Cargos de confianza del PSOE plantean una demanda colectiva para quedarse en la Junta

Unos 40 trabajadores nombrados por los gobiernos socialistas como personal de confianza en la Junta de Andalucía están planteando una demanda colectiva para que se les reconozca como personal laboral de la Administración y no cesen el próximo martes, fecha prevista de constitución del nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos. Estos cargos de confianza han contactado con el despacho de Cuatrecasas en Sevilla, que les ha trasladado su confianza en ganar la demanda para demostrar que sus funciones no tenían un carácter político, sino técnico. Con ese objetivo les han recomendado que aporten correos electrónicos y mensajes enviados por sus jefes, miembros del Gobierno en funciones, que demuestren que ellos sólo ejecutaban órdenes de carácter técnico.

Los trabajadores, muchos de ellos periodistas de la Oficina del Portavoz del Gobierno, y en la mayoría de los casos con décadas en la Administración, defienden que han desarrollado funciones de técnicos durante más de dos legislaturas, por lo que sus nombramientos como eventuales de confianza son un fraude de ley, ya que debían haber sido contratados como personal laboral fijo.

La diferencia entre ambas categorías es que el personal de confianza cesa cuando lo hace el Gobierno que les ha nombrado sin ninguna indemnización. En el caso del personal laboral fijo, si son despedidos sí que tienen derecho a esa reparación económica junto al paro. Es decir, si esos trabajadores consiguen que los tribunales les mantengan en sus puestos tendrán dos opciones: continuar en la Administración, como ha ocurrido en antecedentes anteriores que han ido engrosando así  la administración paralela de la Junta durante décadas, o ser despedidos con el consiguiente coste en indemnizaciones para las arcas públicas.

Fuentes del Gobierno andaluz explican que entre esos cargos de confianza se encuentran documentalistas, auxiliares administrativos, secretarias y hasta los cocineros del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta. En esos casos, serán los jueces los que diluciden si una persona realizaba una función técnica, por ejemplo, en una cocina o en un gabinete de prensa, como plantea la demanda, o si funcionaban como asesores de los políticos, por lo que se considerarían personal eventual de confianza.

En este sentido, hay antecedentes de personal laboral que se ha mantenido en la Junta por sentencias judiciales durante los últimos años. En su mayoría, y a diferencia con el personal de confianza, se trataba de trabajadores contratados por obras y servicios. Por ejemplo, la plantilla del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha experimentado un incremento de más del 60% pasando de los 2.153 trabajadores en 2010 a 3.444 en 2016 incorporando a los trabajadores despedidos que han ganado sus casos en los tribunales provenientes de programas de empleo temporales como los consorcios escuela, los agentes locales de promoción de empleo (ALPE) y los ex asesores laborales del plan Memta.

El Gobierno de José Antonio Griñán disolvió los 95 consorcios de empleo conjuntos con ayuntamientos y diputaciones, y financiados por el Estado, que se denominaban Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local (UTEDLT) y el 30 de septiembre de 2012 despidió a los casi 800 agentes locales de empleo (ALPE) que trabajaban en ellos. Esos trabajadores consiguieron que los tribunales decretasen un "fraude de ley" y condenara a la Administración a readmitirlos y a pagar con intereses de demora los salarios de tramitación. Según expuso en el Parlamento el entonces consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, el pulso judicial costaba unos 70.000 euros al día y superaba los 75 millones de euros en 2015.

Este mes de mayo, la Cámara de Cuentas de Andalucía emitió un informe de fiscalización de la Fundación Andalucía Emprende en su ejercicio de 2015, cuando contaba con 955 trabajadores en plantilla, 764 contratados a dedo. De entre ellos, la Cámara de Cuentas distingue los 740 procedentes de las extintas Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) que se incorporaron a la Fundación Andalucía Emprende en 2009, a pesar de que «no queda constancia documental que acredite el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el momento del acceso al sector público andaluz". En el caso de los 24 restantes «no se ha localizado la documentación que indique el proceso de selección utilizado para su incorporación, no pudiéndose acreditar que la selección se haya realizado mediante procedimientos que garanticen la igualdad, mérito, capacidad y publicidad». A pesar de entrar en la Administración por una decisión política, y no a través de una concurrencia que garantice la igualdad de oportunidades de los andaluces a acceder a esos empleos públicos, muchos de ellos lograron mantener sus puestos.

Según los datos facilitados por la Oficina del Portavoz, el cambio de Gobierno supondrá el cese automático de 660 empleados: 273 altos cargos de consejerías y empresas públicas; 239 eventuales y 148 directivos con contratos de alta dirección de la administración paralela, compuesta por empresas públicas, fundaciones, agencias, institutos y otros organismos entre 69 entidades instrumentales con participación mayoritaria de la Junta y 108 en los que está presente de forma minoritaria. Entre esos cesados, 141 altos cargos de Susana Díaz tienen derecho a una asignación económica conocidas como cesantías o paro de los políticos.