La oferta de Villarejo a la Fiscalía: su libertad y no saldrá más material sensible para el Estado

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva por liderar presuntamente una organización criminal en el marco de la operación Tándem, ha llevado a cabo un primer acercamiento a la Fiscalía Anticorrupción desde que fue detenido en noviembre de 2017 por orden del departamento que dirige el fiscal jefe Alejandro Luzón.

Según ha podido conocer El Independiente, el letrado Javier Iglesias –que ejerce de defensa de Gemma Alcalá, esposa del antiguo agente encubierto– acudió el pasado martes a la sede de Anticorrupción, donde se reunió con los fiscales asignados al caso (Miguel Serrano e Ignacio Stampa) en nombre del policía vinculado a las cloacas del Estado.

El objetivo de dicho encuentro era transmitir a los representantes del Ministerio Público el siguiente mensaje: si Villarejo queda en libertad no verán la luz más documentos sensibles para los cimientos del Estado de Derecho. Entre dicho material que dice tener el comisario, que durante más de dos décadas grabó de manera subrepticia todo y a todos, se encontrarían cintas y mensajes que afectan de forma directa a miembros de la Corona.

En un primer momento, la cita fue solicitada con el fiscal jefe Luzón, quien sostuvo que el encuentro debía ser con los fiscales del caso Tándem, según explican fuentes conocedoras de la reunión. Además, estaba previsto a priori que el letrado de Alcalá -también imputada en dicha causa- acudiera a la misma con el actual abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, aunque finalmente Iglesias se personó este martes solo en la sede de Anticorrupción, sita en la calle Manuel Silvela de Madrid.

Tanto el Ministerio Público como el letrado han reconocido a este diario que este encuentro "privado" se prolongó durante unas dos horas, aunque Iglesias niega los términos del mismo.

Entre el material sensible que tiene Villarejo hay grabaciones y mensajes que afectarían a miembros de la Corona"

El comisario retirado, que lleva más de 13 meses en situación de prisión preventiva, albergaba la esperanza de que el hasta ahora instructor del caso Tándem, el juez Diego de Egea, acordara su libertad próximamente –la última petición de excarcelación realizada a la Audiencia Nacional es de la semana pasada– a cambio de imponerle una fianza millonaria o seguimiento a través de una pulsera telemática.

Trece meses en prisión preventiva

Sin embargo, la inminente marcha del magistrado de apoyo adscrito al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, tras el duro enfrentamiento mantenido con los fiscales, ha hecho que Villarejo haya decidido ofrecer esta especie de ‘pacto’ a Anticorrupción. De hecho, este planteamiento para obtener la libertad fue transmitido en primer lugar al magistrado aunque sin éxito.

A lo largo de los últimos meses, los desencuentros entre De Egea y Anticorrupción han sido notorios. Uno de los motivos era precisamente que el instructor había comentado en más de una ocasión a los fiscales que no era partidario de prolongar la situación de prisión preventiva de Villarejo durante un largo periodo de tiempo.

En contraposición, el Ministerio Público cree que el antiguo agente encubierto -jubilado el 22 de agosto de 2016- debe permanecer encarcelado hasta que se celebre un primer juicio y haya una primera condena para el comisario. Entre otros motivos, porque aprecian un elevado riesgo de fuga si el policía queda en libertad después de que se le incautaran durante los registros de sus domicilios DNI con identidades falsas y pasaportes en blanco.

El comisario albergaba la esperanza de que el juez acordara próximamente su libertad previo pago de una fianza millonaria

Asimismo, las fuentes consultadas explican que no hay precedentes en los que la Fiscalía haya pactado una libertad de un imputado a cambio de no continuar instruyendo una causa, puesto que es una premisa que no está contemplada en el Código Penal. La ley prevé como atenuantes para los investigados las confesiones que realicen, así como los actos de colaboración con la Justicia encaminados a reparar el daño y recuperar activos distraídos.

En la actualidad, el preso José Manuel Villarejo -internado en el centro penitenciario de Estremera (Madrid)- no cumple con ninguno de estos requisitos legales para poder alcanzar un pacto con Anticorrupción.