El rector de la URJC, Javier Ramos, durante una comparecencia informativa por el 'caso Máster'.
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) solicitará al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que retire el título a los alumnos que, durante la instrucción del caso Máster, reconocieron en sede judicial que obtuvieron el diploma acreditativo del curso de posgrado sin haber elaborado los trabajos ni haber asistido a las clases.
Según ha podido conocer El Independiente, el equipo rectoral que dirige Javier Ramos tiene decidido iniciar los trámites para la retirada de la titulación y estudia ya el procedimiento administrativo a seguir. La medida se dirigirá contra los estudiantes que se matricularon en el máster en 'Derecho Público del Estado Autonómico' -el mismo cursado por Cristina Cifuentes y Pablo Casado- y que han admitido en el juzgado que no hicieron méritos para ser merecedores de tal título.
Estos alumnos fueron llamados en calidad de investigados al procedimiento dirigido por la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, si bien la magistrada Carmen Rodríguez-Medel terminó sobreseyendo las actuaciones tras el criterio fijado por el Supremo. El alto tribunal rechazó abrir causa contra Pablo Casado -aforado por su condición de diputado en Cortes- tras considerar que haber recibido un posible "trato de favor" no era motivo suficiente para dirigir un procedimiento penal contra el líder del PP.
La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas otorga a éstas, previo dictamen favorable del Consejo de Estado o del Consejo Consultivo de la comunidad autónoma en cuestión, la posibilidad de declarar la nulidad de disposiciones administrativas en situaciones flagrantes.
La Universidad instará al Ministerio a desposeer de la titulación a los estudiantes que reconocieron ante la juez que no hicieron méritos
En este caso, la Universidad puede solicitar la retirada de los títulos, pero la potestad para desposeer a una persona del título acreditativo está reservada en exclusiva al Ministerio de Educación. Será a la puerta que la URJC tendrá que llamar para retirar los diplomas a los alumnos a los que se los 'regalaron', aun cuando ha quedado descartada su responsabilidad penal.
Cuando compareció el pasado 2 de agosto en sede judicial, María Dolores Cancio -compañera de promoción de Pablo Casado en el máster- reconoció que obtuvo el título de posgrado sin hacer trabajos y sin asistir a clase. Según su testimonio, fue el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde -director del organismo de la URJC que impartió el máster y a quien la juez acusa de "urdir" un "sistema de prebendas consistente en regalar títulos académicos"- la persona que le ofreció la posibilidad de cursar estos estudios sin hacer nada para conseguir la titulación.
En el auto por el que acordó el pasado 1 de octubre limitar la investigación al delito de falsedad documental y sobreseer las actuaciones a los imputados por prevaricación y cohecho, la juez Rodríguez-Medel cita como ejemplo "paradigmático" del posible concierto entre estudiantes y profesores el caso de María Dolores Cancio a la hora de exponer su discrepancia con el criterio fijado por el alto tribunal.
"Las manifestaciones de doña Dolores Cancio, dado que no son mencionadas (expresa o tácitamente) ni en el informe del Teniente Fiscal del Tribunal Supremo ni en el auto del Alto Tribunal, concluimos que no deben ser consideradas indicio alguno de una mecánica de comisión delictiva llevada a cabo entre una serie de alumnos -en los que concurrían unas mismas características– y el profesorado. De otro modo, de haber entendido relevante jurídicamente la confesión de una investigada por revelar una mecánica delictiva, la pieza C [relativa a Pablo Casado] a buen seguro no habría sido archivada. Habiéndolo sido, por tanto, descartemos su uso como indicio de un mismo modus operandi", razonó.
Tasas y recogida de título
No fue el único caso. Álvaro Morente, que también figura en la promoción del máster de Cristina Cifuentes (2011-12), declaró a la juez que se limitó a pagar las tasas y a recoger el título cuatro años después. Ni elaboró los trabajos necesarios para superar las asignaturas ni tampoco acudió a clase, en contra de la exigencia detallada en las guías docentes.
Para determinar las responsabilidades penales, Rodríguez-Medel entendía que era un elemento central tratar de acreditar la existencia de actividad académica por parte del alumno, dado que, de haberse registrado aunque hubiera sido mínima, no habría podido incurrir en cohecho porque nada le habrían regalado ni el profesor habría podido prevaricar. De esta forma, al estudiante tampoco podría reprochársele cooperación en la prevaricación.
Sin embargo, el Tribunal Supremo dictaminó que no es relevante acreditar el mérito académico, por lo que consideró innecesario llamar a declarar como investigado a Pablo Casado y requerirle la entrega del ordenador con el que había elaborado los trabajos de las cuatro asignaturas que no le habían convalidado. Eran dos de las diligencias de prueba que proponía la instructora en la exposición razonada que elevó el pasado 6 de agosto al alto tribunal.
Semanas después de que estallara el escándalo del máster de Cifuentes, el rector Javier Ramos anunció en una tribuna publicada en El País que la Universidad Rey Juan Carlos solicitaría la retirada del título de máster de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid -para la que pide cuatro años de prisión- si la Justicia sentenciaba que había cometido un delito de falsedad documental. La Universidad va más allá ahora e instará al Ministerio de Educación a desposeer del diploma incluso a alumnos que no se sentarán en el banquillo de los acusados.