'Caso Villarejo': imputado un funcionario de Hacienda por cohecho y revelación de secretos

El juez que instruye el caso Villarejo ha citado a declarar en calidad de investigado a un funcionario de Hacienda ya jubilado por facilitarle datos tributarios al comisario jubilado -en prisión preventiva desde noviembre de 2017- para satisfacer el encargo de unos clientes: los socios del bufete de abogados Herrero y Asociados.

En un auto fechado el pasado 10 de enero, al que ha tenido acceso El Independiente, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, reinicia la instrucción de la pieza denominada Iron después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara la reapertura del caso al entender que el juez Diego de Egea -magistrado de apoyo que se encargaba de esta macrocausa- había ordenado el sobreseimiento de forma precipitada.

En esta rama del caso Tándem se investiga el encargo que los abogados del bufete Herrero y Asociados hicieron al comisario para que investigase a unos socios que se habían pasado a la competencia porque sospechaban que les habían robado una base de datos con el objetivo de levantarles sus clientes.

Villarejo, a través de su empresa Cenyt, facilitó a sus clientes informes que obran en la causa y que "contenían datos personales" de los abogados a los que estaba investigando. Los investigados accedieron a datos tributarios y movimientos bancarios de la empresa Balder Ip Law a través de colaboradores y "sin justificación alguna que les diese cobertura".

Para el magistrado García-Castellón, ha quedado "acreditada la existencia de sólidos indicios de que fue el funcionario de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria" al que cita a declarar, Antonio Chaparro, "suministró la información tributaria" de ese despacho de abogados correspondiente al ejercicio 2013, pues el formulario con los datos fue encontrado "en poder de la red delictiva de José Manuel Villarejo". En concreto, el instructor le imputa delitos de revelación de información reservada, secretos y/o revelación de información y/o cohecho.

El funcionario, ya jubilado, habría facilitado movimientos tributarios a Villarejo de forma ilegal para que pudiera elaborar un informe para unos clientes

Este antiguo funcionario de la Agencia Tributaria no es el único que habría conseguido información para Villarejo. Según el instructor, "dada la naturaleza" de los datos sobre Balder IP que recopiló "y las dificultades para acceder a los mismos, existían serios indicios que los mismos habían sido obtenidos de forma espuria de bases de datos policiales por personas cercanas al entramado empresarial de Cenyt".

Por eso, se acordó consultar las bases policiales para averiguar si algún funcionario de la Dirección General de la Policía había consultado información sobre los abogados de Balder IP antes de que Villarejo emitiese su informe en octubre de 2013. Se descubrió entonces que dos inspectores jefe de la Policía accedieron "a datos contenidos en el informe Iron" sin que existiese investigación alguna que justificase su interés.

Se trata de Antonio Bonilla, a quien cita a declarar el viernes por delitos de revelación de secretos y delito de cohecho y Antonio Serrano, imputado por revelación de secretos. Este último, "si bien no se encuentra directamente implicado en los accesos no autorizados anteriormente referidos, si lo está en el asalto a los servicios informáticos del empresa Balder", según la diligencia de García-Castellón.

García Castaño, doble cita ante el juez

Detrás de todo habrían estado Villarejo y su socio y también comisario Enrique García Castaño, que llegó a ser jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional. Él, que está citado a declarar este jueves sobre la Operación Kitchen por la que se intentó sustraer documentación al ex tesorero del PP Luis Bárcenas pagando a su chófer con fondos reservados y sin supervisión judicial, tendrá que volver el viernes para hablar de la pieza Iron, donde se le imputan delitos de revelación de secretos y cohecho.

Para García-Castellón, es manifiesta "la vinculación" entre Villarejo, García Castaño y Bonilla "en el desempeño de las inicialmente ilícitas actividades del primero, de información y colaboración" en el proyecto Iron, indicios que "ahora se concretan en el encargo realizado para que se suministrase la información tributaria" de Balder IP "a los efectos de dar efectividad al contrato" que Herrero y Asociados había suscrito con Cenyt.

Citará también para esclarecer estos hechos al inspector jefe de la Policía Nacional jubilado Juan José Díez y al inspector jefe Manuel Novoa, en ambos casos, por presuntos delitos de revelación de secretos y/o cohecho.