El exconseller de Exteriores de la Generalitat Raül Romeva considera que, si el ordenamiento jurídico español todavía contemplara la pena de muerte, sectores de la judicatura, la Fiscalía y los partidos de derecha la pedirían para los líderes independentistas: "No tengo ninguna duda de que, si la pena de muerte estuviera vigente, alguno de esos actores mencionados, o quizás todos ellos, estarían pidiendo nuestra ejecución".

En su libro Esperança i llibertat (Ara Llibres), que ha escrito desde la cárcel y al que ha tenido acceso Europa Press, asegura que el juicio al que se someterá este 2019 por su implicación en el proceso soberanista y el referéndum del 1 de octubre de 2017 no será justo, sino que se trata de "un relato creado, un proceso de manual dirigido a reescribir la historia".

En él, reflexiona sobre su situación judicial, el momento que atraviesa el independentismo y algunos de los momentos clave del proceso soberanista, que acompaña de anécdotas en primera persona, como el traslado de Estremera (Madrid) a Lledoners (Barcelona), la convivencia en prisión y su comparecencia ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

"Somos presos políticos"

Reprocha a los jueces que él y otros políticos independentistas se encuentren en prisión preventiva desde hace más de un año y lamenta que, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sentencie a su favor en el futuro, ellos ya habrán pasado un tiempo considerable en la cárcel: "Habremos recibido un buen escarmiento. Habremos sufrido la venganza que supone todo este proceso pretendido como judicial".

Además, afea al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que, cuando decretó el reingreso en prisión de algunos exconsellers, lo hizo para los que no renunciaron a continuar con la actividad política: "Aquellos que no se presentaron a las elecciones o habían dejado el escaño hacía tiempo no entraron. Por tanto, ninguna duda de que sí somos presos políticos".

Y detalla que decidió no irse a vivir al extranjero como otros miembros del anterior Govern porque no considera que el 1-O fuera delito; porque había asegurado ante varios actores internacionales que defenderían la consulta incluso con la cárcel, y, sobre todo, por la "determinación" del exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras. "Cuando tocaba tomar la decisión, trascendental, de quedarnos o irnos, hubo bastante con una mirada para saber que nos apoyaríamos", recalca.

Diálogo y referéndum

Revela que cuando el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció en el pleno del Parlament que habría un referéndum de independencia, le asignó sin aviso previo la organización de la consulta: "Me entero del singular encargo cuando lo escucho desde mi escaño. El presidente no me había hecho partícipe de ello antes".

Romeva admite que Catalunya no es una república independiente y, aunque reivindica la celebración de votaciones como las del 9 de noviembre de 2014 -impulsada por Artur Mas- y el propio 1-O, confía en que se entre "en una vía negociada" que permita celebrar un referéndum con plenas garantías como ocurrió en Escocia. Y para ello ve imprescindible el diálogo: "Siempre hay que insistir porque es la mejor de las vías posibles. Esta posibilidad nunca debe caerse de la mesa, al menos por nuestra parte".

Ampliar el apoyo social

Sobre los hechos de octubre de 2017, asegura que, pese a las simpatías que había generado el 1-O tras las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre los votantes, a medida que se acercaba el 27 de octubre --cuando se proclamó la República--, "los mensajes de solidaridad se fueron transformando en advertencias". "Los que nos veían con simpatía y que respetaban nuestra apuesta democrática argumentaban que aún no era el momento, que no teníamos suficiente apoyo social", por lo que el exconseller apuesta por construir consensos más amplios que acciones como la declaración unilateral de independencia (DUI) no consigue.

"La independencia motiva un número determinado de personas; la República, un número superior, y la lucha por los derechos civiles y políticos, un número todavía mayor", argumenta, y pide dejar a un lado los personalismos.