Andalucía después del PSOE

Cuando al filo de las 21.10 horas del 14 de julio de 1982 el presidente del Parlamento de Andalucía proclamó la elección del socialista Rafael Escudero como primer jefe del Ejecutivo regional tras la etapa preautonómica, en una sesión celebrada en el Real Alcázar de Sevilla, Juan Manuel Moreno Bonilla era un niño de 12 años que difícilmente podía soñar que andando el tiempo se convertiría en la más alta autoridad de la comunidad. No lo ha conseguido aún, pero lo acaricia ya en virtud de los resultados que depararon las elecciones celebradas el pasado 2 de diciembre y el acuerdo posterior alcanzado por el PP y Ciudadanos para consumar el cambio político.

En la segunda quincena de enero, Moreno Bonilla se convertirá previsiblemente en el primer presidente de la Junta de Andalucía no socialista. El repunte de la abstención, el hundimiento del PSOE de Susana Díaz (ha perdido 402.000 votos y 14 diputados respecto  2015), el crecimiento de Cs y la irrupción de Vox han dibujado un escenario desconocido en Andalucía, hasta el punto de que el líder del PP-A -a pesar de cosechar los peores resultados de su partido desde 1990- está a un paso de desembarcar en el Palacio de San Telmo. Si ocurre, como se da por seguro tras proclamar públicamente el partido de Santiago Abascal que no será un "obstáculo" para el cambio, Andalucía habrá dejado de ser la única comunidad que no conocía la alternancia política tras más de 36 años de gobiernos socialistas de forma ininterrumpida.

Andalucía no es el paraíso descrito por los socialistas ni la ruina que en campaña aireaba la oposición. El futuro presidente de la Junta tendrá que enfrentarse a problemas de calado que exigen soluciones impopulares y que pondrán a prueba la solidez del programa de gobierno ya consensuado por el futuro bipartito de PP y Cs: el problema del paro, el régimen clientelar tejido durante más de tres décadas, la elefantiásica estructura administrativa, los recortes en la sanidad, el futuro de Canal Sur...

• Paro. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre del año, Andalucía presentaba a finales de septiembre una tasa de paro del 22,85 %, más de ocho puntos por encima de la media nacional y el triple de la que se registra en la Unión Europea. Expresado en cifras absolutas, más de 898.300 andaluces -420.300 hombres y 477.600 mujeres- en edad de trabajar no tienen ocupación, al menos a efectos estadísticos. La región encabeza este deshonroso escalafón entre las comunidades españolas y tan sólo es superada por las ciudades autónomas de Ceuta (30,79 %) y Melilla (24,01 %). Con esta cota, Andalucía se sitúa entre las diez regiones europeas con mayor nivel de desempleo, entre las que se encuentran los territorios griegos de Dytiki Makedonia, Dytiki Ellada, Ipeiros y Kentriki Makedonia y la francesa de Mayotte. No es de extrañar, por tanto, que en el último estudio general de opinión pública de Andalucía realizado por el Centro de Análisis y Documentación Política Política y Electoral de Andalucía (Capdea), dependiente de la Universidad de Granada, el desempleo (80,7 %) fuera el primer problema para los andaluces con mucha diferencia sobre los dos siguientes: la sanidad (34,6 %) y la corrupción (28,8 %). La reforma y modernización del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) -el Inem de la comunidad- y la apertura de los planes de empleo a la colaboración público-privada son dos de las seis medidas pactadas por PP y CS para reducir la tasa de paro y mejorar las políticas de formación para favorecer el acceso al mercado laboral de los andaluces que hoy no tienen un empleo.

