Los presos del ‘procés’ quieren salir beneficiados de las discrepancias que hay en el seno del Tribunal Constitucional sobre el alcance que puede tener para los líderes independentistas catalanes, en concreto para el recurso contra la prisión preventiva del exvicepresidente Oriol Junqueras, la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el exjefe del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos, Selahattin Demirtas.
En dicha sentencia, la Corte de Estrasburgo declaró vulnerado el artículo 3 del Protocolo 1 anexo al Convenio Europeo de Derechos Humanos por considerarse “incompatible” con los derechos políticos reconocidos en dicho precepto “la decisión de mantener privado de su libertad a un cargo parlamentario durante un prolongado período de tiempo y sin fundamentar por qué no se le somete a medidas cautelares menos gravosas”.
Tal y como avanzó El Independiente, este fallo ha provocado división de opiniones dentro del tribunal de garantías donde algunos magistrados apoyaron remitir el caso al Tribunal Supremo para que sea este órgano quien valore si se debe excarcelar o no, en este caso, a Junqueras. El presidente, Juan José González Rivas, se ha visto obligado a modificar su ponencia en un intento de que no se rompa la unanimidad en un asunto tan delicado a nivel jurídico y político.
El acusado se queja de que el Supremo no ha respondido al intento de su defensa de que se tenga en cuenta el caso Demirtas para excarcelarlo
Con este escenario, el ex líder de la ANC, Jordi Sánchez, ha sido el primer preso en pedir al Tribunal Constitucional que acuerde su libertad para “garantizar la preservación de sus derechos políticos” puesto que su situación “es análoga –por no decir idéntica- a la del líder político kurdo Demirtas”. En el escrito remitido al Pleno que preside Juan José González Rivas, el procesado por rebelión sostiene que el tribunal presidido por Manuel Marchena viene denegando de forma sistemática su libertad.
En concreto, critican que el pasado 9 de enero rehusaran a valorar “la petición expresa de esta defensa de que la tuviera en cuenta en su decisión la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su reciente sentencia de 20 de noviembre de 2018 sobre el asunto Demirtas contra Turquía”.
"Vulneración de derechos políticos"
Para el preso preventivo Jordi Sánchez, “dicha resolución adolece exactamente de los mismos defectos que motivaron hace escasamente unas semanas que el Tribunal Europeo amparase a Demirtas ante la grave vulneración de sus derechos políticos por parte de Turquía”.
Las razones –según su versión- es que “el auto del Tribunal Supremo contiene una motivación escueta y estereotipada, que no desciende apenas a los detalles del caso y que no presta absolutamente ninguna atención al contenido de la resolución del Tribunal de Estrasburgo y a su evidente analogía con el presente supuesto. En particular, ante la petición expresa de la defensa de que se considerase la posibilidad de someter a los diputados a medidas cautelares menos gravosas la respuesta es una simple y escueta apelación a decisiones del Instructor o de la Sala ya tomadas previamente, una remisión a decisiones previas que el Tribunal Supremo describe como inevitable”.
De igual manera, el líder independentista, que se enfrenta a un petición de 17 años de prisión por parte del Ministerio Fiscal, sostiene que “se ha visto impedido de obtener permisos penitenciarios (legalmente previstos) para poder participar en la campaña electoral, para acudir a las sesiones del parlamento o para presentar por dos veces su candidatura a la presidencia” y que “desde el mes de julio pasado está suspendido en el ejercicio de su cargo sin posibilidad de voto ni percepción de salario (diputado)”.
Se me ha impedido acudir al Parlament y poder participar de la campaña electoral así como votar y percibir un salario"
De ahí, que la defensa de Jordi Sánchez pida al tribunal de garantías que “en aplicación de artículo 10 Convenio Europeo de la citada resolución del Tribunal de Estrasburgo se adopten inmediatas medidas para garantizar la preservación de sus derechos políticos”.
Tras la división interna, el Pleno del Constitucional quedó aplazado para tratar el primer recurso de un preso del ‘procés’, en este caso, de Junqueras.
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