El Gobierno mueve ficha: pide al Supremo que no paralice la exhumación de Franco

La Abogacía del Estado ha remitido este jueves 25 folios de alegaciones a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo donde solicita al Alto Tribunal que rechace el recurso interpuesto por la familia Franco y desestime la medida cautelar que insta a la paralización de la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos mientras se resuelve el mismo.

En el escrito de alegaciones, que obra en poder de El Independiente, los servicios jurídicos del Gobierno defienden que ni la continuación del procedimiento de exhumación, acordada por el Consejo de Ministros el pasado 8 de noviembre, ni la “ejecución” del acto impugnado –los trámites para la salida de Franco del Valle de los Caídos- “producen perjuicio irreparable alguno” para los nietos del dictador.

Los Franco creen que si no se paraliza la exhumación se “convertiría en papel mojado una eventual sentencia que declarase la ilegalidad" de la misma

La familia del ex jefe del Estado pidió a principios de este mes al Supremo que suspendiese el acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de noviembre donde se aprobó la “continuación del procedimiento de exhumación de los restos mortales de Francisco Franco” ya que en caso contrario se “conduciría materialmente a la exhumación de su abuelo sin posibilidad de pronunciamiento judicial previo”, se “predeterminaría el contenido de la decisión final del procedimiento” y se “vulneraría sus derechos fundamentales”.

Los Franco creen que si no se estima la medida cautelar se “convertiría en papel mojado una eventual sentencia que declarase la ilegalidad del acuerdo impugnado, pues entretanto se habría producido la exhumación del cadáver en contra de la voluntad de sus familiares”.

"No se causa indefensión" a los Franco

Sin embargo, el abogado del Estado entiende que “la ejecución del acuerdo por el que se ordena la continuación del procedimiento no supone llevar a cabo ninguna exhumación antes de que se haya dictado el acuerdo resolutorio del procedimiento por lo que su no suspensión en ningún caso puede hacer perder su finalidad a este recurso”.

Además, el Gobierno defiende que el acuerdo del Consejo de Ministros que ha sido impugnado “no decide directa ni indirectamente sobre la decisión de exhumar los restos mortales, sino que se limita a ordenar los actos de instrucción necesarios para que la decisión final pueda adoptarse teniendo en cuenta los elementos necesarios”. En el mismo se ordenó, por ejemplo, a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que remitiese al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación mientras que se encomendó a los servicios técnicos de Patrimonio Nacional, en su calidad de Patrono de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, la redacción del proyecto para su tramitación.

Asimismo, la Abogacía del Estado recalca que “no se causa indefensión a los interesados, que han podido participar en todos los trámites del procedimiento y hacer uso de sus derechos” ni “se imposibilita la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar”, ya que la familia del caudillo “podría interponerse recurso (y pedirse suspensión) contra la resolución que ponga fin al procedimiento”.

Por otro lado, el representante del cuerpo de letrados del Ejecutivo rebate que sea “cierto” que “todas las exhumaciones deban llevarse a cabo simultáneamente” como pide la familia Franco. “No existe obligación de tramitación simultánea de todos los procedimiento y tampoco existe la obligación de que todas las eventuales exhumaciones se acumulen en un único procedimiento administrativo”, recalca el abogado del Estado ante el Supremo.

Otras exhumaciones de la Memoria Histórica

Por otro lado,  en el citado escrito de alegaciones se reprocha a los nietos de Franco que en su recurso se sientan “legitimados” para invocar “indefensión en base a derechos cuyo ejercicio correspondería a los familiares/interesados de esas otras personas enterradas en el Valle de los Caídos sin haber fallecido a consecuencia de la Guerra Civil”. “No consta que esas personas legitimadas hayan impugnado el acuerdo aquí recurrido”, añade la Abogacía.

En este sentido, se explica que “el cumplimiento preferente de la exhumación más significativa de Francisco Franco Bahamonde no quiere decir, obviamente, que no vayan a tramitarse otras exhumaciones que eventualmente cumplieran con los requisitos establecidos en la norma de aplicación, esto es el nuevo art. 16.3 de la Ley 52/2007”, en referencia a la Ley de Memoria Histórica.

La Abogacía del Estado defiende que el acuerdo del Consejo de Ministros que ha sido impugnado “no decide directa ni indirectamente sobre la decisión de exhumar los restos mortales" de Franco

“En definitiva, la falta de consideración como interesados en el presente procedimiento de los familiares de las restantes personas enterradas en el Valle y no fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, ni decide directa o indirectamente el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni produce indefensión ni perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos”, concluye el abogado del Estado.

Tal y como adelantó El Independiente, está previsto que este lunes la Sección Cuarta de Sala Contencioso Administrativo del Alto Tribunal se reúna a las 16:30 para estudiar si paraliza o no la exhumación de los restos de Franco de la basílica del Valle de los Caídos dentro de la pieza separada de medidas cautelares. La ponencia del asunto ha correspondido a la magistrada progresista Celsa Pico.