La defensa de cuatro de los acusados de espiar en 2008 a políticos del PP enfrentados con Esperanza Aguirre ha señalado a la propia expresidenta madrileña y a su número dos, Ignacio González, como presuntos máximos responsables del caso, urdido -a su juicio- para “bajar el tono” de la trama Gürtel.

El letrado Ramón González representa a tres guardias civiles y a un funcionario en el juicio con jurado que este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Madrid por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, al utilizar vehículos y teléfonos para espiar al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero Alfredo Prada, entre otros. En la causa, que llega a juicio con más de diez años de retraso y después de que la causa fuera archivada hasta en tres ocasiones y otras tantas reabierta por la Audiencia de Madrid, hay otros dos funcionarios procesados, si bien la Fiscalía no acusa a ninguno de los seis.

Aseguran que se utilizó a 'El País' para destapar el caso y que tapase el inicio de la trama Gürtel

El abogado ha recordado que en el momento en el que sucedieron los hechos, hace una década, “había una guerra muy profunda entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre” por el control del PP y también ha planteado que se utilizó al periódico El País para sacar a la luz el caso del espionaje y que supusiera una “explosión” que tapase el inicio de la trama Gürtel. Por eso, ha añadido que “no se puede considerar que Aguirre no supiese nada del tema, máxime cuando su protegido es Ignacio González”, quien, a su juicio, encargó que el caso se diese a conocer.

El letrado ha comentado que su representación pidió sin éxito que se imputara a González y al exconsejero Francisco Granados, que también fue espiado aunque “sabía perfectamente lo que estaba pasando y nunca hizo nada”. Durante la sesión de hoy se ha elegido al jurado -“excelente, con una sensibilidad interesante, formado por gente buena y comprensiva”, a juicio del abogado- y mañana se dirimirán las cuestiones previas que planteen las partes.

Entre los acusados se encuentran el exdirector general de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón y el guardia civil en excedencia José Luis Caro Vinagre, condenado por la Audiencia Nacional a un año y medio de cárcel por el supuesto chivatazo en relación a la trama Púnica a Francisco Granados, que supuestamente también fue expiado.