Todo por los Presupuestos: Sánchez acepta un mediador con los independentistas

El Gobierno de Pedro Sánchez apura sus últimos cartuchos para alargar la legislatura. Tras el ultimátum de los independentistas, que han dado hasta el día 12 al Gobierno para que acceda a sus exigencias antes de tumbar los Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo ha empezado a ceder y ha aceptado la figura de un mediador con los independentistas en la mesa de diálogo que sentará al PSOE con ERC y PDeCAT.

La participación de esa especie de observador internacional era una condición sine qua non para la aprobación de los Presupuestos y ha recibido diversas denominaciones por parte del PSOE y del Gobierno a lo largo del día de ayer. La encargada de anunciar su aceptación, la vicepresidenta Carmen Calvo, habló inicialmente de un "coordinador"  o "relator", una especie de notario que convoque y dé fe de las reuniones.

“No hacen falta mediadores ni para el Gobierno ni para el Partido Socialista. Si acaso alguien que pueda tomar nota, convocar, que nos pueda coordinar” en esa mesa de “diferentes partidos”, pero “no hacen falta mediadores”, dijo. Desde Moncloa se apostilló luego que su papel será el de "facilitador" del diálogo que "coordine el trabajo de la mesa de partidos".

Mientras el Gobierno se enredaba en denominaciones, los independentistas hablaban claro. La portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, confirmaba que la Generalitat ha remitido una propuesta de mediadores “de perfil internacional” que podrían actuar como “notarios” en la negociación con ERC y PDeCat que ambos han puesto como condición para permitir la tramitación de los Presupuestos en el Congreso.

Se trata de “perfiles internacionales” que "no tengan intereses y no tengan que negociar otras cosas con el Gobierno, porque eso les impediría tener suficiente independencia para esta labor” , según Artadi, lo que descartaría la posibilidad de que esa figura la ejerciera algún dirigente del PNV, como se había especulado en algunos círculos.

Concedida esta primera exigencia a los independentistas, el Gobierno todavía no tiene su apoyo a los Presupuestos. Es más, la consejera Artadi alargó ayer considerablemente el resto de reclamaciones a cambio del voto a favor de las cuentas de Sánchez. Para seguir avanzando en ese acuerdo, el Govern ya ha enviado a la vicepresidenta del Gobierno un plan de trabajo con los temas que se deben abordar y un calendario concreto. Y entre ellos se encuentra la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación que, hasta ahora, el Ejecutivo ha rechazado. “Si vamos a un diálogo que no incluye el derecho de autodeterminación no tiene sentido. No hace falta una mesa de diálogo con mediador neutral para hablar de una reforma del Estatut” advirtió ayer la consellera de Presidencia.

Esas palabras hacen ver que aunque el Gobierno se niega a hablar de la autodeterminación de Cataluña, el PSC, que sería el encargado de esas negociaciones en la mesa de partidos, sí podría abordar esa delicada cuestión. De hecho, Moncloa ha explicado que los acuerdos como la figura del mediador para "organizar el diálogo" son fruto de la Declaración de Pedralbes firmada por el Gobierno y la Generalitat tras la reunión de Pedro Sánchez y Quim Torra el 21 de diciembre en Barcelona.

En esa cita el presidente de la Generalitat planteó 21 propuestas a Sánchez  que incluyen un “pacto de estado” para solucionar “el conflicto entre España y Cataluña”, además del reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Cataluña, la exigencia de una “mediación internacional” y la investigación de los “abusos policiales contra el pueblo de Cataluña”, entre otros.  La participación de un mediador es la primera cesión en esa lista, que se seguirá negociando contrarreloj hasta el martes 12 de febrero.

El documento filtrado ayer plantea un marco en el que critica “la misma forma de Estado, la monarquía” que asegura pasa por un “momento de absoluta desconfianza” además de la “la politización de la justicia”, el “recorte en derechos fundamentales” que a su juicio ejemplifica la aplicación de la ley mordaza. Y plantea a partir de ahí tres ejes de actuación que en su día ya avanzó Torra: una respuesta a Cataluña que incluya la celebración de un referéndum de independencia, además de la “regeneración democrática” de España y su “desfranquización”.