Podemos pide mantener el nivel de gasto en los Presupuestos Generales del Estado aunque el Senado rechace este miércoles la senda de déficit aprobada el pasado jueves en el Congreso gracias a los partidos independentistas. El proyecto de cuentas del Gobierno enviado a Bruselas contempla unos objetivos de deuda pública del 1,8% que, pese a tener luz verde en la Cámara Baja, serán rechazados por la mayoría de PP en la Cámara Alta.
Ante eso, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha asumido que tendrá que ajustar sus Presupuestos al 1,3% aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, lo que suponen 6.000 millones de euros menos en gasto por parte de la Administración. Mientras el Ejecutivo se resigna a adaptarse a la deuda anterior, el partido de Pablo Iglesias no quiere renunciar a ninguna de las medidas pactadas, y reclama mantener las líneas maestras del proyecto.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya explicaba el pasado jueves en el Congreso su plan ante el rechazo de los objetivos de estabilidad en el Senado: "Volveremos a la senda anterior y tendremos que acomodar ese nuevo Presupuesto a la realidad", resumía la dirigente socialista. Sin embargo, en Podemos reclaman al Gobierno no dar un paso atrás en cuanto al techo de gasto y piden maniobrar para evitar el ajuste de 6.000 millones de euros en deuda pública. Un recorte que obligaría a restringir algunas de las medidas sociales pactadas que el líder de Podemos ha anunciado a bombo y platillo en los últimos meses.
En Unidos Podemos hay distintas sensibilidades en torno a los próximos pasos. Unas voces del partido apuestan en privado por saltarse la legislación y llevar al Congreso los presupuestos previstos, manteniendo el 1,8% de déficit y saltándose la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta ley, que obliga a fijar el nivel máximo de deuda en Las Cortes, es una de las bestias negras de Podemos: la norma, de 2012, es la traducción en el Boletín Oficial del Estado de la reforma del artículo 135 de la Constitución que hicieron PP y PSOE en el verano de 2012, por la que se supeditan las cuentas al visto bueno de la comunidad europea. Desde su nacimiento, Podemos ha cargado duramente contra la reforma del 135, que ha sido parte esencial de su discurso al considerarla como una cesión de soberanía nacional por parte del bipartidismo.
Un sector del partido aboga por aumentar los ingresos para compensar el aumento de gasto
Mientras un sector de Podemos mantiene esta postura, más radical, otro sector aboga por una vía intermedia en la que el Gobierno y Podemos no renuncien a ninguno de sus acuerdos pero sí respeten la legalidad y eviten turbulencias en la tramitación de las cuentas. Esta propuesta consiste en mantener el nivel de gasto público por la vía del aumento de los ingresos. Es decir, aumentar la recaudación en 6.000 millones de euros para poder mantener las medidas incorporadas en el acuerdo presupuestario, lo que supondría duplicar la subida de impuestos, que según el plan actual está valorada en 5.678 millones.
Las vías de recaudación propuestas por Podemos hasta el momento pasan por el llamado "impuesto de solidaridad" a la banca, consistente en elevar en 10 puntos porcentuales el Impuesto de Sociedades a las entidades financieras. Una medida por la que, estiman, podrían recaudarse 5.800 millones, la misma cifra que habría que ajustar en los Presupuestos. En su acuerdo presupuestario, como medida de recaudación, PSOE y Podemos también acordaron reducir las bonificaciones en la contratación. Sin embargo, Podemos iba más allá y proponía otras vías de recaudación, como eliminar todos los beneficios fiscales en la declaración de la renta a las grandes empresas, además de subir un 10% el Impuesto de Sociedades.
No es la primera vez que Podemos aporta su propia fórmula al Gobierno socialista. Hace unas semanas, antes de que el Gobierno anunciara que iba a llevar su senda de déficit al Congreso, los de Pablo Iglesias animaban a Pedro Sánchez a pasar por alto las cortes y a presentar unas cuentas con el 1,8% de gasto sin pasar este nivel de deuda por el Parlamento.
El plan inicial de Podemos consistía en agosto una ruptura unilateral con Bruselas, pactando con el Gobierno la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria vía decreto ley. Una propuesta en línea con su exigencia histórica de derogar la reforma del artículo 135 de la Constitución y suprimir la dependencia europea en las cuentas del país.
Después de la negativa del Gobierno a ceder en estos puntos, Podemos pasó al plan B, consistente en pactar junto al PSOE una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar la capacidad de veto del Senado para esquivar la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta. La reforma se encuentra actualmente paralizada en la Mesa del Congreso mediante la prórroga de enmiendas parciales, de manera que la eventual modificación no afectaría a los trámites de las actuales cuentas.
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