Susana Díaz perderá en los próximos días el enorme poder institucional que supone la Junta de Andalucía, pero el PSOE-A retiene un importante bastión oficial donde resguardarse hasta las elecciones municipales de mayo: seis diputaciones provinciales de las ocho andaluzas. La secretaria general del PSOE-A ha amarrado estos días el apoyo de los ocho secretarios provinciales del partido con el objetivo de hacer frente a una posible ofensiva de la dirección federal del PSOE para intentar derribarla del cargo.
Desde su fracaso en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, la baronesa andaluza ha celebrado reuniones en todas las provincias con sus secretarios generales, alcaldes, diputados provinciales, autonómicos y nacionales con el objetivo de pedir "unidad" en el PSOE andaluz y mostrar su determinación de seguir al frente de la organización. Una vez recabados esos apoyos, la presidenta en funciones ha recobrado la confianza en sus posibilidades de futuro.
Díaz se siente intocable en Andalucía mientras mantenga el respaldo de esos secretarios generales, que en su mayoría ostentan la presidencia de unas instituciones provinciales con gran capacidad presupuestaria y de colocación de dirigentes. A falta de la Junta de Andalucía, las diputaciones serán el cuartel de invierno del socialismo andaluz, que a partir de ahora centrará sus esfuerzos en mantener ese poder municipal en las próximas elecciones de mayo.
El PSOE-A controla todas las diputaciones andaluces salvo las dos en poder del PP, la de Málaga y la de Almería. Es más, los secretarios generales de cada provincia son los presidentes de estas instituciones salvo en el caso de Sevilla, que está en manos del presidente provincial y antiguo mentor de Susana Díaz, Fernando Rodríguez Villalobos. Gran parte del poder orgánico de estos dirigentes procede precisamente en su capacidad de recolocar a militantes y ex alcaldes -una veintena de ex regidores, por ejemplo, en el caso de Sevilla- mientras se priorizan inversiones y subvenciones por los municipios en función de la lealtad interna de sus regidores.
En ausencia de gobiernos autonómicos, las diputaciones se convierten en formidables centros de poder con importantes partidas destinadas a propaganda en medios de comunicación y toda suerte de cargos de libre designación en organismos supramunicipales de difícil control político como mancomunidades, consorcios, agencias de promoción turística, fundaciones, etc. Esos puestos más los de extracción parlamentaria que correspondan al PSOE, desde el consejo de administración de Canal Sur hasta los senadores autonómicos, servirán de colchón laboral para el núcleo duro de la presidenta a partir de ahora.
Díaz considera que mientras cuente con el apoyo de sus secretarios generales y de las plataformas institucionales que todos ellos ostentan podrá mantener el control del partido en Andalucía y será capaz de frenar cualquier conato de rebelión instigada por Ferraz. Hasta ahora, la baronesa andaluza cuenta con el férreo apoyo de los secretarios provinciales y presidentes de las diputaciones de Cádiz, Irene García; Granada, José Entrena Ávila; Huelva, Ignacio Caraballo; Jaén, Francisco Reyes; Córdoba, Antonio Ruiz, y Sevilla, liderada por el presidente del partido en la provincia y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos.
Después de que Ferraz intentara señalarle la puerta de salida tras perder el Gobierno de la Junta, Susana Díaz se ha esforzado por mantener cohesionado y firme a su ejército antes de enseñar los dientes a sus potenciales enemigos, especialmente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se perfila como la elegida por el sanchismo para disputarle el liderazgo del PSOE-A. Así lo hizo la presidenta en funciones durante la entrevista que ofreció el día 25 de diciembre a la Cadena Ser, en la que responsabilizó de su fracaso en las elecciones andaluzas a la política de apaciguamiento de Pedro Sánchez con Cataluña.
“Respeto mucho las estrategias; en Cataluña defiendo el diálogo, que es fundamental para que la política sea útil, pero al mismo tiempo es necesario un cumplimiento claro y nítido del Estado de Derecho”, aseguró la dirigente socialista, que insistió en que el diálogo sólo es posible cuando se acatan las normas. “Para mí lo primero es el respeto a la ley. La ley tiene que ser igual para todos y su cumplimiento también. En Cataluña determinados dirigentes del Gobierno llevan demasiado tiempo saltándose las normas”, aseguró.
La presidenta se desmarcó claramente del Gobierno y abogó por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. A su juicio, “no puede plantearse la cuestión de Cataluña como una discrepancia entre dos gobiernos de igual a igual. En absoluto. Hay un Gobierno, el Gobierno de Cataluña, que está echándole un pulso al Estado, a nuestra propia Constitución y a nuestro Estado de Derecho, y por lo tanto no es un conflicto entre dos gobiernos de igual a igual. Es un Gobierno que permanentemente está echándole un pulso a nuestra democracia. Y ante eso el Estado tiene mecanismos y garantías constitucionales para hacer frente”, insistió, antes de comparar el desafío independentista con la barbarie de ETA: “En este país quienes utilizaron el terrorismo para defender lo que ellos llamaban un conflicto político no lograron que fuera reconocido como tal por el Estado de Derecho. Hubo gobiernos de un color y de otro y nunca se reconoció un conflicto político a quienes utilizaron la violencia y el terrorismo”.
Preguntada por si se sentía respaldada por Ferraz, Díaz recodó que "la tradición en el PSOE es que al que gana no se le pide que se vaya”, antes de mantener su desafío a Pedro Sánchez con la elaboración de las próximas listas electorales, que en el caso autonómico no incluyeron a ningún representante del sanchismo. En esa línea, anunció que la autonomía del PSOE andaluz y el proceso para elegir a las nuevas candidaturas en las municipales y las generales “será igual”.
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