Echenique, en la cuerda floja

Turbulencias de calado en Podemos. La crisis vivida en Madrid, con la escisión de Íñigo Errejón y la posterior dimisión de Ramón Espinar, ha abierto una grieta aún mayor en las raíces de la formación. Algunos dirigentes hasta ahora fieles a Pablo Iglesias han cuestionado el rumbo del partido y un sector de la dirección ha apuntado directamente al secretario de Organización, Pablo Echenique, como responsable de la debilidad de la estructura de partido. En los dos últimos años, Echenique ha sido el brazo ejecutor de las directrices de Iglesias e Irene Montero y ha impuesto un control férreo de la cúpula sobre sus federaciones. Una estrategia que ha sido foco constante de polémica, con decenas de conflictos territoriales que en muchos de los casos han sido solventados con un golpe de mano desde Madrid.

El cuestionamiento de Echenique quedó en evidencia después de la crisis de Podemos en la ciudad de Madrid, con la expulsión que decretó de los seis concejales del partido. Después de aquel episodio, Iglesias colocó a un 'adjunto' en la Secretaría de Organización, en lo que fue interpretado como una forma de limitar su poder interno. Echenique había sido el encargado de expulsar de facto a los concejales apenas unas horas después de renunciaran a concurrir en primarias.

Una decisión que no contó con el visto bueno de la federación madrileña de Julio Rodríguez. También se pasaron por alto al entonces líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, considerado oficialista, que terminó por abandonar su cargo la pasada semana al sentirse "ninguneado" por la dirección. Espinar había mostrado a su círculo su discrepancia con la expulsión de los ediles y con la negativa unilateral de concurrir con la plataforma de Errejón. Tras la salida de Espinar, la ejecutiva ha evitado las primarias y ha creado una gestora elegida a dedo donde sitúan a los mandos al ya líder de Podemos en la ciudad de Madrid, Julio Rodríguez, y a un puñado de leales y personas de confianza de Iglesias, con el objetivo de pilotar directamente los pasos del partido en Madrid.

La grieta abierta en la capital ha dado muestra de la enorme injerencia del aparato estatal sobre sus federaciones, en teoría autónomas en la capital. Los líderes autonómicos del partido, entre ellos pablistas, criticaron duramente estas actuaciones en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal (CCE) del pasado miércoles. "Somos oficinas burocráticas de Madrid", llegaron a criticar.

Echenique lleva en el foco desde hace un año y medio. El punto de inflexión fue en agosto de 2017, cuando presentó los nuevos Estatutos que convertían a Podemos en un partido tradicional. Este nuevo reglamento debía ser una "traslación" de los documentos aprobados en Vistalegre 2, que sobre el papel promovían la pluralidad y la participación en el partido. Pero lejos de eso, el secretario de Organización introdujo un estricto régimen sancionador que castigaba con la expulsión las filtraciones de información o algo tan abierto como las "situaciones  perjudiciales para la imagen de Podemos". Incluía también la depuración del censo emprendida, la creación de la figura del militante con carné, y la restricción de las formas de participación, con la creación de las figuras de militante, afiliado y participante, obligando a a validar el DNI para poder participar en determinadas votaciones.

Este estricto régimen sancionador generó un enorme revuelo y fue el origen de gran parte de los conflictos que Podemos ha arrastrado después por todo el país. Las normas creadas por Echenique han sido utilizadas como munición para derribar a rivales internos o a dirigentes incómodos en los territorios. Este reglamento ha servido para invalidar a los líderes de Navarra, La Rioja, Cantabria o Cataluña, sin contar con los dirigentes provinciales y municipales apartados de la carrera política para beneficiar a los más leales a Iglesias. Las consultas también se han utilizado discrecionalmente: se convocaron in extremis para intentar obligar a la líder andaluza, Teresa Rodríguez, a concurrir bajo la marca de Podemos; se abrieron las urnas también para reforzar -con relativo éxito- a Iglesias e Irene Montero tras la consulta del polémico chalet en Galapagar. Se obviaron en cambio en otros casos, como el de Íñigo Errejón en Madrid.

