La batalla contra la instrucción del Juzgado 13 de Barcelona sobre el 1-O ha llevado hoy a la junta de jueces de la capital catalana a hacer pública una declaración en la que defienden el reparto de esa causa, que instruyó desde inicios de 2017 el juez Juan Antonio Ramírez Suner y que se ha convertido en la principal fuente de pruebas para la instrucción seguida después en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional contra los líderes del proceso independentista. La acusación de una de las defensas sobre presuntas irregularidades en la adjudicación del caso a Ramírez Sunyer ha provocado además una seria crisis en el seno de la administración judicial después de que la anterior jueza decana avalara esas acusaciones en declaraciones a TV3, acusaciones que al día siguiente fueron desmentidas por al actual decana, Mercè Caso.

Visto que el cuestionamiento de la instrucción del Juzgado 13 se mantiene en diversos medios, la Junta de Jueces de Instrucción de Barcelona ha hecho público hoy un comunicado en el que dan la razón a Caso, defienden el reparto de la causa y recriminan a su anterior jueza decana, Maria José Feliu -actualmente magistrada de la Audiencia de Barcelona- sus declaraciones públicas. No sólo eso, le recuerdan que el cambio de criterio en el reparto de causas que permitió la adjudicación a Ramírez Sunyer la instrucción del 1-O se aprobó en una Junta de Jueces que ella presidió, y fue ratificada por la Sala de Gobierno en base, precisamente, a un escrito del que ella fue ponente.

"Es lamentable que una magistrada en ejercicio realice este tipo de manifestaciones que causan grave descrédito a la Administración de Justicia" concluyen los jueces de instrucción de Barcelona, que han remitido su denuncia al Superior de Justicia de Cataluña y al Consejo General del Poder Judicial.

En el comunicado, la Junta de Jueces lamenta además "los juicios de valor falsos vertidos sobre el fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer, quien fue un ejemplo de honestidad" del que recuerdan que se mantuvo en activo hasta su fallecimiento, instruyendo entre otras la causa sobre el 1-O "con pleno respeto a los derechos fundamentales y las garantías constitucionales".

El origen de la causa del 1-O

La bronca por la instrucción del 13 se explica porque de ese juzgado partieron las primeras actuaciones judiciales para frenar el referéndum ilegal, entre ellas los registros del 20 de septiembre que a la postre llevarían a la detención de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Esos registros pusieron en manos de la Audiencia y el Supremo pruebas claves de la instrucción como el informe Infocats o la famosa agenda moleskine en la que el ex número dos de Economía, Josep Maria Jové, consignó el día a día previo al referéndum independentista.

Por eso desde el independentismo se multiplican los esfuerzos -jurídicos y mediáticos- para anular toda la instrucción de Ramírez Sunyer, al que se ha representado como un juez de ultra derecha obsesionado en contra del independentismo. Y el cuestionamiento del reparto de casos abre la posibilidad de anular esa instrucción, que afectaría directamente también a las instrucciones de la Audiencia Nacional y el Supremo.

Mercè Caso, ha insistido en los últimos días en que  la petición de nulidad de la causa del 1-O que han planteado algunos imputados parte de un "error importantísimo" al basarse en las normas de 2010, ya que el modelo vigente desde 2014 "no es manipulable" y es "absolutamente aleatorio". Ese año, la Junta de Jueces acordó eliminar el criterio de exclusión

En el caso que propició la investigación sobre el 1-O, el abogado Miguel Durán interpuso el 27 de enero de 2017 una denuncia contra el exsenador de ERC Santi Vidal por sus conferencias -en las que afirmó que el Govern tenía una partida "camuflada" de 400 millones para el referéndum- y el juez de guardia, el de instrucción 9, la remitió al decanato para su reparto, en aplicación de la regla de las 72 horas. Según la petición  de nulidad, el día 28 de enero de 2017 estaba de guardia el juzgado de instrucción número 13, por lo que el letrado concluye que ni el juez del 9 ni el del 13 podían haber recibido la causa.

Sin embargo, la norma que decía que no podían recibir asuntos ni el juzgado que estaba de guardia ni el que entraba de guardia al día siguiente no estaba vigente cuando se interpuso la denuncia que dio lugar a la causa que llevó el juzgado de instrucción número 13, ya que este criterio se eliminó por acuerdo de la Junta de Jueces en julio de 2010, en una reunión presidida precisamente por Feliu. Desde entonces, el reparto se hace a partir de un sistema informático aleatorio gestionado por el Departamento de Justicia de la Generalitat.