No habrá superdomingo en mayo. Ni tampoco elecciones en marzo. Moncloa ha vuelto a rehacer su hoja de ruta sin importarle demasiado lo que digan sus adversarios (PP y C´s), que cada día le reclaman el adelanto electoral cuanto antes.

Las elecciones en Andalucía han mostrado un mapa político con el que nadie contaba hasta ese fatídico -para el PSOE- 2 de diciembre de 2018. La derecha suma más votos que la izquierda y la aparición explosiva de Vox no ha restado fuerza al bloque conservador, sino todo lo contrario, porque ha movilizado un voto que dormía resignadamente en la abstención.

Como apuntan la mayoría de las encuestas (dejemos al CIS como la excepción que confirma la regla), si ahora se celebraran elecciones generales la derecha le sacaría diez puntos a la izquierda (PSOE más Podemos), que no sumaría con independentistas y republicanos una mayoría como la de que dio lugar a la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez al poder el pasado mes de junio.

Pero la decisión de aplazar hasta nueva orden la convocatoria de elecciones no viene dada sólo por un análisis demoscópico sobre el que existe cierto consenso en el equipo del presidente, sino por la oposición de los barones socialistas con mando en plaza, que no quieren ni oír hablar de hacer coincidir los comicios autonómicos, locales y europeos con las generales. El porqué de esa alergia parece obvio: ni García-Page, ni Fernández Vara, ni Lambán quieren que el voto de castigo que puede recibir Sánchez por sus coqueteos con los independentistas contamine un resultado ya de por sí comprometido en sus respectivas autonomías.

Convocar generales el 26 de mayo sería una afrenta a los intereses de esos dirigentes que ya están haciendo todo lo posible por marcar distancias -como la hecho Susana Díaz tras perder las andaluzas- respecto a la política de dialogo del gobierno con Quim Torra y el independentismo catalán.

La prueba más evidente de que Sánchez ha descartado por completo convocar antes del verano y, si puede, prolongar la legislatura hasta 2020, está en su interés por sacar adelante unos presupuestos que necesitan el voto del PDeCAT y de ERC. Una pretensión que cuenta con el apoyo total de Pablo Iglesias, como forma más eficaz de evitar unas elecciones que le harían perder a Podemos casi la mitad de sus escaños.

No habrá adelanto en marzo ni superdomingo en mayo. Las encuestas y la oposición de los barones con mando en plaza alejan la perspectiva de elecciones generales

Ni Torra, ni su patrocinador Puigdemont, ni Oriol Junqueras van a darle el balón de oxígeno de los presupuestos que necesita Sánchez sólo a cambio de un poco más de dinero o de nuevas inversiones públicas. La idea de un referéndum pactado, con la que el líder de Podemos juega sin pudor, estará sin duda sobre la mesa en los próximos meses, sea en forma de consulta sobre la independencia, o, como quiere Sánchez, como refrendo de un nuevo estatuto con similares competencias al que fue recortado por el Tribunal Constitucional.

Probablemente ese escenario de un mayor acercamiento a los independentistas no es el que más le guste al presidente, pero la asociación de la moción de censura y el ascenso de la derecha combinados le han colocado entre la espada y la pared: o se arriesga a perder el gobierno o gana tiempo -de la mano de los que le hacen perder votos fuera de Cataluña- en espera de una situación más propicia.

Sánchez sabe que en política ganar tiempo puede significar ganar la batalla. Y su objetivo ahora es precisamente ese: ganar tiempo, alejar lo más posible el escenario electoral, tal vez pensando en que un ascenso por encima de lo previsto de Vox movilice en el futuro a una izquierda que, en parte, ha sido desilusionada por Podemos y, en parte, no se fía del rumbo que le quiere dar al PSOE su máximo responsable.

Hasta ahora, a Sánchez las jugadas de riesgo le han salido bien. Pero un error tendría graves consecuencias para su futuro político. El triunfo contra pronóstico en las primarias de mayo de 2017 no ha servido para modificar una realidad que sigue pesando en su contra: no hay más que recordar que del actual grupo parlamentario socialista sólo 15 diputados obedecieron su consigna de votar contra la investidura de Mariano Rajoy el 29 de octubre de 2016; tampoco hay que olvidar que, pese a haber perdido, Díaz sigue controlando el PSOE de Andalucía, el aparato por excelencia del partido, y, menos aún, subestimar que los barones que ahora gobiernan no son ni han sido nunca sanchistas.

Sánchez necesita el apoyo a los presupuestos de los independentistas, que le van a pedir a cambio un referéndum pactado

La negativa de Alfredo Pérez Rubalcaba a encabezar la lista para la alcaldía de Madrid del PSOE es también un síntoma de lo que opina la vieja guardia sobre el actual secretario general del partido. Rubalcaba ha puesto como excusa que le gustaría seguir dando clases en la Universidad para rechazar el ofrecimiento de Sánchez, pero la realidad es que no quiere colaborar con un proyecto que no comparte y menos si tiene al frente a un líder al que no respeta intelectualmente.

El presidente cuenta, eso sí, con un grupo de fieles que le apoya casi ciegamente y que se residencia en Moncloa. Pero su gobierno -que ya ha sufrido bajas significativas- carece de la cohesión necesaria para afrontar los tiempos difíciles que se avecinan en este incierto 2019 que acaba de comenzar. La rectificación que le acaba de hacer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su compañera de gabinete, la ministra de Economía, Nadia Calviño, a cuenta del tope a la subida de los alquileres que reclama Iglesias no es más que un botón de muestra de las deficiencias que muestra la vicepresidenta Carmen Calvo a la hora de marcar el rumbo en las medidas estelares que piensa poner en marcha el gobierno.

Si los votantes creen que el PSOE está jugando con fuego al pactar con los independentistas será muy difícil que la izquierda vuelva a ser mayoritaria

Tras la salida de Rajoy del gobierno y del PP la corrupción ha dejado de ser un arma de desgaste contra el principal partido de la oposición. El mensaje ahora es colocar a Casado y a Albert Rivera a la sombra de Santiago Abascal para agitar el miedo a una derecha retrógrada, algo que ya fue utilizado en su día por Felipe González cuando sacó a pasear al dóberman.

Sin embargo, una cosa esencial ha cambiado. La derecha se ha movilizado porque hay muchos ciudadanos que creen honestamente que la unidad de España corre peligro. Cientos de miles de banderas españolas siguen colgadas de los balcones desde el mes de septiembre de 2017 -algunas con claros signos de deterioro- porque el riesgo que se detectó entonces no ha desaparecido.  Si los votantes del PSOE creen que su partido está jugando con fuego al pactar con los independentistas será muy difícil que la izquierda vuelva a ser mayoritaria en España. Un descalabro del PSOE, en un momento de máxima debilidad de Podemos, sólo sería achacable a la irresponsabilidad de Sánchez a la hora de gestionar un asunto de Estado tan relevante como es la unidad de la nación.