El juez imputa a la secretaria de Villar por el cobro de 80.000 € con una 'falsa jubilación'

El juez ha citado a declarar como investigada a la antigua secretaria personal de Ángel María Villar durante su etapa como presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), al sospechar que la empleada cobró más de 80.000 euros mediante una falsa jubilación. Dora de Pedro Muñoz siguió siete años cobrando de la organización.

En una providencia fechada el pasado 8 de enero, a la que ha tenido acceso El Independiente, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y amplía la lista de imputados del caso Soule tras los indicios reunidos por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El instructor y el Ministerio Público tratan de determinar si se cometieron delitos de falsedad en documento mercantil y  administración desleal o apropiación indebida al destinar la RFEF fondos al pago de servicios inexistentes o por conceptos que no se correspondían con la realidad.

Uno de los antiguos empleados a los que el titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional llama al procedimiento en calidad de imputado es Dora de Pedro, secretaria personal de Villar hasta que éste fue detenido a mediados de julio de 2017 y hermano de otro ex directivo de la RFEF: Ángel de Pedro, antiguo responsable del área de Tecnología e Infraestructuras.

En un informe fechado el pasado 27 de diciembre, sobre la base de nuevos indicios detallados por el Grupo de Investigación Financiera de la UCO en un atestado aportado dos semanas antes, las fiscales asignadas al caso -Inmaculada Violán y Concepción Sabadell- sostienen que Ángel María Villar se habría puesto de acuerdo con su secretaria para que ésta cobrara más de 80.000 euros "en el año 2006 y en diciembre de 2009 en concepto de una jubilación que realmente no se habría producido". Y no habría tenido lugar la desvinculación porque Dora de Pedro "habría continuado cobrando desde esa fecha en contra de lo legalmente previsto para dicho supuesto y de lo formalmente convenido en los contratos suscritos", concretamente a razón de unos 70.000 euros al año de media entre 2010 y 2016.

Los investigadores descubren que Dora de Pedro siguió cobrando de la RFEF a razón de unos 70.000 euros al año tras su supuesta jubilación

Para esclarecer estas presuntas irregularidades, el juez Pedraz requiere a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para que detalle la identidad de los trabajadores que la RFEF tenía dados de alta entre 2016 y 2018 y aporte una vida laboral de esta antigua empleada, ya desvinculada. El juzgado también ha librado oficio a la Federación para que le envíe los "contratos y documentación soporte de los pagos efectuados a Dora de Pedro Muñoz desde enero del año 2007", a fin de acreditar si ésta siguió cobrando a pesar de que supuestamente se había jubilado ya.

A preguntas de El Independiente, Dora de Pedro -pendiente de que se fije la fecha de su declaración en sede judicial- ha rechazado aclarar los motivos de su imputación. "No voy a hablar de ese tema", contestó de forma expeditiva y visiblemente sorprendida por la llamada de este diario. También ha eludido responder a las preguntas de este diario Ángel María Villar, el principal investigado del caso Soule: "No hago comentarios".

Indemnización bajo sospecha

En paralelo, el titular del Juzgado Central 1 de la Audiencia Nacional trata de averiguar si la ex secretaria general Esther Gascón llegó finalmente a cobrar una indemnización de medio millón de euros tras pactar con el entonces mandamás el cese de su relación laboral con la RFEF antes de ser nuevamente contratada por el mismo empleador. Es el motivo por el que el juez Pedraz ha pedido a la Federación "información de los contratos y cualquier otra documentación justificativa de los importes" que le haya abonado a esta antigua directiva desde 2014.

Los investigadores policiales tuvieron conocimiento tras pinchar el teléfono del entonces vicepresidente económico de la RFEF, Juan Padrón, que había preparado un contrato para liquidar el vínculo laboral de Esther Gascón -ligada a la Federación desde 1997, primero al frente del gabinete de la Secretaría General y las Relaciones Externas, luego directora general (2014-2016) y finalmente secretaria general (2016-2018)-, a lo que se negaba Padrón por considerarlo 'abusivo'.

Entre los correos electrónicos incautados por la UCO durante el registro de la sede federativa el 18 de julio de 2017 figura un documento en el que se pacta una indemnización de 498.442 euros brutos (398.132 euros netos) a cambio de que Gascón renunciara a los derechos derivados de su relación laboral. El acuerdo incluía un nuevo contrato con unas retribuciones de 295.000 euros a percibir en 14 mensualidades y un bono equivalente al 40 % de su salario anual (118.000 euro) en caso de que se cerrase el ejercicio con resultados positivos.

En su último informe, de 60 páginas de extensión y fechado el pasado 12 de diciembre, la UCO expone que "desconoce" si el citado contrato "surtió efectos en los términos" expuestos y si la ex directiva llegó a cobrar la indemnización, el nuevo salario pactado y el incentivo. Con todo, los investigadores llegan a la conclusión de que, en caso de que no hubiera llegado a ser efectivo, habría sido "por causas ajenas a la voluntad" de Villar o de Gascón.