Pedro Sánchez se enfrenta a su 1-O en Barcelona

Pedro Sánchez se enfrenta el próximo viernes a su particular 1-O en Barcelona. Lo que debía ser un paso más en la operación de apaciguamiento del independentismo iniciada el pasado 7 de julio en La Moncloa con Quim Torra se ha convertido en una auténtica patata caliente para el gobierno con tres frentes abiertos: el problema de seguridad provocado por las convocatorias de los CDR; las dificultades de interlocución con un independentismo radicalizado de nuevo a las puertas del juicio del 1-O; y la presión dentro de su propio partido, derivada del auge de Vox en Andalucía, para que cambie de estrategia y aplique mano dura al independentismo.

Seguridad, socios parlamentarios y cohesión interna del PSOE en juego en una jornada de la que difícilmente sacará ninguno de los réditos políticos imaginados originalmente. Con razón reconocía esta semana el ministro José Luis Ábalos que quizá debían reconsiderar su visita a Barcelona, aunque sus dudas fueran rápidamente desmentidas desde La Moncloa.

El Consejo de Ministros de Barcelona abre tres frentes para Pedro Sánchez: seguridad, socios parlamentarios y cohesión interna del PSOE

El ámbito de la seguridad es a estas alturas el único en el que confluyen los intereses de Gobierno y Generalitat. ERC y JxCat han entendido que las imágenes de violencia descalifican al movimiento independentista, al margen de que condiciona negativamente la defensa de los procesados por su participación en el 1-O. El problema es que ni el Govern ni los grandes partidos controlan ya la calle, que los CDR han decidido tomar al margen del independentismo institucional para extremar el enfrentamiento con el Gobierno.

El objetivo de los CDR, y sus nuevos socios de los Grupos Autónomos de Acción Rápida (GAAR), es impedir o dificultar la reunión del Consejo de Ministros, que el Gobierno ha fijado en un emplazamiento de especial dificultad para las fuerzas de seguridad, según ha denunciado la Generalitat, en el casco histórico de la ciudad. Es decir, si reúnen a suficientes manifestantes podrían bloquear el acceso -o la salida- de los ministros a la Llotja de Mar, obteniendo una victoria propagandística organizativamente mucho más sencilla que la celebración del referéndum ilegal de hace un año.

Desembarco de "piolines"

Para evitarlo, Gobierno y Generalitat desplegarán a 9.000 agentes entre policías, guardias civiles y mossos. El Departamento de Interior ha movilizado ya para la próxima semana a 8.000 agentes -la mitad de los efectivos del cuerpo- con el objetivo de garantizar no sólo la seguridad del Gobierno en Barcelona, sino también de evitar cortes de carreteras y vías férreas o sabotajes en infraestructuras de comunicación en el conjunto de Cataluña. A ellos se sumarán en la capital catalana unos 300 agentes de la Guardia Urbana.

El Ministerio movilizará además a 400 agentes de unidades antidisturbios procedentes de Sevilla, Pamplona, Valencia y La Coruña. A ellos se sumarán los equipos de seguridad de cada uno de los integrantes del Consejo de Ministros y un número por determinar de guardias civiles. El Gobierno quiere evitar a toda costa la imagen de una segunda "operación Copérnico", consciente de que en Cataluña ya se habla de un nuevo "desembarco de piolines".

Paraleramente desde el Govern y los partidos han presionado a Òmnium y la ANC para que lideraran una convocatoria alternativa a la de los CDR. El objetivo no es otro que restar apoyos masivos a los grupos más violentos y reconducir al grueso de la militancia independentista a un acto de protesta homologable con la tradición de estas dos entidades. Un objetivo conseguido a medias, puesto que la ANC se ha decantado finalmente por proponer un colapso automovilístico de Barcelona que favorece más a los CDR que a los intentos del Govern de demostrar que puede controlar las calles, después de los problemas de seguridad evidenciados el 1 de octubre y el Día de la Constitución.

Presión del PSOE

Si el operativo de seguridad fracasa y el Consejo de Ministros se ve eclipsado por episodios de violencia, o si Pedro Sánchez no consigue el objetivo inicial de este encuentro en Barcelona, que no era otro que el de reemprender el diálogo con los partidos independentistas, el fiasco tendrá también consecuencias internas en el PSOE. Tanto dentro del grupo parlamentario socialista como, sobre todo, entre los barones del PSOE, cunde el malestar por las consecuencias que la estrategia de apaciguamiento con el independentismo puede tener en las expectativas electorales socialistas en las elecciones locales y autonómicas de mayo.

Por ello, las presiones ya iniciadas en los últimos días por barones como Emiliano García-Page o Javier Lambán se multiplicarán a favor de que el Gobierno considere seriamente la aplicación de nuevo del 155 o, más probablemente, que aplique la Ley de Seguridad Nacional para recuperar el control de la seguridad en Cataluña. Sin olvidar la posibilidad apuntada por el PP, a la que se ha acogido Lambán, de ilegalizar a los partidos que no respeten la Constitución.

Debilidad del Gobierno

La incursión catalana de Pedro Sánchez puede tener aún un tercer efecto no deseado, el de evidenciar todavía más la debilidad parlamentaria del Gobierno. Sánchez había ideado el Consejo de Ministros como una deferencia hacia Cataluña, pero un independentismo cada vez más dividido difícilmente puede ofrecer un rostro conciliador a las puertas del juicio del 1-O.

La convocatoria de la huelga de hambre de los cuatro dirigentes del JxCat en prisión y las referencias de Quim Torra, y después Carles Puigdemont, a la vía eslovena evidencian que el entorno del presidente y el ex presidente catalán apuesta de nuevo por la confrontación total.

Una estrategia que no comparten sus socios ni en el PDeCat ni en ERC, que durante el pleno monográfico sobre Cataluña apelaron tímidamente al diálogo con el Gobierno. Pero esas apelaciones no se trasladan luego a la estrategia del Govern.

Ni ERC ni PDeCat se atreven a desautorizar en público la estrategia de confrontación de Puigdemont

La resistencia de Torra a reunirse con Sánchez en los términos ideados por el presidente del Gobierno ejemplifican esa división que ya dejó clara Elsa Artadi definiendo como una "provocación" la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona. Y ni ERC ni el PDeCat se atreven a desautorizar en público la estrategia de confrontación impuesta por Waterloo.

La prueba de fuego de qué esperar del Govern el próximo viernes se verá en el Congreso y el Senado con la tramitación del techo de gasto que el Gobierno ha vuelto a llevar a las Cortes. Su aprobación es fundamental para que el Gobierno pueda presentar los presupuestos para 2019, como se comprometió Sánchez, y la votación en el Senado está prevista para la tarde del jueves, horas antes del desembarco gubernamental en Barcelona.