Vox va a iniciar acciones legales para instar a la ilegalización de Arran, la rama juvenil de la CUP, y las organizaciones antifascistas que promueven las contramanifestaciones para boicotear todos sus actos en Cataluña. Es la primera reacción del partido de Abascal a la intensificación de los ataques sufrida en las últimas semanas, que atribuyen a los responsables políticos de Gobierno y Generalitat.

"Instaremos a la ilegalización de Arran y los antifascistas que han asumido la autoría de estos actos", ha anunciado Jorge Buxadé, portavoz de Vox en Cataluña. La formación se da un plazo de dos semanas para decidir si insta a la actuación de la Fiscalía o presenta una querella contra ambas organizaciones "al amparo de Código Penal".

Vox entiende que se puede dar este paso porque las considera "asociaciones ilícitas" dado que "promueven actos de odio" contra el partido  y "en esas contramanifestaciones existe una convocatoria firmada y tienen una clara motivación de odio. Lo dejamos en manos de la fiscalía, jueces y tribunales" ha concluido el portavoz de Vox.

Buxadé ha advertido además que iniciarán acciones penales "contra los que con su cooperación favorezcan sus acciones, incluidos partidos políticos y administraciones que pagan subvenciones a estas organizaciones que consideramos ilícitas".

La reacción de Vox no se ha hecho esperar. En Twitter han publicado: "Sus demandas de ilegalización nos reafirman en el compromiso de continuar haciendo frente al fascismo #NoPassaran"

 

Pasividad institucional

Los responsables de Vox en Cataluña han lamentado además la pasividad de las administraciones y partidos políticos frente a los ataques sufridos, por lo que han anunciado además la presentación una "denuncia global ante Fiscalía por los delitos y lesiones que se han producido".

Ignacio Garriga, portavoz del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, ha defendido en este sentido la actuación de los agentes de Mossos d'Esquadra y policías locales, pero ha señalado a sus responsables políticos, a los que ha acusado de fijar dotaciones insuficientes para garantizar la celebración de sus actos.

Es lo que sucedió en Barcelona hace diez días, cuando un acto de la campaña "De cañas por España" tuvo que ser suspendido por el boicot de unos 400 independentistas, ante los que el responsable del dispositivo policial de los Mossos reconoció a los dirigentes de Vox que no podía garantizar su seguridad.

Aviso a Cunillera

Por ello, Buxadé y Garriga han exigido a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, la convocatoria de una Junta de Seguridad de Cataluña para abordar esta cuestión.

"Vox va a presentarse en todos aquellos lugares donde pueda tener representación política", ha advertido Buxadé, dejando claro que el partido aspira a obtener representación en las cuatro capitales catalanas y se presentará además en ciudades de más de 25.000 habitantes.

"A partir de ahora", ha apuntado, "no va a ser sólo una carpa informativa y debe garantizarse el libre ejercicio de nuestros derechos y la seguridad de nuestros militantes".