Un informe técnico aportado por la Fundación Nacional Francisco Franco al expediente instruido para exhumar los restos de la basílica del Valle de los Caídos defiende que las obras proyectadas por el Gobierno son "ilegales" por "atentar frontalmente" contra la protección del edificio.
La fundación encargada de difundir la "memoria y obra” del dictador libra desde hace meses una batalla contra el Ejecutivo a cuenta del proyecto anunciado por Pedro Sánchez el pasado verano para sacar los restos de Franco de Cuelgamuros, alegando que el procedimiento administrativo puesto en marcha por el Ejecutivo socialista con este fin incurre en "múltiples irregularidades" y 'viola' derechos fundamentales. A los argumentos jurídicos ha sumado razones técnicas en un intento de frenar una decisión que el Gobierno, a la espera de que termine formalmente la tramitación, tiene tomada en la práctica.
Firmado por los arquitectos José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto Rey, el trabajo sostiene que la memoria realizada ex profeso por la Dirección de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional con la descripción de los trabajos a ejecutar para retirar el cadáver embalsamado de Franco trata de amparar unas "obras mayores" haciéndolas pasar como menores que incumplen las Normas Subsidiarias de San Lorenzo del Escorial (Madrid).
El conjunto monumental del Valle de los Caídos está incluido en el Catálogo de Bienes Protegidos de las Normas Subsidiarias de San Lorenzo del Escorial, aprobadas en su trámite definitivo por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 2 de septiembre de 1999. El recinto goza del grado de protección integral global, lo que impide la ejecución de labores que vayan más allá de tareas de mantenimiento, consolidación y recuperación.
Dos arquitectos sostienen que los trabajos proyectados "atentan frontalmente" contra la protección de la basílica del Valle de los Caídos
En el informe elaborado a encargo de la Fundación Franco, De la Barba y Porto consideran que los trabajos planteados -con un coste cifrado en 3.738,90 euros- no son de mantenimiento ni de rehabilitación por cuanto se proyecta la ejecución de un forjado transitable por los visitantes al templo que implica una "modificación estructural". Y toda obra mayor requiere un proyecto básico y no una memoria valorada.
"Si se tratase exclusivamente de retirar la losa de la sepultura y volverla a colocar no se producirían alteraciones arquitectónicas ni urbanísticas. Pero las obras no se limitan a ello. Plantea retrotraer el espacio al estado anterior a 1975, para lo cual es necesario la ejecución de una nueva estructura que trasmita las nuevas cargas al terreno y que permita colocar ese nuevo solado", exponen.
El informe advierte de que las obras concebidas "afectan de manera muy importante sobre la seguridad de personas y bienes", no conteniendo la memoria técnica realizada por Patrimonio Nacional -fechada el pasado 14 de noviembre y firmada por el director de Inmuebles y Medio Natural, Víctor Cageao- "detalles" precisos sobre su ejecución.
"Este forjado será transitable y en algún caso puede ser ocupado por imágenes o aglomeraciones de personas, y no sabemos qué peso es capaz de soportar, ni qué cargas trasmite al terreno, ni qué coeficiente de seguridad se ha utilizado. Por ello se puede generar grave riesgo para la seguridad e integridad física de las personas, operarios, vigilantes, monjes, visitantes, etc.", añade.
El informe advierte de riesgo para las personas al no precisar Patrimonio Nacional el peso que el forjado podrá soportar
De otro lado, los técnicos consideran que el informe aportado al expediente administrativo por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial -considerando "admisibles" las obras proyectadas por el Gobierno al estar encaminadas a la restitución de las condiciones originales- debería haber sido firmado por el arquitecto y no por el aparejador municipal. "Sólo un arquitecto superior está facultado para comprobar un documento que ha de ser valorado conforme un instrumento urbanístico, como son las Normas Subsidiarias y el Catálogo de Protección", indica.
El sepulcro de Franco se ubica en el crucero de la basílica del Valle de los Caídos, donde se excavó un hueco para alojar el féretro con los restos mortales del dictador -enterrados sobre las 14.10 horas del 23 de noviembre de 1975- que se cerró con una losa de granito de una tonelada y medio de peso. Las dimensiones de esta pieza son de 226 centímetros de largo y 119 de ancho, con un espesor de 20 centímetros.
Reposición de losetas
El proyecto prevé la retirada de la pesada tapa y el tapado del hueco con seis baldosas de mármol negro ‘Marquina’ de 75,4 por 65 centímetros "con las mismas características que las existentes en la faja circundante", reponiéndose las losetas anexas que hubieran podido quedar dañadas durante las actuaciones. Para ello sería necesario levantar muretes de un pie de ladrillo perforado apoyados en el fondo del hueco excavado y la realización de un forjado mediante colocación de rasillones y una capa de compresión de hormigón de cinco centímetros de espesor, según detalla la memoria valorada de Patrimonio Nacional.
Una vez concluido el plazo de alegaciones de que han dispuesto las partes, tan sólo falta ya que el Consejo de Ministros resuelva mediante "acuerdo motivado" si procede la exhumación de Franco y el traslado, detallando el destino que han de dársele a los restos del dictador. Fuentes del Gobierno han indicado a este diario que este punto no formará parte de la reunión semanal que el gabinete de Pedro Sánchez mantendrá este viernes.
Como han expuesto en su escrito, en el que vuelven a oponerse al cambio de sepultura, los nietos de Franco insisten en que el cadáver embalsamado se entierre en la sepultura que la familia tiene en propiedad en la cripta de la madrileña Catedral de La Almudena por ser un emplazamiento "altamente seguro".
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