La investigación judicial al clan de los Pujol arrancó en enero de 2013 con el testimonio que prestó la ex novia del primogénito, María Victoria Álvarez, en la Audiencia Nacional ante el juez Pablo Ruz relatando cómo Jordi Pujol Ferrusola realizaba con frecuencia viajes a Andorra con “bolsas llenas de billetes de 500 euros”.

Casi seis años después de aquella declaración, toda la familia Pujol se encuentra investigada en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, que actualmente dirige el magistrado José de la Mata.

La fortuna que el ex president Jordi Pujol i Soley ocultó durante más de 30 años en Andorra al fisco español, así como los complejos negocios millonarios de sus hijos -desvelados durante la instrucción- hicieron que el caso Pujol haya acabado convirtiéndose en una gran macrocausa difícil de manejar.

A lo largo de múltiples resoluciones, el instructor ha comparado al clan con una “organización criminal” que actuaba blanqueando fondos opacos. De la Mata cree que los miembros de “la familia Pujol Ferrusola han venido orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos”.

A día de hoy los investigadores no han conseguido averiguar de dónde procede la fortuna oculta por Pujol

Tras exprimir distintas líneas de investigación durante más de un lustro -y practicar cientos de diligencias- lo cierto es que a día de hoy ni el juez ni la Fiscalía Anticorrupción tienen certeza del origen de la fortuna millonaria del ex molt honorable. La última tesis en la que trabajan actualmente los investigadores es en saber si procede del desfalco del Grand Tibidabo, tal y como declaró en 2012 ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía el empresario Javier de la Rosa.

El otro gran hándicap con el que cuenta esta investigación –cuyo plazo de instrucción vence el 23 de septiembre de 2019- es que ni la Policía, ni el instructor ni Anticorrupción han sido capaces de acreditar el delito de cohecho. Es decir, que los Pujoles hayan recibido comisiones millonarias a cambio de haber adjudicado obra pública de forma irregular desde la Generalitat de Cataluña. Con decenas de Comisiones Rogatorias cursadas por medio mundo este procedimiento -debido a la ley de plazos aprobada por el Partido Popular- se aproxima a su fin.