Junqueras pide traducción simultánea y 5 observadores para que el juicio sea "justo"

El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el ex conseller Raúl Romeva han pedido al Tribunal Supremo que “les permita la utilización del idioma catalán en cualquiera de sus intervenciones” en el juicio del ‘procés’ “esto es, durante su interrogatorio, últimas palabras o careos, en el caso de que sea su intención el de expresarse en su lengua materna”. Así lo recoge en el escrito de defensa que han presentado ante la Sala Segunda del Alto Tribunal, al que ha tenido acceso El Independiente.

En el documento, el líder de ERC y el ex conseller de Asuntos Exteriores afirman que en el Supremo “deberán proveerse los sistemas de interpretación simultánea que fuesen precisos para la traducción al castellano de tal forma que se permita el desarrollo del juicio oral en términos de normalidad” ya que, de conformidad con “la Carta Europea de Lenguas Minoritarias, hecha en Estrasburgo en 1992 y ratificada por España en 2001, el uso de la lengua propia cooficial debe garantizarse en el proceso penal”.

El ex vicepresidente de la Generalitat alude a la jurisprudencia del TEDH para declarar en catalán en el juicio

Su defensa –ejercida por el letrado Andreu Van der Eyden- explica que esta petición está “vinculada de forma directa” con el derecho al juicio justo y el derecho a la autodefensa o a la participación personal del acusado en su defensa, “de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)”. En este sentido, el abogado de Junqueras y Romeva exige que se facilite, además, la presencia durante el juicio oral de “intérprete de idioma catalán para la asistencia a las partes con relación a la documentación que pueda ser objeto de exhibición o confrontación durante los interrogatorios a acusados y testigos o en el trámite de prueba documental”.

Diez familiares y 5 observadores por acusado

Por otro lado, los presos instan al tribunal a que garantice que en la sala de vistas habrá “espacio suficiente” para que cada uno de los encausados “pueda disponer de 10 plazas para allegados y familiares y 5 plazas para observadores internacionales”.  “Los acusados tienen derecho a que el juicio oral pueda desarrollarse con la presencia dentro de la misma sala de vistas de familiares y allegados y de observadores internacionales cuyo conocimiento del desarrollo del juicio oral no puede depender de la edición o difusión efectuada por medios de comunicación, debiendo de ser una percepción directa de la vista”, sostiene el letrado Van der Eyden.

“Resulta evidente que el acusado debe poder afrontar el juicio oral con la seguridad de que en el espacio destinado al público presente en la sala exista lugar disponible para la presencia de familiares y allegados que puedan ofrecer un legítimo apoyo emocional y que tienen derecho a percibir el desarrollo de la vista que se lleve a cabo respecto de los acusados con los que existe un vínculo personal”, reza el escrito de defensa.

Por otro lado, el abogado de Junqueras y Romeva sostiene que, para la preservación de los derechos de los acusados "sería necesario" que la vista del juicio "pudiera ser celebrada en la localidad de Barcelona, en instalaciones del Poder Judicial idóneas para su correcta celebración".

Una condena a España

Por su parte, la defensa del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, sostiene que el juicio al desafío independentista en Cataluña “acabará con la condena del Estado por vulneración de derechos democráticos” y hace referencia a la sentencia de la  Sala Segunda del Supremo de 20 de julio del 2007 referente a la cárcel de Guantánamo donde se recogía del “decaimiento generalizado de garantías procesales y la desproporcionalidad de las penas”.

“Es por ello que cuando esta parte plantea la posibilidad que este procedimiento nos esté adentrando al conjunto del sistema penal español por los caminos peligrosos del derecho penal del enemigo no lo hace como meros desahogos defensivos como se calificaba en el auto de esta Sala de 27 de diciembre”, responde la letrada Marina Roig en alusión a la resolución de la Sala donde rechazó las cuestiones previas planteadas por Cuixart y se manifestó que “la afirmación de un escenario de excepción o de un derecho penal del enemigo, son tomadas por la Sala como legítimos desahogos defensivos que, al carecer del más mínimo respaldo argumental, van a limitar sus efectos a los de su simple constancia”.

Cuixart sostiene que el juicio acabará con una condena al Estado español y se refiere a la sentencia de Guantánamo

Sobre la utilización del catalán en el juicio, la abogada “solicita la tramitación íntegra del procedimiento en lengua catalana, tal como sucede en otros países plurilingües de nuestro entorno, como Bélgica". Una posibilidad -argumenta- que "solo es posible garantizarla mediante la atribución de la competencia en los tribunales ubicados en Cataluña, donde la praxis judicial ya se orienta en esta dirección”.

Por otro lado, esta parte recalca en el escrito de defensa que, durante el procés, “Jordi Cuixart actuó consciente de su compromiso democrático en la defensa de los derechos humanos y libertades públicas, incluido el derecho a la autodeterminación, y ante la negativa cerrada de un Estado a ofrecer vías de diálogo, trabajó incansablemente para la protección de dichos derechos en el marco del conflicto político que se vive entre Catalunya y el Estado español”.

“Jordi Cuixart ejerce, ha ejercido y ejercerá, desde la no violencia, siempre que sea necesario, la desobediencia civil, un instrumento, por otro lado, perfectamente legítimo en una sociedad democrática”, subraya Roig.