El Banco de España ha elevado al Banco Central Europeo (BCE) la denuncia interpuesta contra el ex presidente ejecutivo del BBVA Francisco González por el espionaje ordenado a una empresa del comisario José Manuel Villarejo a fin de abortar la operación que promovió el empresario Luis del Rivero (Sacyr) a finales de 2004 para intentar tomar el control del banco.
El pasado 18 de enero, Manos Limpias pidió al supervisor la apertura "urgente" de un expediente administrativo sancionador a la entidad financiera por el "escándalo" de los seguimientos ilegales, la inhabilitación cautelar de los ejecutivos de la etapa de Francisco González que continúan en la dirección y la "intervención" provisional de la entidad al considerar que las revelaciones periodísticas aportan indicios de graves irregularidades que requieren la adopción de medidas sin esperar a que termine la investigación interna que la actual cúpula ha anunciado que lleva a cabo desde junio.
En un escrito fechado el pasado 25 de enero, al que ha tenido acceso este diario, el departamento jurídico del Banco de España acusa recibo y responde al líder del colectivo de funcionarios (Miguel Bernad) que, "en atención a la naturaleza de los hechos denunciados y a la condición de 'entidad significativa' del BBVA", se dará traslado de su denuncia al BCE.
El Consejo de Europa, en virtud del reglamento 1024/2013, atribuye al órgano comunitario con sede en Fráncfort competencias en materia de supervisión y sanción a las entidades significativas. Este requisito lo cumple el BBVA, segundo banco del país con una capitalización bursátil de 35.000 millones de euros.
Manos Limpias censura duramente que Francisco González contratara con dinero del banco al comisario Villarejo -entonces policía en activo- para "espiar, investigar e interceptar conversaciones telefónicas ilícitas a rivales profesionales y a miembros de las instituciones del Estado". "Con independencia de la judicialización de los hechos, este escándalo debe ser objeto urgente de la apertura de un expediente sancionador por parte del órgano regulador y supervisor que es el Banco de España", exponía en su denuncia.
Según la documentación y los audios a los que han tenido acceso moncloa.com y El Confidencial, una empresa controlada por el antiguo agente encubierto -en prisión preventiva desde noviembre de 2017- espió 4.000 teléfonos y rastreó 15.000 llamadas telefónicas sin orden judicial en plena operación por la que el constructor Luis del Rivero intentó desplazar a FG de la Presidencia del BBVA. Villarejo cobró al menos medio millón de euros por ese trabajo, de cuyos detalles presuntamente estaba al tanto Francisco González.
"Cooperación necesaria"
"El comportamiento del ex presidente del BBVA, con la cooperación necesaria de su cúpula directiva, no sólo ha violentado los protocolos más elementales de una conducta ejemplar. Se cuentan por miles y miles los afectados por esa actuación de administración desleal de los denunciados", sostiene.
Miguel Bernad se considera perjudicado directo por la actuación del banco por cuanto tanto su familia como él “han sido y todavía son depositarios de cuentas corrientes en el BBVA”. El líder del colectivo de funcionarios esgrime otro argumento para justificar el perjuicio supuestamente sufrido: el procedimiento que instruyó la Audiencia Nacional y por el que ha sido procesado -el conocido como caso Nelson– “dimana de los contratos ilícitos por parte del BBVA con Villarejo, que elabora un informe que con posterioridad se remite a la UDEF [Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional]”.
Terminada la instrucción del conocido como caso Nelson, Bernad se sentará en el banquillo de los acusados como presunto autor de delitos de organización criminal, extorsión y extorsión en grado de tentativa, pidiendo el fiscal pide para él una condena de casi 25 años de cárcel. El líder del colectivo llegó a estar en prisión preventiva, que pudo eludir después de que su familia depositara una fianza de 50.000 euros.
Además de acudir al Banco de España, Manos Limpias también ha interpuesto denuncias en los juzgados de Madrid y en la Audiencia Nacional contra Francisco González como posible autor de delitos de cohecho continuado, administración desleal y organización criminal. "Es manifiesto que hubo un reparto de funciones. A saber: Francisco González planifica las operaciones a investigar y a espiar, y el ex comisario Villarejo ejecuta, mediante retribuciones, las directrices de las operaciones de investigación y espionaje", sostiene.
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