La juez deja en libertad a Zaplana tras bloquearle 6,3 millones en el extranjero

El ex ministro Eduardo Zaplana ha quedado este jueves en libertad provisional por orden de la jueza que investiga el 'caso Erial" al reducirse "considerablemente" el riesgo de fuga tras los últimos avances de la investigación, según ha podido confirmar El Independiente de fuentes jurídicas. La instructora, que en numerosas ocasiones denegó la excarcelación a Zaplana, ha accedido ahora a acordar su libertad tras haber bloqueado 6,3 millones de euros en Suiza supuestamente procedentes del cobro de comisiones ilegales.

Junto al ex ministro popular, enfermo de leucemia, han quedado libres sus dos presuntos testaferros, el abogado Francisco Grau y el exdirectivo de Terra Mítica Joaquín Barceló.

Zaplana se encuentra ingresado desde mediados de diciembre en el Hospital de La Fe de Valencia a causa de la grave enfermedad que padece. Precisamente por este motivo, sus abogados habían solicitado en diversas ocasiones su puesta en libertad argumentando que existe un "riesgo vital". Según informan fuentes próximas al investigado, el ex presidente de la Generalitat está en estos momentos a la espera de que el equipo médico de La Fe le dé el alta médica para poder regresar a su domicilio; de allí salió hace ocho meses detenido por distintos delitos de corrupción.

En el auto de libertad, la instructora sostiene que “habida cuenta de que se ha dado la orden de transferencia a la cuenta de este juzgado del dinero que en Suiza, y en dos cuentas de dicho país, tenían en concreto 6.330.000 millones de euros aproximadamente y presunta e indiciariamente el 90% del investigado Eduardo Zaplana y el resto de los investigados Joaquín Miguel Barceló y Francisco, estándose a la espera de que tenga entrada en la cuenta referida y dado que la imposibilidad de disposición por parte de los antes mencionados de dicho dinero, minimiza el riesgo de fuga, al privarles de una cantidad tan importante de dinero, es por lo que procede acordar la libertad provisional de los investigados”.

La jueza justifica la tardanza

Asimismo, en el auto la instructora acuerda la prohibición de salida del territorio nacional del ex ministro, y la entrega del pasaporte, así como la obligación de comparecer todos los lunes en el juzgado del lugar más cercano a su domicilio, “no haciéndose efectiva dicha libertad hasta tanto no obre en poder de este juzgado los pasaportes de los mismos”.

La magistrada María Isabel Rodríguez, duramente criticada por no excarcelar al enfermo, dedica gran parte de su resolución a justificar por qué no ha acordado anteriormente la excarcelación del ex ministro del PP: “No debe estar tan equivocada esta instructora cuando no solo el Ministerio Público sino la Audiencia Provincial de Valencia en cuatro ocasiones ha ratificado las medidas de prisión por entender que existe un evidente riesgo de fuga”.

Asimismo, la juez recalca en el auto que Zaplana podría recibir “el mismo tratamiento en otros países muy avanzados y en los que es difícil conseguir extradiciones” ya que “no puede aceptarse que el único centro hospitalario que existe en el mundo donde puedan ser tratados este tipo de enfermos sea el Hospital de La Fe, centro de reconocido prestigio, lo que no se pone en duda”.

Fuentes cercanas al ex ministro sostienen, en conversación con El Independiente, que niega categóricamente haber ocultado fondos en ningún paraíso fiscal. El ex presidente de la Generalitat valenciana ha defendido siempre que es “inocente” y que “jamás” cobró “comisión alguna”. “Jamás distraje una peseta o un euro de las administraciones públicas”, explicó el pasado diciembre en una carta remitida a los medios de comunicación.

El apoyo del PP

En las últimas semanas, el PP que dirige Pablo Casado solicitó en reiteradas ocasiones su salida de la cárcel al estar enfermo desde hace años y que en diciembre tuvo que ser ingresado en el Hospital  de La Fe al detectar un empeoramiento en su estado.

Zaplana se encontraba en la cárcel de Picassent desde finales del mes de mayo, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia acordó para él prisión provisional, comunicada y sin fianza en el marco de la Operación Erial, por la que fue detenido por delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. En este caso se investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.

Eduardo Zaplana fue también presidente de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2002. Ese mismo año, el entonces presidente del Gobierno José María Aznar le nombró ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, cargo que ocupó hasta abril de 2004 cuando pasó a ser portavoz del PP en el Congreso. Éste fue el última responsabilidad pública que desempeñó, ya que dejó en 2008 decidió abandonar la política para dedicarse a la empresa privada.