El comisario Villarejo espió 4.000 teléfonos sin orden judicial por encargo del BBVA

El comisario José Manuel Villarejo espió 4.000 teléfonos y rastreó unas 15.000 llamadas sin orden judicial en la investigación que le encargó el BBVA para frustrar la operación de toma de control del banco por parte del constructor Luis del Rivero, presidente de Sacyr, a finales de 2004.

Así se deduce de la documentación que el controvertido policía entregó a la entidad financiera a resultas de sus pesquisas, según desvelan este jueves moncloa.com y El Confidencial. Las pruebas dejan en una situación insostenible a Francisco González (FG), máximo responsable del BBVA en aquellas fechas y presidente honorífico desde hace unas semanas.

El banco recurrió a los servicios de una empresa de Villarejo (V & V Development) para espiar a los promotores de la operación con la que se intentó desbancar a FG de la presidencia de la entidad. Esas personas fueron Luis del Rivero, presidente de la constructora Sacyr; el empresario Juan Abelló, consejero del banco, y Miguel Sebastián, en aquellas fechas director de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero y antiguo empleado del servicio de estudios de la entidad. El polémico comisario bautizó aquellas pesquisas como Operación Trampa y cobró por ellas medio millón de euros.

A finales de 2014, Sacyr comenzó una ofensiva sobre el BBVA para hacerse con una participación significativa en el banco. Este movimiento se consideró una operación política de acoso y derribo a Francisco González por parte del banco y provocó un terremoto en el sistema financiero que desató el debate del peligro que podía entrañar la entrada de las constructoras en los bancos, como ocurrió en los años ochenta.

El policía entonces en activo rastreó unas 15.000 llamadas en plena operación para intentar derribar a FG de la presidencia del banco

Finalmente, en abril, la constructora dio un paso atrás porque, según señaló, “se había politizado la situación”. Uno de los obstáculos con que se topó fue la negativa del Banco de España a dar apoyo explícito a que la empresa de Luis del Rivero entrara en el consejo del banco. El entonces gobernador, Jaime Caruana, sugirió además que Sacyr no era un accionista idóneo, según la ley.

Según los documentos a los que han tenido ambos medios, Villarejo accedió de manera presuntamente ilegal a las comunicaciones de los promotores de aquella maniobra para tratar de conocer posible información comprometedora de ellos y luego filtrarla a fin de anular el intento de descabalgar a FG de la presidencia del segundo banco del país. El espionaje incluyó aspectos de la esfera privada de algunas de esas personas.

El trabajo realizado por el entonces policía en activo no sólo incluyó a las tres personas que en el banco se señalaba como los promotores de la maniobra. Los rastreos telefónicos también alcanzaron a representantes de agencias de valores (Intermoney), abogados (Matías Cortés y Jaime Queipo de Llano) y medios de comunicación (Hispanidad e Intereconomía) de los que sospechaban que podían estar apoyando la citada maniobra para sacar a FG de la presidencia.

La orden de controlar a determinadas personas partió presuntamente del entonces jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, y con conocimiento supuestamente de Francisco González. Como informó El Independiente, Corrochano ha reconocido que se investigó a Miguel Sebastián. "Queríamos ver quién estaba detrás para defender el banco”, reconoció.

La empresa de Villarejo iba reportando quincenalmente a los responsables del BBVA de los seguimientos que realizaba, para lo que elaboró tablas de Excel recopilando la información sobre las llamadas que las personas 'monitorizadas' realizaban, a quiénes y a qué hora.

"Ocho equipos de personal especializado"

El comisario hoy en prisión detalló en uno de los informes remitidos al banco que, en la ejecución del plan, participaron “ocho equipos de personal especializado" que actuaron "con arreglo a un diseño de operación" que se había "gestado sobre la base del oportuno estudio de campo”.

En cuanto a los medios técnicos, estos constaron de "ocho dispositivos para la captación” de información, "ocho dispositivos de comunicaciones", "cuatro dispositivos de contramedidas", "tres bases estáticas y una externa de apoyo de emergencia", "equipos de audio para grabaciones convencionales", "equipos de captación de audio en ambientes hostiles", "equipos ópticos captadores de imágenes en situaciones adversas", "12 coches y cinco motos para vigilancia/transporte", "tres vehículos base para comunicaciones", "elementos varios de transmisión dúplex" y "software' y 'hardware' para acceder a determinados bancos de datos", entre otros.

José Manuel Villarejo se encuentra en prisión preventiva desde el 5 de noviembre de 2017 en el centro penitenciario de Estremera (Madrid) por orden de la Audiencia Nacional, que lo investiga por la comisión de delitos de cohecho, revelación de secretos, falsedad documental, organización criminal y blanqueo de capitales.

Trabajos al menos desde 2004

El juez que instruye el caso Tándem sostiene que el antiguo agente encubierto "había sido contratado por clientes" para elaborar "informes de inteligencia y dosieres utilizables en el ámbito de luchas personales" valiéndose de la información "confidencial" a la que podía acceder por su "condición policial". Como contraprestación recibía "grandes cuantías", tanto en dinero en efectivo como en pagos "en especie" para él o sus familiares.

Hasta ahora, el instructor situaba el inicio de esos trabajos en el año 2012, si bien el encargo realizado por el BBVA para abortar el plan de Del Rivero para tomar el control del banco pone de manifiesto que ya llevaba a cabo estas tareas al menos desde finales de 2004.

Mientras Villarejo siempre ha mantenido que no sólo no ocultó a sus superiores que llevaba a cabo actividades privadas mientras pertenecía a la Policía Nacional sino que el Estado se aprovechó de esa estructura empresarial, la Fiscalía Anticorrupción acusa al ex comisario de desarrollar dichos trabajos privados “sin la previa solicitud de compatibilidad e infringiendo las prohibiciones legales establecidas en la normativa de incompatibilidades que afectan a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía".