"Vergüenza, humillación y chantaje": clamor contra el mediador que acepta Sánchez

Traición", "rendición", "vergüenza", "humillación"... Con estos dos calificativos definen los portavoces de PP y Ciudadanos en el Congreso, Dolors Montserrat y Juan Carlos Girauta, respectivamente, el que ha sido el gran salto cualitativo que han dado el Gobierno y el PSOE en su relación con la Generalitat catalana y los partidos independentistas, esto es, aceptar la imposición de un mediador, llámese coordinador, notario o relator, que levante acta de lo que se hable en sus citas bilaterales basadas en la desconfianza mutua.

Para Montserrat, Pedro Sánchez ha asumido los 21 puntos "de la tradición y rendición de España" que se contenían en la carta que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, le entregó en su reunión de diciembre, con copia a líderes internacionales, guardada bajo siete llaves hasta ayer mismo y donde se contenía la exigencia de una "mediación". Considera la portavoz popular que "todo esto es inadmisible" y el primer paso del inquilino de la Moncloa "para hacer efectivo el derecho de autodeterminación" que reclama el secesionismo y contra el que no hay más vía que "la aplicación inmediata del 155".

Con el telón de fondo del debate, la próxima semana, de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, y la decisión de ERC de presentar la suya ante el registro de la Cámara, se conocía la cesión de Sánchez. "Entramos en una semana crítica para el Ejecutivo" agrega Girauta porque "está a punto de decidirse si Pedro Sánchez se queda o se marcha. Es consciente de que si salen algunas de esas enmiendas a los Presupuestos no puede seguir en la presidencia del Gobierno", asegura. También para Montserrat el deseo de Sanchez por sacar adelante unos Presupuestos que le permitan alargar la legislatura le han llevado a "arrodillarse" ante la Generalitat.

Precisamente, a iniciativa del Grupo Popular, se debatirá en el Congreso una moción consecuencia de interpelación sobre las mesas de negociación bilateral con el independentismo. Vendrá acompañada dicha moción de una batería de propuestas para reincoporar en el Código Penal la convocatoria de referendums ilegales, limitar la financiación a aquellos partidos que apuesten por vías violentas y proceder de nuevo al cierre de "embajadas" que la Generalitat ha ha reabierto en el último año. "Anticipamos que había pacto oculto", agrega Montserrat en conversación con El Independiente, para agregar que "es el momento de la Justicia y no puede quedar impune un golpe de Estado".

"Agravio" a otras Comunidades

Además de opinar Girauta que se crea un "agravio" con respecto a otras Comunidades Autónomas, prácticamente todas ellas con elecciones el 26 de mayo, critica que se dé "solemnidad de reunión de alto nivel, de cumbre" a unos encuentros "que sólo responden al interés del independentismo" y a los que, con este gesto da "combustible" en sus reivindicaciones. Expertos en el uso político de las emociones, "lo simbólico es muy importante en el mundo nacionalista" y aún en el caso de que no hubiera otro tipo de rendición "es una gran cesión la que hace el Gobierno", comenta el portavoz de Ciduadanos, cuyo líder, Albert Rivera, ha exigido vía Twitter que se convoquen elecciones generales.

La noticia provocó que el PP hiciera público un comunicado con el recuerdo de que ésta fue una de las condiciones que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, expresó en su carta de diciembre al aludir a una "mediación sin pre-condiciones” en el diálogo Gobierno-Generalitat. Tras acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "ceder al chantaje de los independentistas", Génova considera que "situar mediadores o relatores significa, en la práctica, poner en el mismo nivel de legitimidad el Estado de Derecho constitucional y la ruptura del mismo. Es, de facto -añade- legitimar como admisibles las demandas separatistas. La libertad y la ley no se negocian y menos con intermediarios".

El PP denuncia que se da "una puñalada por la espalda a la Justicia" en plena antesala del juicio en el TS

Establecer mediadores supone, a juicio del PP, " asumir la demanda de bilateralidad, constante en las exigencias independentistas, que buscan poner a España y a la Comunidad Autónoma de Cataluña como si fueran entidades políticas del mismo nivel." y hacerlo, además, a pocos días del arranque del juicio por el "procés" en el Tribunal Supremo "una puñalada por la espalda a la Justicia".

Además de las formas, los populares temen el contenido de esos contactos, con el temor de que el Gobierno central se avenga a negociar los "términos del referéndum" de independencia del que también hablaba Torra en la carta que dirigió a Sánchez en septiembre. Por ello, avisan que "ni la soberanía nacional ni la unidad de España se negocian, sino que se defienden. Nunca, bajo ninguna circunstancia, el Partido Popular va a admitir o consentir que el Gobierno de España sitúe mediadores entre el Estado de Derecho constitucional y el golpismo independentista".