La Policía descubre nuevas pruebas del operativo para robar material sensible a Bárcenas

La Policía Nacional cuenta con nuevas evidencias que acreditan el uso de fondos reservados para pagar al chófer de Luis Bárcenas en el marco del dispositivo policial "ilegal" que sirvió presuntamente para sustraer al ex tesorero del Partido Popular información sensible sobre la 'caja B' del PP. El Ministerio del Interior facilitará esta documentación relativa a la llamada Operación Kitchen al magistrado que instruye el caso de los papeles de Bárcenas, José de la Mata, cuando el Consejo de Ministros acuerde en los próximos días la desclasificación de la información por tratarse de materia 'secreta'.

Según ha podido saber El Independiente en fuentes conocedoras de la investigación, agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional han hallado nuevas pruebas sobre el robo de documentación sensible al matrimonio Bárcenas-Iglesias después de que Interior enviara el pasado mes de diciembre al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional -el órgano que investiga la llamada Operación Kitchen, la séptima pieza separada del caso Villarejo- el informe que le había solicitado sobre detalles de dicho dispositivo policial para determinar si se han cometido delitos.

Las fuentes consultadas destacan la dificultad para encontrar la documentación requerida por la Audiencia Nacional, dado que con el nombre de 'Kitchen' -'cocina' en inglés- no figura en ninguno de los archivos policiales. Es, de hecho, la denominación con la que los policías que participaron en la operación, entre ellos el comisario José Villarejo y Enrique García Castaño, bautizaron a la misma.

Lo cierto es que durante meses, Villarejo y otros altos mandos policiales recibieron las confidencias del entonces chófer de la familia Bárcenas. Sergio Ríos, antiguo militar y quien se dirigía al agente encubierto hoy en prisión preventiva como "mi coronel", fue captado como confidente mientras el ex tesorero del PP estaba en prisión preventiva (desde finales de junio de 2013 a principios de 2015) con la esperanza de que como testigo de conversaciones de Rosalía Iglesias y sus hijos pudiera suministrar pistas de interés que permitieran a los investigadores conocer dónde guardaba aquél el dinero de las mordidas y qué testaferros utilizó para ocultar su patrimonio.

Interior remitirá en breve un informe con todos los datos hallados sobre la 'Operación Kitchen' al juez que investiga la causa de la 'caja B' del PP

Ríos, que está imputado por delitos de malversación, prevaricación y robo o hurto, cobró por esa colaboración al menos 48.000 euros, procediendo el dinero de los fondos reservados gestionados por Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro. Las fuentes reconocen la existencia de recibís firmados por el antiguo chófer -hoy policía adscrito a una comisaría de Madrid- y en los que aparece el nombre o el número de carné profesional de José Manuel Villarejo (14.773), jubilado desde junio de 2016 y en prisión preventiva desde hace casi 14 meses. Uno de esos recibos de cobro, por valor de 2.000 euros, fue interceptado durante el registro que agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo en las oficinas que el comisario vinculado a las cloacas del Estado tenía en el edificio de Torre Picasso (Madrid).

Interior entregó a finales de 2018 al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional un informe sobre la Operación Kitchen -que se encuentra bajo secreto de sumario- después de que el Consejo de Ministros aprobara en su sesión del pasado 7 de diciembre desclasificar como materia calificada con la categoría de "secreto" la documentación relativa a este dispositivo policial por estar afectada tanto por la ley sobre secretos oficiales como por la que regula la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados.

Fue en la misma reunión en la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez acordó liberar del deber de secreto a los funcionarios policiales que hubieran intervenido en dicho dispositivo para que puedan declarar como testigos o, en su caso, voluntariamente con la condición de imputados para aclarar los hechos que se investigan.

Pagos a cambio de información

La dispensa de dicha reserva tuvo lugar cuatro días después de que la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional enviara al juez De la Mata un oficio de folio y medio en el que reconocía que, para ejecutar el dispositivo Kitchen, se utilizaron "confidentes" o "informadores" con una "remuneración periódica a cambio de la información facilitada".

"De los indicios recopilados hasta el momento, se conoce que en dicha operación han participado funcionarios adscritos a la sazón (años 2013 a 2015 aproximadamente) a la Dirección Adjunta Operativa del CNP [Cuerpo Nacional de Policía] así como a la Comisaría General de Información, existiendo la constancia de colaboradores o informadores, alguno de los cuales recibía una remuneración periódica a cambio de la información facilitada", admitió la Policía.

El ex chófer de Bárcenas, tras comparecer como investigado el 12 de diciembre ante el juez del 'caso Villarejo'. EP

El informe completo sobre "los objetivos, preparación, aprobación, ejecución, supervisión y control" de dicho operativo y la identificación de las personas que participaron en el mismo, como ha requerido el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional a la Secretaría de Estado de Seguridad, quedaba a la espera de la desclasificación oficial de la documentación.

El interés del juez De la Mata por los resultados de esa operación policial se producía después de que El Mundo difundiera la existencia de documentos relacionados con la posible financiación irregular del PP que se investiga desde 2008 en el marco del caso Gürtel, como aparentes manuscritos de Rosalía Iglesias, anotaciones de Luis Bárcenas y apuntes sobre ingresos y gastos del Partido Popular no aportados hasta ahora por el ex tesorero. El instructor de la causa de la 'caja B' quiere disponer de la citada documentación por si arroja la luz para aclarar los hechos que investiga antes de dar por cerrada la instrucción.

Las fuentes consultadas por este diario han informado de que el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, antes de enviar el informe al magistrado José de la Mata, llevará al Consejo de Ministros de nuevo una propuesta de acuerdo para desclasificar nuevamente los documentos ya remitidos al juez de Egea al entender que son causas distintas instruidas por juzgados diferentes. Esa autorización podría formar parte del orden del día de la reunión que el Ejecutivo celebrará este viernes o, como muy tarde, la próxima semana.

Sergio Ríos compareció en calidad de investigado el pasado 12 ante el juez que instruía el caso Tándem, si bien optó por acogerse a su derecho a no declarar. Quien no ha sido citado hasta ahora es el comisario principal Enrique García Castaño, El gordo, quien pidió en reiteradas ocasiones al juez De Egea que se dirigiera al Consejo de Ministros para que le dispensara de la obligación que tiene de guardar silencio a fin de informar sobre el desarrollo y los frutos del dispositivo policial desplegado entre 2013 y 2015 y ahora bajo sospecha.

Además, la Audiencia Nacional también está pendiente de tomar declaración como imputados al ex número dos de la Policía Eugenio Pino -en cuya etapa se puso en marcha este operativo- y al inspector jefe Andrés Gómez Gordo.