Los activistas que el próximo 21 de diciembre acudan a la llamada de los CDR para "tomar" la Llotja de Mar e impedir la reunión del Consejo de Ministros convocado en Barcelona se exponen a penas de entre dos y cuatro años por un delito contra las instituciones del Estado, recogido en el Capítulo Tercero del Código Penal. Durante las últimas tres semanas, los CDR han tomado la delantera a otras organizaciones independentistas como la ANC y Òmnium en la réplica a la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona. Réplica que estos grupos separatistas han fijado en acciones de boicot, cortando vías de comunicación, y en la toma del edificio con el objetivo manifiesto de impedir o dificultar la reunión del Gobierno.
"Quien no comparte la batalla, compartirá la derrota", advierte la cuenta de CDR oficial en su llamamiento a concentrarse desde primera hora en la Llotja para convertir Barcelona en "ingobernable", según el lema escogido por el independentismo para la campaña de protesta contra el intento de acercamiento del Gobierno de Pedro Sánchez.
El #21D serem ingovernables!
Guarda't la data i segueix els canals oficials.
Prenem els carrers!
Organitzem la resposta i preparem-nos per resistir!#TombemElRègim#ElPoderDelPoble#CDRenXarxa pic.twitter.com/rfMwSX35Km
— CDR Catalunya (@CDRCatOficial) December 10, 2018
Sin embargo, de conseguir sus objetivos esta campaña podría tener serias consecuencias para sus impulsores. Según el artículo 503 del Código Penal, incurrirán en la pena de prisión de dos a cuatro años "los que invadan violentamente o con intimidación el local donde esté constituido el Consejo de Ministros o un Consejo de Gobierno de Comunidad Autónoma" así como los que "coarten o por cualquier medio pongan obstáculos a la libertad del Gobierno reunido en Consejo o de los miembros de un Gobierno de Comunidad Autónoma, reunido en Consejo, salvo que los hechos sean constitutivos de otro delito más grave".
La campaña del independentismo en contra el desembarco del Gobierno en Barcelona lleva semanas agitándose en las redes sociales bajo el argumento de que se trata de una provocación por coincidir con el primer aniversario de las elecciones convocadas al amparo del 155. Un argumento que ha secundado la portavoz del Govern, Elsa Artadi, aunque en los últimos días lo ha matizado.
ANC propone colapsar la ciudad
La Asamblea Nacional Catalana, por su parte, no se ha sumado abiertamente a la convocatoria de los CDR -que el pasado 1-O ya reventaron su manifestación conmemorativa con el asalto al Parlament- pero pretende colapsar la capital catalana convocando a sus simpatizantes a trasladarse a Barcelona en coche. La ANC propone "salir bien pronto de casa en coche hacia Barcelona para hacer una concentración masiva de coches. Dejaremos bien claro que no son bienvenidos".
La entidad que dirige Elisenda Paluzie intenta desmarcarse así de las manifestaciones violentas, pese a que ha animado durante los últimos días las protestas contra el Gobierno y ha sido muy dura con la actuación de los mossos en los incidentes del pasado Día de la Constitución en Girona y Terrassa, donde la policía autonómica cargó contra manifestantes independentistas.
De hecho, los llamamientos a la movilización impregnados de connotaciones violentas de algunos sectores del independentismo han alarmado incluso a sus líderes más valorados, los que se encuentran encarcelados provisionalmente en Lledoners. Tanto el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, como el ex conseller Joaquim Forn han pedido que las movilizaciones que se produzcan sean absolutamente pacíficas. "Agradezco los apoyos, pero no entiendo que se me pueda defender con la cara tapada", ha advertido el que fuera responsable de los mossos el 1-O.
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