La Audiencia Nacional pide a Brasil la extradición del condenado por la matanza de Atocha

La Audiencia Nacional ha pedido este martes la entrega en extradición de Carlos García Juliá, condenado por su participación en la matanza de Atocha y que fue detenido el pasado 5 de diciembre en Sao Paulo (Brasil) después de haber huido de España tras haber obtenido la libertad condicional.

En un auto, la sección primera de lo Penal propone al Gobierno que, a través del Ministerio de Justicia, solicite a las autoridades brasileñas la extradición de García Juliá al entender, como informó la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que el cumplimiento de la condena que le fue impuesta no ha prescrito y le quedan por cumplir 3.855 días.

La Sala, compuesta por Concepción Espejel, Manuela Fernández de Prado y Ramón Sáez Valcárel (ponente), acoge íntegramente el dictamen de la Fiscalía, que consideró interrumpido el plazo de 30 años para considerar prescrita la condena tras haberse emitido sendos autos en 1996 y 2000, revocando su situación de libertad condicional. Según recuerda el tribunal, García Juliá fue condenado a 193 años de cárcel como autor de nueve delitos de asesinato (cinco consumados y tres frustrados) y tenencia de armas en relación a la matanza de Atocha perpetrada en 1977.

Cumplía el máximo de 30 años de reclusión mayor cuando el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León le concedió la libertad condicional el 23 de septiembre de 1991. En diciembre de ese año obtuvo autorización para viajar a Asunción (Paraguay) y trabajar allí, con la condición de presentarse mensualmente ante la embajada de España en ese país.

Al incumplir lo dispuesto y al tener conocimiento de que había sido detenido en Bolivia en mayo de 1996 por delitos de tráfico de drogas, el juzgado de vigilancia penitenciaria que permitió su excarcelación le revocó la libertad condicional, decisión que llegó a ser firme el 6 de noviembre de 2000. Días después, el 29 de noviembre, se decretó su ingreso en prisión para el cumplimiento del resto de la pena que tenía pendiente, y que se calculó en 3.855 días.

El 16 de marzo de 2001, la Audiencia Nacional solicitó su extradición a Bolivia, que en 2002 accedió a la entrega, pero finalmente esta no se materializó porque durante un permiso penitenciario se fugó, según recuerda el auto de la Sala. El 8 de febrero de 2017 se ordenó de nuevo la detención e ingreso en prisión de García Juliá, "así como la emisión de orden de detención europea e internacional".

La orden de detención dio finalmente sus frutos y el pasado 5 de diciembre Interpol Brasil comunicó su detención. La Sala indica en su resolución que existe convenio de extradición entre España y Brasil y que "en el presente supuesto concurren todos los requisitos legales" para proponer al Gobierno que solicite su devolución a España.

Según la investigación, tras huir de Venezuela García Juliá estuvo en Chile, Argentina y Venezuela hasta llegar Brasil, donde ocultaba su identidad con documentación a nombre de otras personas. De hecho, en el momento en que se produjo su detención en Brasil trabajaba como conductor de Uber y era conocido entre sus vecinos por el nombre de Genaro Antonio Materan.