El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado al Ministerio del Interior y a la Conselleria de Interior de la Generalitat de Cataluña un plan integral de protección de jueces y magistrados que prestan servicio en Cataluña ante los ataques a sedes judiciales.

La comisión permanente del CGPJ ha acordado por unanimidad dirigirse a los titulares de dichos departamentos, Fernando Grande-Marlaska y a Miquel Buch, respectivamente, para solicitar protección para los jueces y ha remitido la misma comunicación al presidente de la Junta de Seguridad de Cataluña y presidentes de las Juntas de Seguridad Provinciales.

Además de eso, el órgano de gobierno de los jueces solicita a la Fiscalía General del Estado que investigue los ataques ocurridos en los últimos días y que "supervise las actuaciones de investigación y persecución de esos ataques que se estén llevando a cabo por las fuerzas policiales" para "descartar que se puedan producir omisiones que den lugar a la exigencia de responsabilidades".

Las medidas exigibles para proporcionar la garantía de seguridad e integridad"

El acuerdo del CGPJ se produce después de que varias sedes judiciales en Cataluña apareciesen "cubiertas de excrementos y pintadas de diverso tipo que incluían fundamentalmente mensajes de odio insultantes y amenazantes" en protesta de las últimas resoluciones de la Justicia relacionadas con el "procés". El CGPJ cree que no se están adoptando "las medidas exigibles para proporcionar la garantía de seguridad e integridad" de los jueces y sus familias ni tampoco percibe "efectividad alguna en la investigación y persecución de muchos de los actos" ocurridos. Y recalca que es la Consejería catalana de Interior la que tienen las competencias en esta materia.

El órgano de gobierno de los jueces reitera su "preocupación intensa y creciente" por "cómo en Cataluña se reproducen y multiplican los ataques a jueces, a sus familias, a sus bienes y a las instalaciones judiciales". Actitudes que "se iniciaron hace ya algunos años, inicialmente alentadas por miembros de las instituciones autonómicas catalanas que promovieron manifestaciones ante sedes judiciales como fórmula de rechazo al cumplimiento de sus obligaciones por parte de jueces y tribunales".

Ahora, dice el CGPJ, "esas actitudes han degenerado en conductas criminales y se han multiplicado, al tiempo que se exponen como 'acciones' de grupos que se identifican bajo nombres o siglas conocidas". "Mayor preocupación produce el hecho de que algunas de esas "acciones" sean jaleadas por algún alto representante de las instituciones catalanas", añade el comunicado.

No es un privilegio personal, sino una garantía de los ciudadanos"

La premisa básica de la independencia judicial, dice el CGPJ, es que los jueces "puedan desempeñar sus funciones con el debido clima de sosiego y tranquilidad" y con garantía de seguridad. Y deja claro que dicha seguridad "no es un privilegio personal, sino una garantía de los ciudadanos que aspiran a vivir en una sociedad democrática real".

Una vez más, el CGPJ manifiesta su "apoyo constante" a los jueces que trabajan en Cataluña y reclama de nuevo "la adopción de medidas efectivas" que pongan fin a dichos ataques y la persecución de los responsables "y de las organizaciones criminales que los llevan a cabo". Además, pide al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un informe sobre los ataques sufridos por jueces en Cataluña y aquellos producidos en sedes judiciales en aquella comunidad autónoma.