La familia insiste en enterrar a Franco en La Almudena porque es "altamente segura"

Los nietos de Franco insisten en que, en el más que probable caso de que el Gobierno autorice la exhumación de los restos del dictador, el cadáver embalsamado se entierre en la sepultura que la familia tiene en propiedad en la cripta de la madrileña Catedral de La Almudena por ser un emplazamiento "altamente seguro".

Así lo plantean los descendientes de Francisco Franco en el escrito de alegaciones finales presentado este martes -agotando el plazo previsto- ante la instructora del procedimiento administrativo puesto en marcha el pasado verano por el Ejecutivo para sacar los restos del Valle de los Caídos, donde permanecen desde primera hora de la tarde del 23 de noviembre de 1975. Es el último trámite antes de que el Ministerio de Justicia eleve al Consejo de Ministros la propuesta de exhumación.

En un escrito de 55 páginas, la familia Martínez-Bordiú pide al Gobierno que dicte resolución declarando la improcedencia de la exhumación por el "carácter institucional" del decreto-ley aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para llevar a cabo el traslado, las "múltiples irregularidades" del proyecto y la "violación" de derechos fundamentales por pretender sacar a su abuelo en contra de la voluntad de los nietos y con "expresa denegación" del prior de la abadía del Valle de los Caídos.

Reiterando argumentos ya esgrimidos, los nietos consideran que el procedimiento que ultima el Ministerio de Justicia es una "farsa administrativa" con la que el Gobierno pretende dar a una cobertura legal a una decisión "tomada de antemano" por Pedro Sánchez, quien recién llegado a La Moncloa anunció su intención de trasladar la momia de Franco. "Existen pocas dudas de que, independiente de las alegaciones de las partes, la resolución del procedimiento en el que el Gobierno es juez y parte será favorable a la exhumación", plantea.

Convencido de que el Consejo de Ministros dará luz verde al traslado de los restos pese a que la comunidad benedictina ha rechazado la preceptiva autorización para acceder a la basílica por la oposición de la familia al proyecto, los descendientes del dictador vuelven a señalar la Catedral de la Almudena como el lugar donde desearían la reinhumación de los restos.

Frente a los argumentos esgrimidos por la Delegación del Gobierno de Madrid, los nietos aseguran que han consultado a expertos en materia de seguridad y estos califican de "ciertamente reducidos" los riesgos apuntados en el informe aportado al procedimiento por el Ejecutivo por la "elevada presencia" de agentes policiales en la zona.

"Despreciable" riesgo de disturbios

La familia también defiende que la catedral madrileña no es objetivo del terrorismo islámico y que la afluencia prevista -a razón de 1.000 personas al día- no es relevante. Ello supondría unas 365.000 visitas al año, una cifra ligeramente inferior a las contabilizadas el pasado año en el Valle de los Caídos (378.875).

Igualmente, juzgan "despreciable" el riesgo de que se puedan producir disturbios por motivaciones ideológicas a las puertas del templo, citando como ejemplo las "200 personas" que congregaron Unidos Podemos y los sindicatos UGT y CCOO en la reciente manifestación de protesta tras conocerse la voluntad de la familia de que los restos del dictador terminaran en La Almudena si se consumaba la exhumación.

Una vez que el Consejo de Ministros acuerde el traslado de los restos y el lugar en el que se enterrarían, la familia dispondrá de un plazo de dos meses para presentar recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y solicitar la suspensión cautelar de la ejecución hasta que el alto tribunal resuelva el fondo del asunto.

Disputa en el Tribunal Supremo

Los nietos de Franco pidieron a principios de diciembre al Supremo que suspendiese el acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de noviembre por el que se aprobó la continuación del procedimiento de exhumación de los restos mortales de Francisco Franco. El alto tribunal rechazó esa pretensión al entender que dicho acto administrativo no justifica por sí mismo la exhumación ni produce una situación irreversible que haga perder su finalidad al recurso.

En el escrito, los descendientes hacen referencia a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el caso Solska y Rybicka, por la que fue condenado el Gobierno polaco por ejecutar una exhumación con la oposición de la familia y sin que ésta pudiera acudir a la vía jurisdiccional. En este sentido, los Martínez-Bordiú recuerdan al Gobierno que, según expuso el Tribunal Supremo en el auto por el que desestimó el pasado 17 de diciembre la paralización de la exhumación, el traslado de los restos no podrá ser ejecutado sin que haya podido ser recurrido nuevamente.