El Tribunal Supremo ha ratificado que la Policía Nacional recurrió a un atajo para que mandos pudieran obtener un título universitario y poder optar así a puestos de alta responsabilidad en la estructura del Cuerpo, entre ellos el hoy máximo responsable de la lucha antiterrorista: el comisario principal Eugenio Pereiro.
En una sentencia fechada el pasado 15 de noviembre, de la que ha sido ponente el magistrado José Luis Requero, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del TS confirma el fallo emitido por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el 6 de mayo de 2015 y concluye que el grado en Criminología que cursaron inspectores y comisarios fue obtenido "en un periodo corto de tiempo (pocos meses)", a distancia y con una carga lectiva de tan sólo 60 créditos. El alto tribunal, con todo, no anula la titulación.
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ofertó el grado en Criminología para unos 200 funcionarios del Cuerpo Nacional en los cursos académicos 2013/2014 y 2014/2015 tras el convenio que la Dirección General de la Policía firmó con esta universidad pública madrileña en 2013 -en la etapa de Ignacio Cosidó, hoy portavoz del PP en el Senado, como director general- para la creación de un grado on line de 60 créditos. La formación tenía una duración de nueve meses.
Uno de los requisitos para acceder a puestos de libre designación era tener la categoría de comisario principal, a la que sólo se puede acceder hoy si se está en posesión del título universitario oficial de grado. Así lo establece la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional, vigente desde finales de julio de 2015.
El TS confirma que el grado en Criminología cursado por unos 200 inspectores y comisarios no es equivalente a una licenciatura
El alto tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por un comisario principal después de que la Audiencia Nacional hubiera desestimado su pretensión de que se le reconociese que su formación como inspector y luego como comisario equivalía a un título de licenciado universitario.
Entre otros motivos, la Audiencia Nacional esgrimió que el mando policial "no acreditó haber cursado un mínimo de 180 créditos". Tampoco constaba la fecha de matrícula en los estudios de grado en Criminología, la titulación de acceso, las materias superadas, ni el curso académico en que se realizaron dichos estudios. "Es un hecho que el título aportado fue obtenido 'en un periodo corto de tiempo (pocos meses)', mediante curso a distancia y con una carga lectiva de 60 créditos y que se trató de un curso organizado por la Universidad Rey Juan Carlos dirigido a inspectores del Cuerpo Nacional de Policía para que pudieran obtener un título oficial de grado, pero que es insuficiente para equipararlo al de licenciado", sentenció.
El Tribunal Supremo hace ahora suyos los argumentos de la Audiencia Nacional y ratifica que no es factible la equivalencia entre el título de grado en Criminología expedido a nombre de este comisario con el de licenciado por no alcanzar los 180 créditos "ni, por descontado" equivale a un actual título de grado que exige un total de 240 créditos".
La Universidad mantiene que el grado cumple con la carga lectiva exigida y anuncia que recurrirá la sentencia por la "indefensión generada"
La Dirección General de la Policía ya reconoció que los funcionarios que cursaron el grado en Criminología por la URJC tan sólo cursaron 60 créditos, carga lectiva -informó- que se sumaba a los 180 créditos en que se calculó la formación recibida para acceder a las categorías de inspector y comisario.
La URJC ha anunciado este jueves que recurrirá la resolución del Tribunal Supremo por la "indefensión generada", al afirmar que el Grado en Criminología de la URJC "no cumple con la carga exigible para ser tenido en cuenta como tal". La Universidad lamenta que no haya sido requerida en ningún momento para "aportar la documentación que demuestra que el Grado en Criminología cumple con los 240 créditos exigidos".
La Universidad insiste en que dicho grado es un "título oficial" aprobado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y cuyo título "ha sido acreditado por la Agencia Regional de Calidad, la Fundación Madrid+d, órgano competente en el seguimiento de la calidad de las titulaciones universitarias.
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