y diferenciar las movilizaciones laborales en un estado del bienestar muy tocado". Blanco reconoce que las reivindicaciones estaban ahí desde hace tiempo, "pero el procés, el referéndum, etc... han hecho que no se visibilizaran" y lamenta que "nunca deberían haberse desatendido en clave política".

Escamilla reconoce que el hecho de que los líderes políticos del procés sigan en prisión "les cubre las vergüenzas" pero advierte que el modo en que se ha gestionado judicialmente este proceso "ha creado mártires, ese es el gran problema". Aún así, apunta que en el ámbito sindical, incluso los más convencidos defensores de la independencia "van haciendo el cambio. Se está despolitizando el debate y eso empieza a abrir camino".

Para el portavoz de CSIF, el estallido de esta semana "podría ser el fin del procés como discurso que lo invade todo". Un cambio a su juicio imprescindible porque "Cataluña está totalmente paralizada, no se avanza en nada, estamos en el día de la marmota". Una parálisis de la que responsabiliza directamente a los actuales inquilinos de la Generalitat, a los que acusa de "no haber hecho nada" para evitar los paros. "Han empezado a negociar cuando los médicos ya estaban en huelga, y lo hacen ofreciendo 100 millones, eso en Sanidad es poner una tirita".

Negociación de presupuestos

En este contexto, Segovia lamenta que los partidos independentistas "no se atreven" a negociar los Presupuestos Generales del Estado por temor a ser tachados de traidores "y no se ponen de acuerdo sobre de dónde van a sacar los recursos" para dar respuesta a todas las reivindicaciones sociales que han estallado ahora, porque tampoco quieren aumentar la presión fiscal. Lo que explica por qué todavía no les han presentado una propuesta de presupuestos con medidas concretas para responder a todas esas reivindicaciones. Pero advierte que el crédito del procés se agota.

"La gente sigue pensando que estamos en una situación excepcional, pero esto no puede servir para no afrontar los problemas sociales, no puede haber una jerarquía de derechos" advierte.

Illa coinciden con esta apreciación. "Es muy duro rechazar unos presupuestos generales que suponen unos ingresos adicionales para la Generalitat de 2.200 millones" cuando "la gente empieza a decir que ya basta", advierte el dirigente socialista. "Se ha roto alguna cosa, por mucho que pese la situación de los presos" concluye.