• Corrupción. Los juzgados andaluces instruyen hoy decenas de causas en las que se investigan a ex altos cargos de la Administración autonómica por prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros posibles delitos. El caso que marcó un punto de inflexión es el relativo a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), iniciado hace casi ocho años por la juez Mercedes Alaya y pendiente de sentencia en la pieza matriz. Es la correspondiente al diseño, implantación y mantenimiento del procedimiento específico por el que la Junta otorgó cerca de 1.000 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis durante una década (2001-2010) al margen del sistema legalmente establecido y en la que se han sentado en el banquillo de los acusados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 19 antiguos altos cargos. No es sólo el caso ERE y sus decenas de piezas separadas; también los procedimientos relativos a Invercaria, los avales de la Agencia IDEA, la Faffe, los cursos de formación, las ayudas UGT-A... en mucho de los cuales el PP ejerce la acusación popular. A la espera de que la Justicia depure eventuales responsabilidades penales, la Junta de Andalucía ha recuperado una mínima cantidad del dinero supuestamente defraudado. Según los datos aportados en el Parlamento el pasado mes de julio por el hoy consejero de Economía en funciones, Antonio Ramírez de Arellano, el erario había ingresado 6,7 millones por reintegros de los ERE y 14,1 millones por las irregularidades en las subvenciones concedidas para acciones de formación. En el paquete de 90 medidas pactadas por el Partido Popular y Ciudadanos se incluye el compromiso de creación de una Oficina Antifraude -promesa de Susana Díaz sin cumplir- y la aprobación de un proyecto de ley para proteger a los denunciantes del fraude y la corrupción, entre otras iniciativas en esta materia.
• Sanidad. En vísperas de la pasada campaña electoral, miles de médicos andaluces secundaron diversas acciones de protesta para denunciar "el deterioro de la atención primaria, la falta de inversiones y la mala gestión de este ámbito sanitario". Los facultativos se han rebelado contra los recortes, que han mermado plantillas y han provocado un incremento de la carga de trabajo, y exigen poder disponer de 10 minutos para atender cada paciente (dos menos de los que la Generalitat ha prometido a los galenos catalanes para sofocar las recientes protestas). Sin duda, la gestión sanitaria ha sido uno de los talones de Aquiles de Susana Díaz durante la pasada legislatura, como demuestra la destitución del consejero del ramo (Aquilino Alonso) y la dimisión de parte de la cúpula del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El anuncio de fusión de los hospitales de Granada y Huelva fue la mecha que hizo prender el descontento de millares de sanitarios andaluces, que se echaron a la calle en multitudinarias manifestaciones. Si gobiernan, Moreno Bonilla y Juan Marín -se da por seguro que éste ocupará la Vicepresidencia- prometen la puesta en marcha de un plan de choque para la mejora de la calidad de la sanidad pública que se marca como objetivos destacados reducir "de forma efectiva" las listas de espera -4.779 andaluces esperan para operarse más de 180 días, según las últimas estadísticas publicadas por la Junta- y acabar con el "colapso" de los servicios de urgencia.
• Modelo de financiación. Cuando gobernaba Mariano Rajoy, la entonces consejera de Hacienda y hoy ministra del ramo (María Jesús Montero) sostenía que el debate de la financiación autonómica era "uno de los temas más trascendentes que tenemos en el presente y que va a condicionar el modelo de sociedad que queremos", por lo que exigía al Ejecutivo de la nación un nuevo modelo que fuera más equitativo y que proporcionara los 4.000 millones de euros de más que merece esta comunidad si se aplicara el criterio de la población real ajustada. Ese volumen de ingresos, según la propuesta andaluza, podría obtenerse por la vía de una mayor participación en la recaudación del IVA y por impuestos especiales. Seis meses después de su llegada al Ministerio, Montero se ha limitado a anunciar su voluntad de sentar las bases de un nuevo modelo de financiación que permita que todas las comunidades se sienten "razonablemente cómodas", no sin criticar al anterior Ejecutivo por estar durante años "mareando la perdiz". El programa del futuro bipartito establece el compromiso de exigir al Gobierno de la nación la "reforma inmediata" del modelo de financiación autonómica para que sea "solidario y justo".

• Administración 'paralela'. La Junta de Andalucía cuenta con una Administración 'paralela’ que, después de las fusiones y extinciones acometidas durante la crisis económica dentro de las medidas de estabilidad impulsadas por el Ejecutivo de José Antonio Griñán para cumplir el objetivo de déficit, está formada por 60 organismos: 18 agencias públicas empresariales, 17 sociedades mercantiles, 15 fundaciones y una decena de consorcios. Este entramado da empleo a 23.899 personas, en gran medida sin superar una oposición o concurso y ejerciendo en muchos casos tareas propias de los funcionarios públicos. Éste ha venido siendo otro de los caballos de batalla de la oposición, al crearse una estructura que ha despojado de funciones a muchos funcionarios y en la que el control de la gestión de los recursos públicos resulta más complicada. "Racionalizaremos los organismos autónomos, entes instrumentales y otras estructuras duplicadas e innecesarias de la Junta de Andalucía, suprimiendo los que se hayan visto implicados en casos de fraude y corrupción. Se revisarán y modificarán las bases normativas que han propiciado esta desproporcionada estructura para que esto nunca más vuelva a suceder en Andalucía", prometen PP y Cs.
• Canal Sur. El futuro de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) también entró de lleno en la pasada campaña de las elecciones autonómicas y se ha colado en los programas de las diferentes fuerzas políticas. El más agresivo ha sido Vox, que ha llegado a plantear directamente el cierre del canal autonómico si bien con posterioridad ha matizado su propuesta: ahora defiende que hay que "reducir al máximo" el gasto público. ¿Cuánto cuesta Canal Sur a los andaluces? La RTVA ha gestionado este año un presupuesto de 162,75 millones de euros, de los que 140,36 millones (el 82,24 %) corresponden a transferencias de explotación de la Junta de Andalucía y el resto procede mayoritariamente de ingresos publicitarios. La cadena emplea a 1.462 trabajadores, al pago de cuyas nóminas se destinan cada año 87,1 millones de euros. Sin acercarse ni de lejos a la propuesta inicial de Vox, PP -su secretario general llegó a decir en campaña que prefería "no tener Canal Sur y tener endoscopios en los hospitales", lo que dirigentes del PP tuvieron que matizar posteriormente- y CS quieren revisar la situación de Canal Sur, eternamente bajo sospecha como "instrumento de propaganda" del PSOE: "Constituiremos un grupo de expertos que estudie las posibilidades de redimensionamiento y de mejora de la eficiencia en la utilización de los recursos públicos por la Radio y Televisión de Andalucía, así como las reformas necesarias para garantizar su profesionalidad, imparcialidad, pluralidad e independencia del poder político".