Irene Montero y Pablo Iglesias en el Congreso.
La portavoz parlamentaria y número dos de Podemos, Irene Montero, se valió de los recursos del partido para iniciar un proceso judicial contra el autor del poema machista publicado hace un año en la revista de la asociación judicial Francisco de Vitoria. La dirigente llevó a los tribunales el escrito, que hacía referencia a su vida personal y a su relación con el líder del la organización, Pablo Iglesias. El pasado noviembre, el juzgado de primera instancia de lo civil número 38 de Madrid condenó al autor y a la revista a indemnizar con un total de 70.000 euros a la diputada por lesión de derechos fundamentales, al considerar que el poema suponía "un ultraje y una ofensa como persona y como mujer". La sentencia se encuentra actualmente recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Aunque el dictamen describía una ofensa en un ámbito estrictamente personal, la defensa de Montero la ejerció Marta Flor Núñez, abogada perteneciente al departamento legal de Podemos, a sueldo del partido, y encargada de asistir jurídicamente a la formación. Desde Podemos han evitado hacer cualquier valoración sobre esta circunstancia y no aclaran los criterios a tomar en estos casos. Fuentes internas de la organización reconocen que la decisión de utilizar o no los recursos del partido para estos asuntos corre a cargo de la dirección de Podemos. Los letrados de las distintas formaciones políticas tienen habitualmente la tarea de representar a la organización en los trámites administrativos y legales, además de ejercer la defensa de sus dirigentes cuando los litigios están relacionados con su actividad pública.
En el caso de Podemos, no es la primera vez que los abogados contratados por la organización asisten a sus principales líderes para cuestiones más alejadas del ámbito estrictamente político: hace un año y medio, la misma abogada asistió al secretario de Programa, Pablo Echenique, después de que pagara en negro a sus asistente, y le acompañó durante el proceso, cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social descubrió el fraude, tal y como desveló El Heraldo de Aragón.
La misma letrada asistió también a Pablo Iglesias en su demanda contra el periodista Eduardo Inda, que publicó que el líder de Podemos había cobrado 272.000 dólares del Gobierno de Venezuela por asesorar al ejecutivo. En representación de Iglesias acudió la procuradora Isabel Alfonso Rodríguez y la abogada Marta Flor Núñez; tanto Alfonso como Núñez también representaron a Montero en el litigo contra la revista de la asociación judicial. Los abogados no son los únicos trabajadores del partido que asistirían a los líderes de Podemos en sus asuntos privados. El tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, también acompañó a Montero e Iglesias en la firma de su hipoteca, según recogió en su día Okdiario.
La frontera entre el partido Podemos y la vida personal de sus dirigentes fue cuestionada en la consulta sobre su chalet
En aquella ocasión, la frontera entre el partido y la vida personal de sus dirigentes también quedó en entredicho: La polémica compra del chalet provocó una crisis de liderazgo de los dirigentes que solventaron mediante unas primarias muy cuestionadas en las que sometieron a votación su continuidad al frente de Podemos.
La consulta, en la que uno de cada tres participantes optó por pedir su dimisión, desató una ola de críticas internas por parte del sector anticapitalista, que acusó a Iglesias y Montero de poner el partido a su servicio y de mezclar cuestiones personales con asuntos de la organización. "Esta decisión -la compra- es de ellos dos, de su vida privada y es un error trasladarlo a una decisión del partido”, lamentó en su día la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, hoy retirada de la vida política.
La sentencia del poema, recurrida
Tras la sentencia emitida por el juez de primera instancia, la asociación ha solicitado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid por entender que la condena podría comprometer la libertad de expresión. En la sentencia recurrida, a la que tuvo acceso Efe, el magistrado Jaime Miralles condenó a 50.000 al autor del escrito y de forma solidaria a los seis miembros del comité de redacción de la publicación al pago de 20.000 euros a Montero por “no supervisar” el contenido del poema publicado en noviembre de 2017 con el título De monjas a diputadas, firmado con el pseudónimo “El guardabosques de Valsaín”.
Los versos del poema insinúan que las responsabilidades políticas de la portavoz de Podemos y de la ex diputada Tania Sánchez se deben a los “apetitos inconstantes” del líder de la formación, Pablo Iglesias, al asegurar el autor: “La diputada Montero/ Expareja del ‘coleta’/ Ya no está en el candelero/Por una inquieta bragueta/ Va con Tania al gallinero”, en referencia al lugar que ocupó la diputada tras el cambio de dirección que se produjo en Vistalegre 2.
“No se trata de un texto de información, sino de expresión de valoraciones de su autor sobre la demandante que erosiona explícitamente su dignidad”, sostiene el magistrado, que señala en la sentencia que el poema comporta “un ultraje y ofensa para Montero como persona y mujer”. Para el juez, las expresiones proferidas por el autor son “simples expansiones desde una posición sexista y machista, gravemente peyorativas para la mujer” que, además de “insidiosas e infames”, resultan ser “vejaciones”.
“Dichos términos, aisladamente y en su conjunto, comportan insulto, insidia y vejación grave para la propia estima de la demandante”, añade la sentencia que justifica que el contenido no puede gozar de la protección de la libertad de expresión. Contra esta resolución, los condenados ya han presentado recurso de apelación.