Penalizar a las agencias intermediarias en la gestación subrogada y a los que acuden a ellas, restringir el registro en España de los bebés nacidos en otros países y agilizar la adopción son las principales líneas del informe interno con el que trabaja el PSOE para regular los vientres de alquiler.

Se trata de un documento elaborado por un grupo de expertos del Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE, según adelantó el diario El País, en el que participa la portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y presidenta de este Consejo, Altamira Gonzalo.

En declaraciones a Efe, Gonzalo ha asegurado que alquilar un vientre para la gestación por sustitución supone comprar un bebé y en España "se penaliza el tráfico de personas" y ha calificado esta práctica como una forma de violencia machista y explotación reproductiva, al igual que los matrimonios forzosos o la mutilación femenina, como recoge el Convenio de Estambul (2014).

El informe de los expertos busca modificar el artículo 221 del Código Penal para así penalizar la firma de contratos y la intermediación e insta a la redacción de un convenio internacional amparado por la ONU, que prohíba estas prácticas y que se consideren una violencia más para las mujeres.

Como alternativa, apuesta por la modificación de los trámites para la adopción, con el fin de agilizarlos y facilitarlos, al incidir en que, según una sentencia del Tribunal Supremo de 2014, "la dignidad de las mujeres es un derecho fundamental que colisiona con el interés de los menores".

En la actualidad en España la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida -Ley 14/2006 de 26 de mayo- considera nulos los contratos de este tipo de gestación, ya sea con o sin compensación económica, por lo que los padres que desean tener hijos por este sistema acuden a otros países.

No obstante, el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a percibir prestación por maternidad o paternidad en los nacimientos a través de esta práctica y una instrucción de la Dirección General de Registro y del Notariado de 2010 permite inscribir a esos niños.

El debate sobre su posible legalización ha sido abierto por Ciudadanos, cuyo presidente, Albert Rivera, considera que en la gestación subrogada "solo hay amor, vida, libertad y respeto" y que recurrir a los vientres de alquiler es "un derecho".

Ciudadanos rechaza que se criminalice a las familias que recurren a esté método, por el que llegan a España unos mil niños cada año en España y que cuesta entre 100.000 y 150.000 euros por gestación.

El Gobierno se opone a la gestación subrogada, ya que tanto la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, como la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, la han comparado con "la compra venta de niños". Además, Carcedo es partidaria de que esta técnica pueda ser declarada ilegal en el ámbito internacional.

El Comité de Bioética de España (CBE), que asesora al Gobierno sobre materias relacionadas con la ética y la salud, ha instado a prohibirla, al considerar que todo contrato de gestación entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor.

Por su parte, PP, PSOE o Unidos Podemos la rechazan, así como las más de 300 organizaciones que integran la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres, que reclamaron al Gobierno que liderara una campaña y actuara ante Naciones Unidas para "frenar" el alquiler de vientres y el tráfico de bebés.

Sin embargo, las asociaciones de familias de gestación subrogada como Son nuestros hijos piden respeto y que no se criminalice a las personas que han creado una familia de esta forma.

La maternidad subrogada es una técnica de reproducción asistida por la que se concierta con una mujer la gestación, de forma que, tras dar a luz al bebé, esta renuncia a la filiación materna y lo entrega a los contratantes.

Uno de los principales destinos es Estados Unidos, aunque por su alto coste muchas personas recurren a otros países, a veces con menores garantías jurídicas y sanitarias, pero más baratos, como Ucrania, Georgia, Rusia, Grecia o Vietnam.