'Caso Kitchen': El juez deniega a Villarejo poder declarar por videoconferencia

El comisario José Manuel Villarejo pidió al juez que investiga la Operación Kitchen poder declarar este jueves por videoconferencia desde la cárcel, alegando que no está en condiciones de desplazarse a Madrid por los episodios de tensión arterial alta que sufre y que le obligan a acudir constantemente a la enfermería de la prisión. Este ha rechazado la petición y el excomisario ya se encuentra personado en la Audiencia Nacional para declarar.

Según ha podido conocer El Independiente, la defensa del antiguo agente encubierto ha presentado este miércoles un escrito en el que pide al juez Manuel García-Castellón que exima a su representado de comparecer físicamente en la Audiencia Nacional y le permita prestar declaración desde el centro penitenciario de Estremera (Madrid), donde permanece de forma preventiva desde el 5 de noviembre de 2017 tras su detención en el marco de la Operación Tándem. La petición está pendiente de respuesta por parte del instructor.

Villarejo está citado a declarar este jueves a las 11 horas en calidad de investigado por su intervención en el dispositivo policial puesto en marcha en 2013 con la intención de robarle presuntamente al ex tesorero Luis Bárcenas documentación comprometedora para la antigua cúpula del PP. Con la misma condición procesal están citados también durante esta jornada Enrique García Castaño -comisario principal que intervino también en las pesquisas como máximo responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO)- y Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional.

Las fuentes consultadas aseguran que el comisario ya jubilado acude a la nueva cita judicial con la intención de declarar "ampliamente" y responder a todas las preguntas que le formulen tanto el juez como los fiscales a fin de aclarar cuál fue su participación en los hechos que se investigan en esta pieza separada del caso Tándem. Oficialmente, fue el dispositivo que se puso en marcha para conseguir pistas que permitiera localizar el patrimonio que Luis Bárcenas ocultaba y quiénes eran sus testaferros.

El antiguo agente encubierto acude a la nueva cita judicial con la decisión de responder todas las preguntas del juez y los fiscales

Villarejo recibía las confidencias del chófer del ex tesorero del PP -éste se dirigía a él como "mi coronel" por su pasado como militar- y era quien le pagaba al conductor con dinero procedente de los fondos reservados que gestionaba el Ministerio del Interior, al menos 48.000 euros (a razón de 2.000 euros al mes durante los dos años que Bárcenas estuvo en prisión preventiva en el marco del caso Gürtel). Entre la documentación remitida por el departamento que dirige ahora Fernando Grande-Marlaska al juzgado se incluyen los recibís que le firmaba el chófer y en los que aparece el número de carné profesional del controvertido policía (14.773).

En una carta enviada el pasado 9 de enero al presidente del Gobierno, el antiguo agente encubierto anunció su intención de presentar "batalla en sede judicial" para defenderse "como un justiciable más" de la "suerte de causa general" que dice que se ha construido sobre su persona por la "obsesión enfermiza" del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, hacia él.

"No huiré"

"No huiré en ninguna dirección. Al contrario: caminaré con paso firme hasta destapar la Verdad (sic). Y para acreditar mi inocencia desvelaré aquélla que, incluso los actores con intenciones aviesas y planes irresponsables que propiciaron esta temeraria causa, saben en su fuero interno que debería permanecer siempre en la penumbra", anticipó Villarejo. Éste advirtió a Pedro Sánchez de que no se hace responsable del riesgo "que se está ocasionando y se va a ocasionar a la estabilidad de las más altas instituciones de España" por la difusión del material sensible que él acumuló durante su etapa como policía en activo.

En este sentido, las fuentes consultadas dijeron que, en consonancia con el espíritu de su misiva a Pedro Sánchez, la intención de Villarejo es la de solicitar a partir de ahora comparecencias voluntarias para aclarar las grabaciones que él grabó de forma subrepticia durante años y que ya se han difundido.

Documentación desclasificada

El Ministerio del Interior entregó a finales de 2018 al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional un informe sobre la Operación Kitchen -que se encuentra bajo secreto de sumario- después de que el Consejo de Ministros aprobara en su sesión del pasado 7 de diciembre desclasificar como materia calificada con la categoría de “secreto” la documentación relativa a este dispositivo policial por estar afectada tanto por la ley sobre secretos oficiales como por la que regula la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados.

Fue en la misma reunión en la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez acordó liberar del deber de secreto a los funcionarios policiales que hubieran intervenido en dicho dispositivo para que puedan declarar como testigos o, en su caso, voluntariamente con la condición de imputados para aclarar los hechos que se investigan.