Las novedades introducidas en los estatutos provocaron una de las mayores rebeliones internas hasta entonces conocidas. La Comisión de Garantías de Podemos, el tribunal interno del partido que vela por la legalidad de los procesos internos, no tardó en dar la voz de alarma. La presidenta elegida en Vistalegre apenas seis meses antes, Olga Jiménez, impugnó el nuevo reglamento y pidió una rectificación ante las presuntas irregularidades. La mayoría de comisiones autonómicas se pusieron en pie de guerra y pidieron anular los estatutos, pero Echenique hizo oídos sordos a estas críticas y se limitó a restarles validez.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Garantías fue expulsada del partido, previa apertura de expediente por parte de la ejecutiva de Pablo Iglesias, en lo que fue interpretado como un "golpe" de la dirección para ejercer un control político en un órgano tan sensible como el de Garantías. “Iglesias quería mandar en el único órgano de Podemos que no estaba controlado”, afirmó la implicada en una entrevista concedida a este medio después de su inhabilitación. Los nuevos estatutos le valieron a Podemos un litigio después de que una corriente del partido llevara los nuevos estatutos a los tribunales.

La importancia de los estatutos ha marcado el devenir del partido de Iglesias, que se ha ido encontrando decenas de focos de conflicto en todos los territorios. Las estrictas normas se aplican en algunos casos, mientras que se obvian en otros en función de los intereses de la ejecutiva estatal -que tiene la potestad de abrir los expedientes previos a la expulsión-. La arbitrariedad de la organización se hace patente en el día a día de la formación.

Ni siquiera las fórmulas de votación son uniformes y varían según convenga: en algunos casos se requiere validación del DNI para votar, en otros no; en algunos casos se imponen primarias para las candidaturas municipales -como en Madrid-, mientras que se obvian en otros lugares como en Barcelona, donde Podem ha anunciado que no hará un proceso propio.

Los mismos estatutos que esgrime Echenique para ejercer el control sobre el partido son obviados por la propia ejecutiva de Podemos sin que ello traiga consecuencia alguna. La consulta exprés de Iglesias para imponer el nombre de 'Podemos' en todos los comicios se convocó fuera de plazo según estas normas, y el pacto presupuestario tampoco se consultó a los inscritos, pese a que todas las decisiones de calado, según el texto, deben ser refrendadas por los suyos. Tampoco ha habido votación sobre la negativa a aliarse con Más Madrid, pese a las voces que la han reclamado en las últimas semanas.

A esto se suman los cambios introducidos posteriormente por Echenique, después de que el Ministerio de Interior amenazara con liquidar el partido si no se ajustaba a la Ley de financiación de partidos. Además de introducir los cambios exigidos por el Gobierno, el secretario de Organización aprovechó para introducir una cláusula que permite a Iglesias elegir directamente a los árbitros internos más convenientes para resolver aquellos conflictos internos que la ejecutiva, “discrecionalmente”, considere oportunos, según señala el texto.

El método de votación también ha sido alterado por Echenique. Si hasta Vistalegre 2 Podemos hacía las votaciones auditadas por la empresa externa Agora Voting, desde febrero de 2017 la formación prescinde de esta auditoría y son los propios trabajadores a sueldo de la cúpula de Iglesias quienes controlan los procesos participativos y velan por la limpieza de los resultados, según adelantó El Periódico. Una circunstancia que abre la puerta a la posibilidad de que salgan favorecidos los candidatos oficialistas frente a los críticos; unas sospechas que han emergido con fuerza en Navarra, donde el pablista Eduardo Santos ganó por un puñado de votos a la ex secretaria general autonómica, Laura Pérez, que fue después expulsada; y en Galicia, donde Carolina Bescansa perdió por la mínima frente al candidato apoyado explícitamente por Pablo Iglesais, Antón Gómez-Reino.

Galicia ha sido en las últimas semanas foco de conflicto, cuando la Comisión de Garantías gallega pidió una auditoría de las votaciones. Bescansa se unió a esta petición, pero Iglesias rechazó esta auditoría y Gómez-Reino optó por liquidar este órgano. La fundadora de Podemos criticó entonces la arbitrariedad del partido. "Quo vadis Podemos?" ("¿Adónde vas, Podemos?"), se preguntó. La dirigente ha sido una de las más críticas con la deriva del partido, y ha advertido en los últimos días de la "crisis en racimo" que vive el partido en todo el territorio nacional.

Las imposiciones del órgano estatal llegaron hasta el nivel organizativo más bajo: la ejecutiva de Iglesias aprobó en diciembre de 2017 un reglamento elaborado por Echenique para desmantelar todos los partidos a nivel local, que quedaron súbitamente descabezados a unos pocos meses de las municipales. Después de aquello, Echenique ha hecho una criba de manera que muchos pueblos han quedado sin dirección y sus confluencias son pilotadas directamente desde arriba, mientras la mayoría de localidades han quedado huérfanas de un órgano colegiado de dirección, y han elegido sólo a un secretario general; una fórmula que facilita el control y permite derribar sin resistencia a los dirigentes en caso de contestación.