Las defensas del 'procés', en el TS: "Estamos ante la judicialización de un problema político"

Los líderes independentistas catalanes han defendido en bloque este martes en el Tribunal Supremo la falta de competencia de este órgano para juzgar el ‘procés’ en las cuestiones de previo pronunciamiento que han arrancado pasadas las 10:05 horas en dicho órgano judicial.

El primero en intervenir ha sido el abogado de ERC, Andreu Van den Eynde, representante del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva, . Durante su intervención en las cuestiones previas, el letrado ha arremetido duramente contra la Fiscalía, órgano al que ha acusado de determinar en este procedimiento la competencia del Alto Tribunal en perjuicio del derecho fundamental al juez predeterminado por la Ley, que reside –según su punto de vista- en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El abogado Jordi Pina ha pedido que si el juicio es finalmente en el Supremo haya traducción simultánea al catalán"

El letrado de Junqueras y Romeva ha recalcado ante los magistrados de la Sala Segunda del Supremo que “los poderes públicos catalanes van a ser arrastrados a un foro de muy discutible aplicación”, en clara referencia a la última instancia judicial.  Además, Van de Eynde ha lanzado un mensaje a la Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena y compuesto por los magistrados Antonio del Moral, Luciano Varela, Juan Ramón Berdugo, Andrés Martínez Arrieta, Ana María García Ferrer y Andrés Palomo:  "La oportunidad la tiene la Sala. Decidir qué reglas se van a aplicar a este proceso: si las reglas del proceso debido o las reglas de excepción".

En la vista, a la que se han acreditado hasta 70 medios de comunicación y 226 periodistas, también ha salido a relucir una de las consignas que repite una y otra vez el mundo independentista. “Estamos ante la judicialización de un problema político”, recalcó Marina Roig, abogada del líder de Òmniun Cultural, Jordi Cuixart.

Dicha letrada ha puesto énfasis en que estamos en un momento en el que los poderes del Estado parecen estar “dispuestos a sacrificar derechos fundamentales en aras del derecho a la indisoluble unidad de la nación española”. Roig ha recalcado que su cliente está en prisión por haber participado en la “protesta pacífica del 20-S”, en referencia a las manifestaciones que impidieron la salida de la comitiva judicial de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. Para la defensa está “criminalizando una manifestación ciudadana”.

Asimismo, la letrada de Judith Gené, abogada de Ramona Barrufet, Lluís Guinó i Lluís Corominas, ha sostenido que tras un año de instrucción en el Tribunal Supremo “se ha demostrado que aquellos elementos que lo pudieron haber justificado han quedado desacreditados o han pasado a segundo o tercer término respecto a la instrucción. No puede ser que un pago en una sucursal de Bruselas arrastre la competencia. O que la actividad efectuada por las delegaciones en el exterior arrastre la competencia. La instrucción ha demostrado que el núcleo de los hechos por los que se abrirá juicio oral sucedieron, se planearon, se ejecutaron desde Cataluña”.

No puede ser que un pago en una sucursal de Bruselas arrastre la competencia al Supremo", recalca la defensa de Cuixart

Por su parte, la defensa de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, el abogado Jordi Pina, ha comenzado su intervención señalando sus escasas esperanzas en que el juicio se celebre en Cataluña y no en Madrid. “Me da que pensar que el tribunal ha tomado ya la decisión de no estimar la declinatoria de competencia”, dijo Pina quien acto seguido defendió que no hay “ni un solo elemento típico de los delitos de rebelión o sedición que haga que la competencia del Supremo” puesto que no hubo un "alzamiento violento".

Además, Pina ha enumerado los hechos cometidos fuera de Cataluña que puedan justificar que se les juzgue en el Supremo: comprar urnas, abrir webs, realizar campañas publicitarias, contratar observadores internacionales o preparar censos de votantes. Y advierte de que ninguno de ellos son elementos, según su opinión, que definan el delito de rebelión.

Por último, el letrado ha pedido que si el juicio se celebra finalmente en el Supremo se proporcione a sus clientes una traducción simultánea para que puedan declarar en catalán.