El Supremo rechazará que observadores internacionales supervisen el juicio del ‘procés’

El Tribunal Supremo última en estos momentos el auto de admisión de prueba del juicio del ‘procés’. En dicha resolución, la Sala no admitirá la petición formuladas por las defensas para que distintos observadores internacionales supervisen el desarrollo del juicio oral.

Según informan fuentes jurídicas a El Independiente, en el Alto Tribunal existe el convencimiento de que el juicio -que va a ser retransmitido en directo por los medios de comunicación- va a gozar de total y absoluta transparencia por lo que es innecesario que observadores internacionales tengan que ‘vigilar’ el transcurso del mismo. “España es un país democrático donde se respetan las garantías del proceso y los derechos de los encausados”, explica una de las fuentes consultadas.

En el Supremo defienden la transparencia total de la que va a gozar el juicio a los líderes independentistas"

En contraposición, varios líderes independentistas –entre ellos, el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras o el ex presidente de ANC, Jordi Sánchez- han solicitado la asistencia de los citados observadores internacionales alegando que los mismos no pueden acceder tan sólo a la edición que los medios de comunicación hagan de la  vista oral “debiendo preservarse su percepción directa de la vista”.

Los parlamentarios vascos sí acudirán

Los acusados consideran que la difusión del juicio, que presidirá el magistrado Manuel Marchena, es insuficiente para “la protección de derechos individuales que van más allá del derecho a la información pública”. Además, alegan que el hecho de que haya observadores internacionales es una práctica “no solo tolerada tradicionalmente sino inherente al ejercicio público e imparcial de la justicia”.

Sin embargo, estas pretensiones serán rechazadas por la Sala que, en cambio, sí permitirá que parlamentarios vascos acudan como público. Está previsto que una delegación de la cámara autonómica se desplace hasta la sala de vistas del Supremo la primera semana de febrero; fecha en la que arrancará el juicio. En este caso, el tribunal ha considerado que se trata de una solicitud realizada por miembros de otro poder del Estado, el legislativo, y que no hay razones para oponerse a la misma, indican las fuentes consultadas.

Por otro lado, está previsto que el Supremo permita a los acusados responder en catalán a los interrogatorios si así lo estiman oportuno. No obstante, la Sala ha descartado la fórmula de la traducción simultánea. Los acusados serán traducidos por intérpretes oficiales, tal y como prevé la Ley, y como se ha hecho en otras ocasiones.

Los abogados interrogarán en castellano

Algunos de los acusados -por ejemplo, el líder de Òmnium Cultural Jordi Cuixart- pidió a la Sala Segunda que el juicio se tramitase “de forma íntegra en lengua catalana, tal como sucede en otros países plurilingües de nuestro entorno como Bélgica”. Esta pretensión será desestimada ya que la Ley determina que la vista transcurrirá en el idioma donde se encuentra ubicada la sede del órgano judicial. Siguiendo este precepto legal los letrados deberán formular las preguntas en castellano a sus clientes. No obstante, fuentes consultadas por este medio admiten la posibilidad de que todos estos aspectos sean resueltos al inicio de la vista oral en la fase de cuestiones previas en vez de en el auto de admisión de prueba que se le notificará la próxima semana.

Los acusados podrán declarar en catalán si bien en ningún caso el tribunal admitirá la traducción simultánea

Por otra parte, en el Supremo no se descarta que se dé la circunstancia de que los líderes del ‘procés’ y sus familiares acudan al juicio portando lazos amarillos a favor de la independencia. El tribunal de enjuiciamiento en ese caso estudiará el artículo 686 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que sostiene que el presidente de la Sala tiene la facultad de “prohibir las muestras de aprobación o de desaprobación” con los miembros del tribunal. Con los letrados no hay discusión puesto que lo tienen prohibido en su estatuto profesional. Lazo y toga son incompatibles.