La salida del PSOE del Palacio de San Telmo tras 36 años de gobierno ininterrumpido en Andalucía supondría el cese en sus puestos de más de medio millar de personas sólo entre altos cargos y asesores, de los que casi un 30 % integran el 'núcleo duro' de Susana Díaz.
El dato es aproximado, dado que la web de la Junta de Andalucía tan sólo ofrece información sobre los altos cargos y el personal de asesoramiento en la estructura central y en cinco organismos (Consejo de Transparencia, Consejo Audiovisual, Consejo Consultivo, Instituto de la Mujer e Instituto de la Juventud), pero no los cargos eventuales en todas las agencias públicas empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles y consorcios que integran la llamada 'Administración paralela'.
La Administración autonómica cuenta con 268 altos cargos, de los que 27 -incluida Susana Díaz- están adscritos a Presidencia, Administración Local y Memoria Histórica. De este departamento dependen el secretario general de la Presidencia, el secretario general de la Oficina del Portavoz del Gobierno, los delegados del Gobierno de la Junta en cada provincia andaluza y en Bruselas, el subdelegado para el Campo de Gibraltar, el secretario general de Acción Exterior y las gerentes de las fundaciones Barenboim Said y Centro de Estudios Andaluces, entre otros.
La salida de Díaz del Ejecutivo andaluz conllevaría con total seguridad la renovación de la dirección de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), organismo dependiente de la Consejería de Presidencia y que lleva con un director interino (Joaquín Durán) desde que Pablo Carrasco -dueño de la productora Proamagna- dimitió por sorpresa en marzo de 2013.
El desalojo del PSOE de la Junta tras 36 años ininterrumpidos de poder conllevaría el cese inmediato de 268 altos cargos y 239 asesores
La elección del máximo responsable de la cadena autonómica tiene que aprobarla el Parlamento autonómico, que requiere una mayoría cualificada: dos tercios en primera votación (72 diputados) o tres quintos (65) en segunda. La nueva representación en la Cámara andaluza salida de las elecciones del 2-D impulsará definitivamente tanto el nombramiento del nuevo director como la renovación del consejo de administración de la RTVA para dar cabida a fuerzas con presencia en la Cámara y no representadas en este órgano.
El cese por el cambio de gobierno alcanzaría también al menos a otras 239 personas que integran el personal eventual y de asesoramiento, muchos de los cuales acumulan años en la Administración andaluza. Se trata mayoritariamente de jefes de gabinete, asesores, coordinadores y técnicos con sueldos que oscilan entre los 21.863,80 (auxiliar técnico) y los 56.894,56 euros brutos anuales (asesor ejecutivo del área de Protocolo).
De estos 239, casi la mitad -exactamente 113- están vinculados a Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, entre ellos los ocho coordinadores y siete técnicos que ejercen en las delegaciones provinciales. También el personal eventual adscrito al gabinete de la Vicepresidencia, área de Protocolo, Comisionado para el Polígono Sur, Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General de Acción Exterior, Secretaría General de la Oficina del Portavoz del Gobierno, Oficina de la Junta de Andalucía en Madrid y Dirección General de Memoria Democrática.
El personal eventual y de asesoramiento dependiente de Presidencia supone un coste anual de 4,31 millones de euros al año, cantidad que no incluye las retribuciones variables y los complementos personales que eventualmente puedan percibir algunos de estos empleados públicos.
El cambio en el Ejecutivo conllevaría la renovación en la cadena autonómica de radio y televisión, con un director interino desde hace casi seis años
Los datos que se pueden consultar en la web de la Junta de Andalucía sólo incluye una parte de los entes que integran la 'Administración paralela', que, después de las fusiones y extinciones acometidas durante la crisis económica para dentro de las medidas de estabilidad impulsadas por el Ejecutivo de José Antonio Griñán para cumplir el objetivo de déficit impuesto por el Gobierno, está formada en la actualidad por 60 organismos: 18 agencias públicas empresariales, 17 sociedades mercantiles, 15 fundaciones y una decena de consorcios. Este entramado da empleo a 23.899 personas, en gran medida sin superar una oposición o concurso y ejerciendo en muchos casos tareas propias de los funcionarios públicos.
El presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), Carlos Ezequiel Sánchez, considera "imposible" calcular el número de personas que saldría de la estructura administrativa de la Junta de Andalucía en caso de que se fragüe un acuerdo de gobierno o de investidura entre los partidos de centro-derecha y desalojen al PSOE debido al "oscurantismo" de la Administración autonómica.
"Agencia de colocación"
Sánchez recuerda que el propio Ejecutivo de Susana Díaz llegó a reconocer en abril de 2016 que unos 1.800 empleados del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) estaban cobrando pese a estar "mano sobre mano" tras ser absorbida la antigua Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), en la que estaban contratados numerosos familiares y allegados de altos cargos socialistas.
El presidente del SAF considera inaplazable que el futuro presidente del Ejecutivo andaluz "despolitice la Administración" y "acabe ya con ese entramado de entres instrumentales que no sirven y que se ha convertido en una agencia de colocación para gente vinculada al carné de un partido político o por relaciones familiares". "Hay que hacer una reordenación real y apostar por un sistema funcionarial en la Administración. Tenemos muy buenos jugadores pero muy malos entrenadores. El que no da la cara y el que gestiona es el que está arriba", añade.
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