Cifuentes apunta a la Universidad como responsable de la falsificación del acta

“No puede existir ningún elemento objetivo, cierto, plural, ni siquiera singular, que abone la desenfocada tesis de participación en una falsedad documental por parte de Cristina Cifuentes. Esta representación desconoce si el acta existió y después de perdida se reconstruyó en forma fiel a aquella que se dice que existió, como tampoco quiere entrar en su relevancia penal, pero lo bien cierto es que ella no tuvo nada que ver en dicho proceso. En cualquier caso, parece una irregularidad adjudicable única y exclusivamente a la Universidad”, recalca la defensa de Cristina Cifuentes en un escrito remitido a la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel.

La instructora decidió el pasado miércoles enviar al banquillo de los acusados a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid como posible autora de un delito de falsificación de documento público. Sin embargo, Cifuentes defiende su absoluta inocencia y descarga la responsabilidad de lo que sucedió exclusivamente en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Cifuentes rechaza que ordenara confeccionar ninguna falsedad ni que presionara para que se llevara a cabo la misma

Su abogada subraya que la ex dirigente del Partido Popular “ni ordenó a nadie la confección de ninguna falsedad, ni presionó a nadie para que se faltase a la verdad en un expediente académico”. En este sentido, la defensa de la investigada recalca que “no ha tenido jamás el menor interés en modificar ninguna realidad documental que afectase a su currículum, máxime conociendo y respetando el funcionamiento de la Administración Universitaria, en la que la misma es funcionaria por oposición de nivel A”.

No necesitaba el acta falsa

Asimismo, Cifuentes niega tener conocimiento del acta falsificada sobre su Trabajo Fin de Máster (TFM): “Ni siquiera conocía la existencia de esa documentación hasta que la secretaría del rectorado se la facilitó sin dudar de su autenticidad” y añade que dicho documento falsificado “tampoco resultó de utilidad alguna” para ella puesto que “disponía del título oficial, la certificación académica acreditativa de la superación de los estudios y el abono de las tasas de matriculación y de retiradas del título, que acreditaba la obtención del mismo”.

Además, la ex presidenta madrileña –que tuvo que apartarse de la política tras destaparse el escándalo en torno a su máster- sostiene que el “único resultado” que ha tenido esta investigación judicial para ella ha sido “el deterioro personal y reputacional y profesional (…) sin más argumento justificatorio que la falaz participación en una falsedad documental”.

La ex presidenta, procesada

En contraposición, la juez que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado sostiene que “hay indicios de que Cristina Cifuentes no defendió el trabajo fin de máster en julio de 2012 y que, cuando se hizo pública la noticia con posibles irregularidades en su titulación, promovió que fueran ocultadas, haciendo exhibición pública del acta falsificada cuando le fue facilitada”.

El Supremo cree que es indiferente realizar o no de forma material la falsificación; basta con actuar "en connivencia" con quien lo hace

La jurisprudencia del Tribunal Supremo considera “indiferente” que el acusado realice o no materialmente la falsificación, dado que bastaría con actuar “en connivencia” con aquella persona que la llevó a cabo.

La magistrada Rodríguez-Medel también ha procesado por un delito de falsedad documental a otros tres imputados: el catedrático Enrique Álvarez Conde, director del organismo de la URJC cuando se impartió el máster; la profesora Cecilia Rosado, que ha confesado ser la persona que falsificó el acta de la supuesta defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM) de Cifuentes el día que estalló el escándalo, y María Teresa Feito, ex asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y señalada como la persona que presionó a la Universidad para que apareciese el acta.